Catamarca se prepara para discutir una reforma con impacto directo sobre el empleo público. El gobernador Raúl Jalil confirmó que enviará “en los próximos días” a la Legislatura un proyecto de ley para facilitar que trabajadores estatales puedan pasar al sector privado, especialmente hacia actividades con demanda creciente como la minería.
La iniciativa había sido anticipada en junio, cuando el mandatario planteó como alternativa que el Estado provincial pudiera sostener hasta el 50% del salario del agente que decida incorporarse a una empresa privada. El esquema también contemplaría incentivos para las firmas que absorban personal.
Un modelo que La Rioja puede mirar de cerca
La propuesta tiene especial interés para La Rioja por dos razones. La primera es el peso que conserva el empleo estatal dentro de la estructura económica provincial. La segunda es la estrategia oficial de expansión de la actividad minera, que necesita mano de obra, proveedores y nuevas capacidades laborales.
El punto central del modelo catamarqueño es que el pase al sector privado no implicaría, al menos en la etapa inicial, una ruptura inmediata con el ingreso estatal. La Provincia funcionaría como un puente financiero para reducir el riesgo de la transición y estimular contrataciones privadas.
Minería, empleo y gasto público
Catamarca vincula el proyecto con el crecimiento de inversiones mineras y con la intención de reducir gradualmente la dependencia del empleo público. En junio, Jalil ya había señalado que algunos trabajadores del área de Minería cuentan con mecanismos que permiten desempeñarse temporalmente en el sector privado.
Para La Rioja, el debate excede la comparación administrativa. Si la expansión minera logra generar puestos privados sostenidos, un esquema semejante podría convertirse en una herramienta para transformar parte del empleo estatal en empleo productivo sin cortar de manera abrupta los ingresos de las familias.
La clave estará en la letra final del proyecto catamarqueño: cuánto tiempo se mantendría el aporte estatal, qué condiciones deberían cumplir las empresas y qué garantías conservarían los trabajadores. Esos detalles definirán si se trata de una experiencia replicable o apenas de un incentivo transitorio.
