Eduardo German

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Etiqueta: Periodismo propio

Producción periodística original identificada por Eduardo German.

  • APOS licita el servicio de limpieza con un presupuesto de $40,95 millones

    APOS licita el servicio de limpieza con un presupuesto de $40,95 millones

    La Administración Provincial de Obras Sociales (APOS) convocó a una licitación pública para contratar el servicio de limpieza en La Rioja, con un presupuesto oficial base de $40.950.000. Las empresas interesadas podrán presentar sus propuestas hasta el 23 de septiembre de 2026 a las 10.

    El procedimiento corresponde a la Licitación Pública N.º 01-2026, tramitada mediante el expediente E3-2882-2026. El aviso lleva la firma de la administradora general del organismo, María Claudia Ortiz.

    Las ofertas deberán entregarse en sobre cerrado en la oficina de Mesa de Entrada y Salida de APOS. La apertura está prevista para ese mismo día, a las 11, en San Nicolás de Bari Oeste 652, primer piso, oficina “E”, del Catedral Shopping Center.

    El presupuesto informado es la base oficial de la convocatoria. No constituye una adjudicación ni un gasto ya ejecutado: el importe de la contratación dependerá del resultado del procedimiento.

    El pliego tiene un valor de $204.750 y puede consultarse en el Departamento de Contrataciones de APOS, ubicado en Dorrego esquina Dalmacio Vélez. El organismo también habilitó consultas mediante el correo aposcontrataciones@gmail.com y el teléfono 380-4103021.

    El aviso difundido no detalla la duración del contrato, los inmuebles comprendidos, la superficie que deberá cubrirse ni la cantidad de personal requerida. Esas condiciones deberán verificarse en el pliego para conocer el alcance del servicio y preparar las propuestas.

    APOS ya había convocado una licitación de limpieza en 2025, según el antecedente publicado por Eduardo German. Sin los pliegos de ambos procedimientos, no puede establecerse si las prestaciones y los períodos contratados son equivalentes.

    La próxima instancia será la recepción de sobres, que cerrará una hora antes del acto de apertura del 23 de septiembre.

  • Los escribanos de La Rioja debatirán la adhesión a la Caja Notarial el 26 de septiembre

    Los escribanos de La Rioja debatirán la adhesión a la Caja Notarial el 26 de septiembre

    El Colegio de Escribanos de La Rioja convocó a sus matriculados a una asamblea extraordinaria el 26 de septiembre para debatir la adhesión voluntaria u obligatoria a la Caja Notarial de Jubilaciones, Pensiones y Subsidios. La reunión se realizará en la sede de Belgrano 72, con primera convocatoria a las 9:30 y segunda a las 10:30.

    La convocatoria fue dispuesta mediante la Resolución 1.413, fechada el 26 de agosto y publicada en el Boletín Oficial del 4 de septiembre, con la firma de la presidenta del Colegio, Ana Cecilia Montero.

    El punto de partida será una encuesta institucional realizada durante agosto. La asamblea deberá considerar la ratificación de la voluntad expresada por los profesionales sobre la adhesión a la Caja, bajo el régimen de la Ley Notarial 10.855. La resolución no informa cuántos escribanos participaron ni cuál fue el resultado de esa consulta.

    Según los fundamentos de la convocatoria, los colegiados pidieron a la Comisión Directiva claridad sobre el tema y acciones respaldadas por el conjunto para resguardar sus intereses. El orden del día incluye el análisis de los efectos administrativos, económicos y jurídicos de la adhesión, tanto para los matriculados como para la institución.

    También se tratará una autorización expresa a la conducción para realizar acciones judiciales y extrajudiciales destinadas a instrumentar la decisión de la asamblea. La convocatoria no anuncia una demanda concreta ni establece, por sí misma, un cambio en el régimen de afiliación.

    Nuevas reglas para las asambleas

    En la misma fecha, el Colegio aprobó mediante la Resolución 1.412 un reglamento de 46 artículos para sus asambleas ordinarias y extraordinarias. La norma regula convocatorias, quórum, intervenciones, votaciones y medidas para preservar el orden.

    Las reuniones serán presenciales como regla general. Si la Comisión Directiva dispone una modalidad mixta, los profesionales del departamento Capital deberán asistir personalmente y los del interior podrán participar a distancia. Sus intervenciones y votos tendrán la misma validez.

