Las expropiaciones realizadas durante la gestión de Ricardo Quintela colocaron nuevamente a La Rioja en la agenda política nacional. LA NACION dedicó una investigación y un espacio destacado en su tapa a los antecedentes del Golf Club de la capital y las tierras adquiridas por Ramón Díaz en el departamento Independencia.
La publicación apareció después de que Quintela afirmara que un eventual regreso del peronismo al Gobierno nacional implicaría revisar decisiones adoptadas durante la presidencia de Javier Milei. “Lo que sea necesario nacionalizar, lo vamos a nacionalizar; lo que sea necesario expropiar, vamos a expropiar”, señaló.
El primer antecedente es el Golf Club La Rioja. En abril de 2021, la Legislatura declaró de utilidad pública y sujeta a expropiación una superficie cercana a 30 hectáreas, destinada a actividades deportivas y recreativas.
La controversia llegó a la Justicia mediante una demanda de expropiación inversa. En agosto de 2025, una jueza condenó al Estado provincial a pagar unos $6.680 millones, además de alrededor de $341 millones por mejoras e intereses. Según LA NACION, el expediente continuó bajo revisión judicial.
El lugar conserva referencias a la historia política riojana: la cancha fue inaugurada en 1999 y Carlos Menem tuvo allí una residencia conocida como “La Rosadita”.
El segundo caso comprende unas 4.586 hectáreas ubicadas en Los Mogotes, cerca de Patquía. La Legislatura aprobó la expropiación en octubre de 2024. El oficialismo sostuvo que el desarrollo turístico previsto cuando Díaz compró los inmuebles en 2003 nunca se concretó y destacó el potencial hídrico, económico y turístico de la zona.
La oposición cuestionó la falta de precisiones sobre el destino definitivo y la indemnización. El conflicto adquirió dimensión nacional cuando Díaz se reunió con Javier Milei, Luis Caputo y Martín Menem.
La repercusión vuelve a situar en el centro una herramienta reconocida por la Constitución, pero condicionada por la utilidad pública y el pago de una indemnización. En La Rioja, el debate alcanza también los procedimientos utilizados, el costo para el Estado y el cumplimiento de los objetivos anunciados.
