La posición de La Rioja frente al gobierno de Javier Milei entró en una etapa de mayor confrontación. Al reclamo por los fondos nacionales se sumaron las críticas a la reforma del Banco Central, la Ley de Inocencia Fiscal y la paralización de la obra pública, medidas que la administración provincial considera perjudiciales para las economías del interior.
La diputada nacional Gabriela Pedrali cuestionó la agenda económica tratada por la Cámara baja. Según afirmó, el Gobierno nacional prioriza al sistema financiero, el Fondo Monetario Internacional y los capitales extranjeros, mientras deja fuera de sus decisiones a las familias, las pymes, la industria y las economías regionales.
“Se le dice no a la producción y al desarrollo y sí a la especulación”, sostuvo Pedrali.
La legisladora también señaló una contradicción entre la promesa electoral de Milei de cerrar el Banco Central y la decisión de reformar ahora su Carta Orgánica.
Endeudamiento y tasas abusivas
El secretario general de la Gobernación, Ricardo Herrera, incorporó a la discusión el fuerte endeudamiento de las familias. Defendió las medidas impulsadas por Ricardo Quintela para suspender durante 180 días las ejecuciones prendarias y revisar, a través de Defensa del Consumidor y la Secretaría de Comercio, créditos con intereses presuntamente abusivos.
Herrera sostuvo que la morosidad dejó de ser un conflicto exclusivamente privado por su extensión social. También cuestionó a Milei por atribuir el endeudamiento a compras de televisores para ver el Mundial y afirmó que muchas familias arrastran deudas desde hace meses para cubrir alimentos, servicios y gastos cotidianos.
El funcionario indicó que los afectados pueden acudir a Defensa del Consumidor y, ante posibles maniobras usurarias o amenazas, al Ministerio Público Fiscal. Según explicó, la Policía provincial y la Justicia ya intervienen en denuncias contra prestamistas informales.
Fondos federales y voluntad de diálogo
La Rioja interpreta la política nacional como un modelo que concentra decisiones y reduce la capacidad provincial para sostener empleo, infraestructura y servicios. Uno de los puntos sensibles es el impuesto a los combustibles: la Provincia acudió a la Justicia Federal por fondos que deberían destinarse al mantenimiento de rutas nacionales.
Pedrali advirtió que esos recursos no se reflejan en caminos cuyo deterioro pone en riesgo a los viajeros y perjudica al transporte y la producción. La paralización de obras también alimenta el conflicto: el oficialismo provincial sostiene que debió concluir proyectos abandonados por la Nación, como la terminal de Chamical.
Herrera aseguró, sin embargo, que el gobierno de Quintela mantiene su vocación de diálogo con la Casa Rosada. Dijo que continuará negociando adelantos de coparticipación y partidas pendientes, aunque marcó un límite político: la Provincia no condicionará sus posiciones ni sus votos en el Congreso a la entrega de recursos.
El enfrentamiento expone así dos concepciones opuestas. Milei defiende el equilibrio fiscal, la reducción del Estado y las reformas orientadas al mercado. La Rioja reclama inversión pública, protección de la producción, asistencia a las familias endeudadas y una distribución federal de los fondos.