    El reglamento permite a la conducción grabar las asambleas en audio o video, con aviso a los presentes al comienzo del acto. Esos registros quedarán bajo custodia del Colegio y no estarán disponibles para consulta general de los matriculados.

    Su utilización se limita a pruebas en sumarios disciplinarios por hechos ocurridos durante la reunión o a requerimientos de un juez competente. Si una grabación se incorpora a un sumario, el profesional investigado podrá acceder ante el instructor al tramo referido a los hechos que se le atribuyen, para ejercer su defensa.

    También se establecen intervenciones iniciales de hasta cinco minutos y una segunda participación de hasta tres minutos cuando la Presidencia la conceda. Las medidas de orden son graduales: advertencia, retiro de la palabra y, en casos graves y con acuerdo de la mayoría simple de los presentes, retiro del recinto. Las reglas deben aplicarse sin distinciones basadas en las opiniones expresadas.

    El 26 de septiembre, los matriculados deberán resolver qué posición institucional respaldan sobre la Caja Notarial y si autorizan a la Comisión Directiva a llevarla adelante.

  • La Rioja prorrogó hasta el 11 de septiembre la inscripción para cargos judiciales transitorios

    La Rioja prorrogó hasta el 11 de septiembre la inscripción para cargos judiciales transitorios

    El Consejo de la Magistratura de La Rioja amplió hasta el 11 de septiembre la inscripción al registro de aspirantes a ocupar cargos transitorios de jueces e integrantes de los Ministerios Públicos. El plazo vencía el 4 de septiembre y fue prorrogado a pedido del presidente del Consejo de Abogados y Procuradores de la provincia.

    La decisión quedó establecida en el Acuerdo 345, aprobado por unanimidad de los consejeros presentes durante la sesión del 1 de septiembre, presidida por Ana Karina Becerra. La resolución fue publicada en el Boletín Oficial del 4 de septiembre.

    El organismo fundamentó la ampliación en la novedad del procedimiento y en que su nueva integración asumió en junio. El registro para cubrir vacantes transitorias forma parte de los mecanismos incorporados por la Constitución provincial de 2024, la Ley 10.864 y el Reglamento General del Consejo.

    La convocatoria permite conformar una base de profesionales interesados en desempeñar esas funciones. La inscripción en el padrón no equivale a una designación: integra un procedimiento para atender necesidades de cobertura temporal en el servicio de justicia.

    Las postulaciones deben realizarse mediante los formularios del sitio del Consejo y cumplir los requisitos previstos en el artículo 100 de su reglamento. El Acuerdo 345 fija el nuevo vencimiento, aunque no precisa una hora de cierre.

    Los seis concursos cierran el 14 de septiembre

    La prórroga del registro transitorio debe distinguirse de los concursos de títulos, antecedentes y oposición convocados mediante el Acuerdo 342. Para esos seis cargos, el cierre está fijado para el 14 de septiembre a las 13.

    En Capital se concursan cuatro vacantes: un cargo en la Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional, el Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N.º 1, un juzgado de Familia, Niños, Niñas, Adolescentes y Adultos Mayores y el Juzgado Electoral Provincial.

    Las otras dos corresponden a Villa Unión, sede de la Sexta Circunscripción Judicial: un juez de Cámara Unipersonal y un defensor oficial. Los concursos están identificados con los números 185 a 190.

    El anexo establece que los aspirantes deben completar el formulario y presentar la documentación requerida en la sede del Consejo, ubicada en Dalmacio Vélez Sarsfield 555, Capital, donde también se brindan informes de 8 a 13.

    El calendario deja así dos vencimientos distintos: el 11 de septiembre para integrar el registro transitorio y el 14, a las 13, para postularse a las seis vacantes concursadas.

  • La serie de Menem avanza con una segunda temporada y evalúa filmar parte del rodaje en Uruguay

    La serie de Menem avanza con una segunda temporada y evalúa filmar parte del rodaje en Uruguay

    La producción de la segunda temporada de “Menem” evalúa filmar parte de la nueva entrega en Uruguay por razones de costos, según información obtenida por Eduardo German. Integrantes del equipo estuvieron en La Rioja durante la preparación del proyecto, que todavía debe definir sus locaciones.

