El Secretario General de la Gobernación aseguró que las transferencias no automáticas a la provincia se derrumbaron un 98% desde 2023 y confirmó dos presentaciones firmes ante la Corte Suprema. En paralelo, reveló conversaciones informales con el presidente de la Cámara de Diputados y gestiones con la diputada Cecilia Moreau para destrabar fondos. «O administramos pobreza o administramos nuestra riqueza», sintetizó, al apostar a la minería como salida estructural.
LA RIOJA .- La tensión financiera entre La Rioja y la administración de Javier Milei sumó un capítulo con cifras concretas. El Secretario General de la Gobernación, Ricardo Herrera, puso número y estrategia a un reclamo que desde hace más de dos años tensa la relación entre la provincia que conduce Ricardo Quintela y el gobierno nacional: la deuda, sostuvo, asciende a más de 1.200 millones de dólares acumulados desde 2023. La declaración, formulada en una entrevista reciente, combinó por primera vez en boca de un funcionario de primera línea del gabinete riojano la cuantificación exacta del pasivo, el derrumbe del 98% en los envíos discrecionales y la confirmación de una doble estrategia —política y judicial— para intentar revertir lo que definió como una situación de «asfixia financiera».
Dos vías en paralelo: el diálogo con Menem y la Corte Suprema
Herrera confirmó que la provincia avanza en dos carriles simultáneos. En el plano político, reveló haber mantenido una conversación de carácter informal con Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación y referente riojano del oficialismo nacional, con el objetivo de «establecer un canal que permita poner en conocimiento la realidad de la provincia». A ese gesto le sumó gestiones con la diputada Cecilia Moreau —referente del bloque de Unión por la Patria— para acercar el planteo al Poder Ejecutivo Nacional y al Ministerio del Interior.
El funcionario se ocupó, sin embargo, de enmarcar con precisión el alcance de ese diálogo. «Estamos en veredas opuestas, con miradas opuestas sobre la gestión, pero eso no tiene que empañar el diálogo institucional», señaló, deslindando cualquier lectura en clave de alineamiento político. La aclaración no es menor en un contexto en el que Quintela ha sostenido una postura crítica frente al programa económico de la Casa Rosada y ha impulsado la construcción política de «Federales Somos Todos» como espacio de coordinación con otros gobernadores del interior.
El segundo carril es estrictamente judicial. Herrera confirmó que existen dos presentaciones firmes ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y manifestó su convicción de que «tarde o temprano, la justicia le dará la razón a la provincia y los fondos serán restituidos». La Rioja se inscribe así en una línea de acción que otras jurisdicciones —con Buenos Aires y La Pampa entre las más visibles— han utilizado para intentar forzar el reencauzamiento de transferencias federales por fuera de la coparticipación automática.
El derrumbe del 98% y el ajuste del gabinete
El dato más elocuente de la entrevista, sin embargo, fue el del desplome de los giros discrecionales. Según Herrera, las transferencias no automáticas hacia La Rioja se redujeron un 98% en el último ciclo fiscal, una caída que obligó al Ejecutivo provincial a encarar una «readecuación profunda del gasto público y del gabinete» para sostener el pago de salarios, definido por el funcionario como «la prioridad absoluta» de la gestión.
La cifra se inscribe en un patrón más amplio que distintos centros de estudios fiscales —entre ellos IARAF, CEPA y la Oficina de Presupuesto del Congreso— han relevado desde el inicio de la gestión libertaria: una retracción generalizada de los envíos extra-coparticipación hacia las provincias, con fuerte concentración del ajuste en aquellas jurisdicciones alineadas con la oposición. La Rioja, dada su alta dependencia histórica del auxilio federal y el tamaño reducido de su base tributaria propia, figura entre las más expuestas del mapa federal.
Administrar riqueza, no pobreza: la apuesta minera como horizonte
En el cierre, Herrera trazó el horizonte de mediano y largo plazo con el que la gestión provincial busca romper la dependencia estructural. «O nos dedicamos a administrar pobreza o nos dedicamos a administrar nuestra riqueza», resumió, al enumerar los tres pilares del nuevo modelo productivo: minería, turismo y energías renovables. La minería, en particular, fue calificada como «el principal activo económico de la provincia» y presentada como el eje sobre el que se está articulando el proceso de atracción de inversiones.
La definición se inscribe en un movimiento que Quintela ha empujado durante el último año con fuerza: posicionar a La Rioja en el corredor cordillerano de cobre, oro y litio junto a San Juan y Catamarca, en un momento en el que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y el creciente interés internacional por estos minerales críticos ofrecen una ventana histórica. Proyectos como Vicuña —emprendimiento binacional con Chile— y otros en el oeste provincial son, en esa visión, las piezas llamadas a generar los recursos propios que hoy la Nación retiene.
El planteo de Herrera expone la paradoja que atraviesa a la provincia: mientras litiga en los tribunales y negocia en los pasillos de la Casa Rosada por los fondos que considera adeudados, apuesta simultáneamente a que la minería del oeste le permita, en el mediano plazo, ganar los grados de autonomía que hoy no tiene. Entre la urgencia salarial y la promesa cordillerana, La Rioja juega, una vez más, en dos tableros a la vez.
