Un abogado demandó por US$3 millones a La Rioja y cuestionó el funcionamiento de la Justicia

Franco Manuel Barrera presentó una acción contra el Estado provincial ante el Juzgado Federal. El tribunal todavía no resolvió el fondo del planteo.

Fachada del Juzgado Federal de La Rioja
Extracto de la demanda que reclama tres millones de dólares a la Provincia de La Rioja
El escrito reclama US$3 millones por la responsabilidad que atribuye al Estado provincial. Los hechos denunciados todavía no fueron resueltos judicialmente.

La acción tramita ante el Juzgado Federal de La Rioja bajo el expediente 28401/2026. De acuerdo con la presentación, el demandante sostiene que distintas medidas adoptadas desde noviembre de 2025 afectaron su libertad personal, su derecho de defensa y el vínculo con su hijo menor de edad.

Barrera afirmó que se le impuso monitoreo electrónico y que permaneció cerca de seis meses sin contacto con el niño. Según su relato, las restricciones más severas comenzaron a revisarse en enero de 2026 y el régimen de comunicación fue restablecido mediante una resolución del 5 de junio.

El abogado cuestionó la actuación de funcionarios del Ministerio Público Fiscal y del Poder Judicial provincial. Planteó que existieron falta de imparcialidad, ausencia de una audiencia previa y decisiones desproporcionadas. Esas afirmaciones forman parte de su demanda y todavía no fueron acreditadas ni evaluadas mediante una sentencia.

El reclamo incluye daño moral y psicológico, afectación del vínculo paterno-filial, pérdida de oportunidades familiares y perjuicios profesionales. Barrera argumentó que la interrupción del contacto le impidió acompañar momentos irrepetibles de la infancia de su hijo.

También sostuvo que corresponde la competencia federal porque considera comprometidos derechos reconocidos por la Constitución Nacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño.

La documentación incorporada muestra que el juez federal subrogante Mario Eduardo Martínez asumió la intervención en las actuaciones y, como medida previa, requirió al demandante que presentara su documento de identidad.

Hasta ese momento, el tribunal no se había pronunciado sobre su competencia, la responsabilidad de la Provincia ni la procedencia de la indemnización. Tampoco consta en el documento analizado una respuesta del Estado provincial.

El caso abre una discusión sobre los límites de las medidas cautelares, la protección del vínculo familiar y la eventual responsabilidad estatal por el funcionamiento del sistema judicial.


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