    Zulemita Menem ya conoció los principales lineamientos y pidió preservar la identidad riojana del relato, con especial atención en Anillaco y La Rosadita. El planteo cobra importancia ante la posibilidad de recrear fuera de la provincia escenarios vinculados con la vida del expresidente.

    Uruguay, una posibilidad que sigue bajo evaluación

    El eventual traslado de una parte de las grabaciones responde a la búsqueda de alternativas para los costos de producción. La información disponible no permite dar por cerrado un acuerdo ni precisar qué escenas se filmarían en Uruguay.

    La elección de las locaciones determinará qué presencia tendrá La Rioja en el rodaje. Una cosa es que la provincia forme parte de la historia y otra, que las escenas se graben en los lugares que representa la ficción.

    El pedido de preservar los escenarios riojanos

    Según la información recogida por este medio, Zulemita hizo hincapié en que la nueva entrega conserve los rasgos de Anillaco y La Rosadita. Ambos espacios están asociados a la trayectoria personal y política de Carlos Menem y forman parte del vínculo de su historia con La Rioja.

    Cartel de ingreso a Anillaco, La Rioja, con la sierra de fondo
    Anillaco, uno de los escenarios riojanos cuya identidad se busca preservar en la segunda temporada de la serie sobre Carlos Menem.

    La primera temporada utilizó locaciones riojanas. La continuidad de esa presencia es uno de los puntos planteados a la producción, aunque el pedido de la familia no equivale a una confirmación del plan de filmación.

    El antecedente de la primera temporada

    “Menem” se estrenó en Prime Video en julio de 2025 y tuvo seis episodios. La ficha de la plataforma identifica a Ariel Winograd y Fernando Alcalde como directores, y a Leonardo Sbaraglia, Juan Minujín y Griselda Siciliani entre los protagonistas.

    La ficción recorrió la construcción de la candidatura presidencial y los primeros años de gobierno, con las transformaciones económicas, los atentados y la muerte de Carlos Menem Jr. como parte del relato.

    La nueva entrega proyecta continuar con una etapa posterior de la trayectoria presidencial. Por ahora, quedan por definir las locaciones y las condiciones del rodaje; de esas decisiones dependerá cuánto se filmará en La Rioja y si Uruguay se incorporará a la producción.

  • Quintela y el gabinete que no termina de cambiar: los nombres que circulan para la última etapa

    Quintela y el gabinete que no termina de cambiar: los nombres que circulan para la última etapa

    Las versiones sobre cambios en el gobierno de Ricardo Quintela alcanzan Seguridad, Vivienda, la Jefatura de Gabinete y APOS, y se cruzan con posibles movimientos hacia la Fiscalía General y el Tribunal Superior de Justicia. Al publicarse esta nota, el 4 de septiembre, no había un anuncio integral que confirmara esa reorganización.

    El movimiento con un antecedente público es el eventual pase de Miguel Zárate a la Fiscalía General, tras la renuncia de Javier Vallejos. El ministro de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos reconoció en agosto que su nombre estaba entre los considerados. Eso no equivale a una designación.

    Si Zárate deja el Ejecutivo, Martín Yoma es uno de los nombres mencionados para sucederlo. La información recogida por este medio sobre la agenda legislativa del 4 de septiembre señalaba que el ingreso del pliego de Zárate seguía pendiente de confirmación oficial.

    Las versiones sobre Vivienda, la Jefatura y APOS

    Las otras alternativas consignadas por Eduardo German permanecen en el terreno de las versiones. Una ubica a Diego Rivero al frente del área habitacional, dentro de una eventual reorganización que reemplazaría el Ministerio de Vivienda, conducido por Ariel Puy Soria, por una estructura centrada en la Administración Provincial de Vivienda. No se presenta como una decisión adoptada.

    Otra menciona a Luz Santángelo como posible reemplazante de Juan Luna Corzo en la Jefatura de Gabinete. En esa misma versión, Luna Corzo pasaría al Tribunal Superior de Justicia. Un traslado de Santángelo también dejaría por resolver quién conduciría la Secretaría de Comunicación y Planificación Pública.

    Para APOS circula el nombre de Diego Noriega como eventual sucesor de Claudia Ortiz, a quien se menciona para Banco Rioja. La información disponible para esta publicación no incluye anuncios oficiales ni designaciones que confirmen esos movimientos.

