Tras la denuncia del fiscal Stornelli, el intendente Armando Molina y la diputada nacional «Beba» Aguirre salieron al cruce; advierten que se busca silenciar a la oposición y hablan de un ataque a la democracia.
La denuncia presentada por el fiscal federal Carlos Stornelli contra el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, no solo activó los engranajes de la justicia federal en Comodoro Py, sino que desató una contraofensiva política en bloque por parte del oficialismo provincial. Lo que comenzó como una presentación judicial por presunta «incitación a la violencia colectiva» y «amenaza de sedición» se transformó, en pocas horas, en una causa nacional para el peronismo riojano, que denuncia un intento de amordazar las voces críticas al modelo de Javier Milei.
El «peligro democrático» y la voz de la oposición
Tras los duros cruces del intendente de la capital riojana, Armando Molina, quien tildó de «gorilas» a los funcionarios nacionales y acusó al oficialismo de querer «hegemonizar el poder», se sumó la voz de la Cámara Baja. La diputada nacional Hilda «Beba» Aguirre de Soria, una figura de peso en el armado político de Quintela, elevó el tono de la discusión institucional.
Para la legisladora, el movimiento de Stornelli no es un acto jurídico aislado, sino una herramienta de disciplinamiento político.
«La denuncia contra Quintela es un ataque a la voz de la oposición. ¿Resulta que ahora un gobernador no puede expresar su crítica al Gobierno Nacional sin ser perseguido?», cuestionó Aguirre de Soria a través de sus redes sociales.
La diputada fue tajante al advertir que la «judicialización de la política» pone en riesgo el sistema democrático, sugiriendo que existe una estrategia para criminalizar el disenso de los mandatarios provinciales.
La génesis del conflicto: el factor 2001
El núcleo de la denuncia de Stornelli radica en las declaraciones de Quintela del pasado 23 de febrero en Radio 10. Allí, el gobernador evocó la crisis de diciembre de 2001 para analizar la coyuntura actual, mencionando que en aquel entonces se tomaron «decisiones» que costaron la vida de «39 compañeros».
«Hay sacrificios que valen la pena», fue la frase que el fiscal subrayó en su escrito como el punto de quiebre legal.
Para la fiscalía, este tipo de manifestaciones, al provenir de un funcionario público de alta jerarquía, adquieren una «gravedad institucional» que excede la mera opinión. Stornelli sostiene que Quintela habría exteriorizado una posible instigación a cometer delitos y una afectación directa al orden constitucional.
El pedido de indagatoria y la prueba digital
La Justicia ahora debe evaluar las medidas sugeridas por el fiscal, que incluyen la preservación de los registros audiovisuales del programa «Mañana Sylvestre» y de fragmentos viralizados en la red social X. El paso más audaz de la fiscalía es el pedido formal para que el juez reciba la declaración indagatoria de Quintela.
Mientras tanto, en La Rioja, la narrativa oficial se concentra en la resistencia federal. Los dirigentes locales, alineados con el gobernador, sostienen que no lograrán «callarlos» y que la defensa de los intereses provinciales se mantendrá «con memoria», una referencia directa a las tensiones históricas entre las provincias y el poder central.
Análisis: La judicialización del discurso político de Quintela marca un nuevo piso en la relación entre la Casa Rosada y los gobernadores opositores. Mientras el oficialismo busca encuadrar las palabras del riojano en el Código Penal, el peronismo regional encuentra en la figura de la «persecución» un elemento de cohesión interna frente al ajuste nacional.
