El gabinete riojano cerró filas tras la denuncia del fiscal Stornelli. El ministro Ariel Puy Soria atacó el linaje político de los Menem y Visconti, mientras que el resto del oficialismo provincial denuncia una «persecución centralista» para acallar el disenso.
La política riojana vive horas de altísima combustión. Lo que comenzó como una denuncia penal del fiscal federal Carlos Stornelli por presunta «incitación a la violencia colectiva» contra el gobernador Ricardo Quintela, derivó en una contraofensiva dialéctica que desempolvó los capítulos más oscuros de la historia argentina. Desde el gabinete provincial, la respuesta no solo buscó desestimar la acusación judicial, sino que pasó al ataque personal y genealógico contra los referentes locales de la Libertad Avanza.
La estocada histórica de Puy Soria
El ministro de Vivienda, Ariel Puy Soria, fue el encargado de subir la apuesta al máximo. En un extenso descargo, tildó a los referentes del oficialismo nacional como «los hijos de la dictadura golpista». El funcionario vinculó directamente a Martín Menem y a Gino Visconti con el pasado de sus progenitores y abuelos durante el gobierno de facto de Onganía.
«Gino y Martín traen en su sangre aquella época oscura de la Argentina, lejos de las políticas sociales y el reconocimiento de derechos».
Para Puy Soria, la indignación libertaria por los dichos de Quintela es cínica. El ministro denunció que el modelo actual ejerce un «acto de genocidio social» y aportó cifras críticas para sostener su postura: 22.000 empresas cerradas y una pérdida masiva de empleos, incluyendo 76.000 puestos en la construcción.
El frente judicial y el fantasma del 2001
El origen de esta guerra total se remonta a las expresiones de Quintela en el programa Mañana Sylvestre, donde trazó un paralelismo con la crisis de 2001 y afirmó que «hay sacrificios que valen la pena» al referirse a la posibilidad de que el gobierno nacional no culmine su mandato.
Stornelli consideró que estas palabras podrían encuadrar en:
- Instigación a cometer delitos (Art. 209 del Código Penal).
- Amenaza de sedición e intimidación pública.
- Apología del crimen.
«Este gobierno no puede llegar hasta el 10 de diciembre del 2027», fue la frase de Quintela que el fiscal marcó como una posible afectación al orden constitucional.
«Persecución centralista»: el abroquelamiento ministerial
El ministro de Seguridad y Justicia, Miguel Ángel Zárate, también salió al cruce denunciando que la judicialización de la postura del gobernador es «persecución política en su máxima expresión». Según Zárate, el oficialismo nacional se «escandaliza» por un relato histórico para no discutir el hambre de los jubilados o los trabajadores despedidos.
En la misma sintonía, la diputada nacional Hilda «Beba» Aguirre de Soria advirtió que este avance judicial pone «en peligro la democracia», mientras que el intendente capitalino, Armando Molina, reforzó la idea de que se intenta «hegemonizar el poder» silenciando a las provincias.
El escenario que viene
La denuncia de Stornelli ya incluye un pedido formal de declaración indagatoria para el gobernador riojano. Con la Justicia federal de un lado y la narrativa de «resistencia federal» del otro, La Rioja se convierte en el laboratorio de un conflicto que excede lo penal: es una disputa por el sentido de la historia y el límite de la palabra política en tiempos de ajuste.