    Los antecedentes de cambios que no se concretaron

    El oficialismo ya atravesó otras rondas de nombres. Entre las versiones reseñadas por este medio estuvieron el ingreso del intendente de Chilecito, Rodrigo Brizuela y Doria, a Producción, y el del presidente del bloque justicialista de la Legislatura, Cristian Pérez, a Infraestructura. Ninguna de esas incorporaciones se concretó.

    También quedó como antecedente la puesta a disposición de las renuncias de funcionarios después de las elecciones legislativas de 2025, sin una renovación general del gabinete.

    Un cambio que sí se hizo efectivo fue el de Hacienda: Fabián Blanco asumió el 13 de marzo de 2026 en reemplazo de Jorge Quintero. La nómina oficial del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas lo identifica como su titular.

    Las definiciones pendientes

    Quintela transita un mandato que finaliza el 10 de diciembre de 2027. Los eventuales reemplazos pueden modificar el peso de los distintos sectores del oficialismo en la última etapa de gestión, aunque la circulación de nombres no demuestra por sí sola un acuerdo sobre la sucesión provincial.

    La primera definición a seguir es la eventual propuesta de Zárate para la Fiscalía General: su formalización permitiría precisar si habrá una vacante en Seguridad. Para el resto de los nombres, siguen pendientes las decisiones y los actos oficiales que conviertan las versiones en cambios efectivos.

  • La Legislatura prepara el Parlamento del Norte Grande y espera el pliego de Zárate

    La Legislatura prepara el Parlamento del Norte Grande y espera el pliego de Zárate

    La Legislatura de La Rioja tendrá en septiembre una agenda marcada por dos definiciones de peso institucional: la realización del plenario del Parlamento del Norte Grande y el esperado envío del pliego de Miguel Zárate para ocupar la Fiscalía General de la provincia.

    El primer acontecimiento tiene fecha confirmada. La ciudad de La Rioja será sede, el 9 y 10 de septiembre, de la próxima reunión del organismo que reúne a vicegobernadores, vicegobernadoras y legisladores de Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán.

    La realización del encuentro fue informada en el recinto por el presidente del bloque mayoritario, Cristian Pérez. Se espera que las delegaciones trabajen sobre iniciativas vinculadas con las tarifas energéticas, la infraestructura, el transporte, las economías regionales y los reclamos de las provincias ante el Gobierno nacional.

    El plenario volverá a colocar a La Rioja en el centro de una discusión federal atravesada por la reducción de transferencias nacionales, la paralización de obras y las dificultades financieras que enfrentan los gobiernos provinciales.

    El esperado pliego de Zárate

    La segunda cuestión pendiente es el eventual ingreso a la Cámara del pliego de Miguel Zárate, actual ministro de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, para su designación como fiscal general.

    La vacante se produjo tras la renuncia de Javier Vallejos por motivos personales. Zárate confirmó anteriormente que su nombre estaba entre los considerados para ocupar la jefatura del Ministerio Público Fiscal.

    Según información recogida por EduardoGerman.com, el Poder Ejecutivo provincial se encamina a proponer a Zárate para el cargo y el movimiento contaría con el respaldo necesario en la Legislatura. Sin embargo, hasta ahora la Cámara no comunicó oficialmente la recepción del pliego ni fijó una fecha para tratar la candidatura.

    La designación solamente quedará formalizada después del envío del pliego, el cumplimiento del procedimiento institucional correspondiente y la aprobación legislativa.

    La consecuencia política dentro del gabinete

    El eventual traslado de Zárate desde el Poder Ejecutivo hacia la Fiscalía General abrirá una vacante en un ministerio estratégico para la gestión de Ricardo Quintela, responsable de la política de seguridad y del funcionamiento de la Policía provincial.

    De acuerdo con información de EduardoGerman.com, el abogado Martín Yoma es uno de los principales nombres considerados para conducir el Ministerio de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos.

    Yoma mantiene llegada directa al gobernador y su eventual incorporación es analizada como una forma de renovar un área especialmente sensible. No existe todavía una designación oficial: la decisión será exclusiva de Quintela y dependerá de que primero se concrete el pase de Zárate al Ministerio Público Fiscal.

    Dos planos de una misma agenda

    La actividad legislativa de los próximos días tendrá así una doble dimensión. El Parlamento del Norte Grande proyectará a La Rioja dentro del debate regional, mientras el eventual tratamiento del pliego de Zárate abrirá una discusión local sobre la conducción del Ministerio Público Fiscal y la reorganización del gabinete provincial.

