Ricardo Quintela ingresó en la etapa más compleja de todo gobierno: aquella en la que la sucesión comienza a pesar tanto como la gestión. Es la fase del mandatario en retirada, cuando la proximidad del final del ciclo reduce su capacidad para ordenar a dirigentes que ya piensan en la próxima distribución del poder.
Eso no significa que Quintela haya dejado de mandar. Puede ocurrir lo contrario: que concentre decisiones para condicionar el escenario posterior. La pregunta ya no es solamente quién será el próximo gobernador, sino qué resortes institucionales conservará el quintelismo después de 2027.
Desde esa perspectiva debe analizarse la salida del fiscal general Javier Vallejos. Su reemplazo no es un trámite administrativo: el Ministerio Público conduce la acusación penal e interviene en investigaciones sensibles.
En ámbitos políticos aparecen dos nombres: el ministro Miguel Zárate, considerado un funcionario de máxima confianza del gobernador, y la jueza Karina Becerra. Mientras no exista una propuesta oficial, ambas posibilidades deben ser presentadas como versiones y no como designaciones confirmadas.
Una eventual postulación de Becerra abriría una discusión específica. Su paso desde la magistratura hacia la conducción del Ministerio Público debería evaluarse por sus antecedentes, independencia y capacidad para actuar sin subordinación política. La misma exigencia corresponde ante cualquier candidatura, incluida la de Zárate.
Las versiones sobre movimientos en el Tribunal de Cuentas y otros organismos completan un cuadro que merece atención. Cuando una administración entra en su etapa final, cada nombramiento permanente puede extender su influencia más allá del mandato popular. Por eso, la transparencia del procedimiento importa tanto como el nombre elegido.
El regreso de los Chachos posee también una doble dimensión. Para el Gobierno es una respuesta al ajuste nacional y una herramienta para sostener el consumo. Para los trabajadores es un ingreso limitado: circula principalmente dentro de la provincia, no resuelve obligaciones nacionales y, por su carácter no remunerativo, no mejora futuros beneficios previsionales.
La entrega de $50.000, el mismo monto nominal utilizado en 2024, expone además la pérdida de poder adquisitivo. Puede generar movimiento comercial inmediato, pero difícilmente revierta el deterioro estructural de los ingresos.
En paralelo, Armando Molina, Gabriela Pedrali y otros aspirantes buscan posicionarse. Quintela administra expectativas y evita anticipar una definición. Martín Menem espera que una mejora de la economía nacional permita a La Libertad Avanza disputar seriamente la provincia.
Justicia, Chachos y candidaturas no son asuntos separados. Son piezas de una misma transición: la disputa por los recursos, las instituciones y la representación política de La Rioja después de Quintela.