    El encuentro regional ya tiene fecha. En cambio, el ingreso del pliego, su tratamiento y la definición del futuro ministro de Seguridad continúan pendientes de confirmación oficial.

    Fuentes: Legislatura de La Rioja e información propia de EduardoGerman.com.

  • Ortiz representó a APOS en COSSPRA mientras crecen versiones sobre su salida

    Ortiz representó a APOS en COSSPRA mientras crecen versiones sobre su salida

    Claudia Ortiz representó a APOS La Rioja en una nueva reunión de la Junta Ejecutiva del Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la República Argentina (COSSPRA), realizada en la Ciudad de Buenos Aires para avanzar en la organización de su quinto congreso nacional.

    La actividad institucional se conoció mientras dentro del Gobierno provincial circulan versiones sobre un posible cambio en la conducción de la obra social. Según información recogida por EduardoGerman.com, el gobernador Ricardo Quintela habría decidido el desplazamiento de Ortiz.

    La medida no fue comunicada oficialmente. Tampoco se publicó un decreto de remoción ni fue identificado su reemplazante. La página institucional del Gobierno de La Rioja todavía presenta a Ortiz como administradora general de APOS.

    La propia funcionaria había desmentido el 1 de septiembre los rumores sobre su alejamiento. En declaraciones a Medios Rioja afirmó que continuaba trabajando y reconoció que su permanencia dependía exclusivamente del gobernador: “Si me voy o me quedo, lo definirá él”.

    Una representación atravesada por la incertidumbre

    Ortiz no solamente conduce la obra social provincial. También ocupa la Tesorería de COSSPRA e integra el comité organizador del congreso nacional. Un eventual desplazamiento obligaría a definir cómo continuará la representación de APOS dentro del organismo federal.

    Su participación en Buenos Aires indica que, al menos al momento de la reunión, continuaba ejerciendo funciones y representando oficialmente a La Rioja. Esa situación podría modificarse si Quintela formaliza la decisión atribuida por fuentes políticas.

    El posible cambio se produciría en un área sensible para la gestión provincial. APOS debe administrar la cobertura de empleados públicos y sus familias en un contexto marcado por el aumento del costo de los medicamentos, los reclamos de prestadores y las restricciones financieras.

    Cualquier reemplazo deberá garantizar la continuidad de pagos, prestaciones, tratamientos y convenios. También tendrá que sostener la representación riojana en las discusiones nacionales sobre financiamiento y seguridad social.

    Varios nombres, pero una decisión exclusiva de Quintela

    En el oficialismo circulan varios nombres como posibles reemplazantes de Ortiz, aunque hasta ahora ninguno recibió confirmación institucional. Las versiones forman parte de las conversaciones internas del Gobierno y no equivalen a una designación.

    La elección de la próxima autoridad de APOS es una decisión exclusiva de Quintela. Será el gobernador quien determine si efectivamente desplaza a Ortiz, quién asumirá la conducción y bajo qué esquema se realizará la transición.

    La ausencia de un sucesor confirmado mantiene abierta la discusión. También obliga a diferenciar entre los nombres promovidos o mencionados por distintos sectores y la decisión final, que solamente quedará formalizada mediante el acto administrativo correspondiente.

    Congreso en Puerto Iguazú

    El V Congreso Nacional de COSSPRA se realizará el 28 y 29 de octubre de 2026 en el Iguazú Grand Hotel, en Puerto Iguazú, Misiones. La inscripción está abierta en el sitio oficial del encuentro.

    El congreso reunirá a autoridades, equipos técnicos, financiadores, prestadores, especialistas y referentes nacionales e internacionales. Entre sus principales temas estarán las herramientas de gestión, la innovación, la regulación sanitaria, el financiamiento y la sostenibilidad de la seguridad social.

    Uno de los ejes será el mercado de medicamentos. COSSPRA trabaja en un Observatorio de Precios y en un tablero prestacional para generar información comparable, fortalecer las negociaciones y mejorar las decisiones de las obras sociales provinciales.

    Una definición pendiente

    El eventual desplazamiento abrirá una nueva etapa en APOS y obligará al Gobierno a explicar las razones de la medida, la continuidad de las prestaciones y el esquema de transición.

    Hasta entonces conviven dos datos: Ortiz sigue apareciendo como administradora y desarrollando actividades institucionales, mientras fuentes políticas aseguran que Quintela habría decidido reemplazarla.

    Aunque existen varios nombres en danza, ninguno puede considerarse elegido. La definición será exclusivamente del gobernador y solamente quedará confirmada cuando se publique el decreto o se realice un anuncio oficial.

    Fuentes: Gobierno de La Rioja; COSSPRA; publicaciones institucionales de APOS y COSSPRA.

  • Quintela vuelve al territorio mientras la sucesión y la hipótesis de un tercer mandato agitan al oficialismo

    Quintela vuelve al territorio mientras la sucesión y la hipótesis de un tercer mandato agitan al oficialismo

    Ricardo Quintela volvió a concentrar su actividad pública en el territorio riojano después de afirmar que no será candidato a presidente. La definición reduce, al menos por ahora, su proyección electoral nacional, pero no implica que abandone la disputa con Javier Milei ni su intención de conservar influencia dentro del peronismo.

    La sucesión provincial aparece como el trasfondo de las reuniones que mantuvo durante los últimos días con intendentes y legisladores. Quintela fue elegido gobernador en 2019 y reelecto en 2023. El artículo 143 de la Constitución provincial permite una sola reelección consecutiva, por lo que una interpretación literal le impediría competir nuevamente en 2027.

    Sin embargo, sobre el oficialismo también sobrevuela la posibilidad de intentar un tercer mandato a partir de la Constitución reformada en 2024 y del antecedente del diputado provincial Juan Carlos Santander.

    El antecedente Santander

    En septiembre de 2025, el Tribunal Electoral Provincial rechazó las impugnaciones contra las candidaturas de Juan Carlos Santander, Egle Maricel Muñoz y Antonio Godoy, quienes buscaban un tercer período consecutivo en la Legislatura.

    La interpretación que permitió esas postulaciones sostuvo que la limitación incorporada por la nueva Constitución no podía aplicarse retroactivamente a los mandatos ejercidos antes de su entrada en vigencia. Santander resultó habilitado y actualmente cumple un mandato que se extiende hasta noviembre de 2029.

    Ese precedente alimentó dentro de la política riojana la denominada teoría del “nuevo orden constitucional”: el período 2023-2027 de Quintela podría ser considerado el primero bajo el texto sancionado en 2024.

    No obstante, los dos casos presentan una diferencia jurídica relevante. La reforma estableció una nueva limitación para los mandatos legislativos, mientras que la prohibición de una segunda reelección consecutiva para gobernador ya existía y fue mantenida por el artículo 143. Además, la Constitución reformada no incluyó una cláusula que reinicie expresamente el cómputo de los períodos de la Función Ejecutiva.

    Por eso, el caso Santander funciona como argumento político y antecedente interpretativo, pero no habilita automáticamente a Quintela. Una eventual candidatura seguramente provocaría impugnaciones y obligaría a pronunciarse a la Justicia Electoral, con la posibilidad de que la controversia llegue hasta la Corte Suprema.

    El propio gobernador, además, manifestó que no buscará otro mandato. Aun así, la alternativa continúa circulando en sectores del oficialismo y puede operar como una herramienta para conservar cohesionado al espacio mientras se negocia la sucesión.

    Una agenda repartida entre los departamentos

    En este escenario, cada encuentro de Quintela admite una doble lectura. La primera es de gestión: los municipios necesitan que la Provincia financie obras, refacciones y servicios. La segunda es política: el gobernador vuelve a reunir alrededor suyo a intendentes, diputados y dirigentes que serán determinantes para ordenar el peronismo en 2027.

    Quintela recibió a la intendenta de Arauco, Virginia López, con quien repasó la finalización de una radio escolar en Aimogasta, las mejoras de una plazoleta de Bañado de los Pantanos y el funcionamiento de la Escuela de Cadetes, que inició sus prácticas con 60 estudiantes.

    Con Adriana Arias analizó la segunda etapa del Parque de la Familia y la refacción de la estación de servicio de Vinchina. También mantuvo reuniones relacionadas con las necesidades sanitarias de Tama, Punta de los Llanos y El Carrizal.

    En Capital anunció junto con el intendente Armando Molina un plan de iluminación, bacheo y acondicionamiento de calles y avenidas, especialmente en los accesos a escuelas y centros de salud. El anuncio fue difundido por el gobernador en su cuenta oficial de X.

    La agenda incluyó proyectos en Felipe Varela, Pagancillo, Los Palacios y Sanagasta. Entre ellos figuran un albergue deportivo, la recuperación del edificio del antiguo Correo Argentino, centros de salud, una terminal de ómnibus y la puesta en valor de espacios turísticos.

    La sucesión condiciona la gestión

    Dentro del oficialismo todavía no existe un candidato formalmente proclamado. Gabriela Pedrali, Teresita Madera, Florencia López, Armando Molina y Marcelo Del Moral aparecen entre los dirigentes mencionados en la discusión, aunque Quintela no designó públicamente a un sucesor.

    Esa indefinición le permite conservar centralidad. Los posibles postulantes necesitan su respaldo, la estructura del Partido Justicialista y la colaboración de los intendentes. El gobernador, mientras tanto, puede evaluar capacidad de gestión, representación territorial y nivel de conocimiento antes de intervenir en la definición.

    La distribución de recursos, las obras concedidas a cada departamento y la exposición de determinados dirigentes adquieren así significado político. No demuestran por sí solas una preferencia electoral, pero muestran quiénes tienen acceso al gobernador y participan de las decisiones.

    La discusión también alcanza las reglas electorales. Algunos sectores promueven la ley de lemas como mecanismo para contener varias candidaturas dentro del oficialismo. Esa alternativa permitiría postergar la elección de un único postulante y trasladar la interna peronista a las urnas.

    La pelea con Milei continúa

    Quintela puede haber descartado una candidatura presidencial, pero mantiene su enfrentamiento con la Casa Rosada por los recursos provinciales, la obra pública, las políticas económicas y el lugar de las provincias frente al poder central.

    Esa confrontación también influirá en la sucesión. El candidato del oficialismo deberá sostener el discurso provincial construido frente a Milei y competir con La Libertad Avanza, cuyo principal referente riojano es Martín Menem.

    La agenda con los intendentes busca reforzar una diferencia política: frente al ajuste nacional y la paralización de proyectos financiados por la Nación, Quintela presenta a la Provincia como articuladora de respuestas en los 18 departamentos.

    Sin embargo, los anuncios difundidos no precisan en todos los casos presupuestos, fuentes de financiamiento, plazos de ejecución ni fechas de inauguración. La posibilidad de convertirlos en obras será determinante para su rendimiento político.

    La sucesión, por lo tanto, permanece abierta sobre tres caminos: la designación de un candidato de la mesa oficialista, una competencia interna bajo nuevas reglas electorales o un intento judicialmente controvertido de habilitar otro mandato de Quintela. Aunque el gobernador dijo que no buscará continuar, el caso Santander impide que esa conversación desaparezca definitivamente del tablero.

    Fuentes: Constitución de La Rioja; antecedente Santander; Legislatura provincial.

  • Martín Menem evocó los borradores de la Constitución y pidió sanciones por el petróleo en Malvinas

    Martín Menem evocó los borradores de la Constitución y pidió sanciones por el petróleo en Malvinas

    El anuncio del presidente Javier Milei sobre la causa Malvinas reactivó dentro del oficialismo una historia familiar y política ligada a La Rioja. Martín Menem recordó los borradores de la reforma constitucional de 1994 que llevaba entre Buenos Aires y Santa Fe para estudiar Derecho Constitucional y planteó la necesidad de sancionar a las empresas que intenten explotar los recursos naturales de las islas sin autorización argentina.

    Según pudo reconstruir EduardoGerman.com, el actual presidente de la Cámara de Diputados evocó en conversaciones políticas una etapa de su juventud, cuando viajaba desde Buenos Aires a Santa Fe para visitar a su padre, Eduardo Menem, mientras se desarrollaba la Convención Nacional Constituyente.

    En esos viajes llevaba y traía borradores de la reforma de la Constitución. Entre esos documentos se encontraba la redacción manuscrita de la cláusula transitoria primera, impulsada por Eduardo Menem y aprobada por aclamación en 1994. Martín Menem conserva el recuerdo de aquel texto escrito de puño y letra por su padre.

    La cláusula que convirtió a Malvinas en una política de Estado

    La disposición constitucional ratifica la “legítima e imprescriptible soberanía” argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y sobre los espacios marítimos e insulares correspondientes. También establece que su recuperación y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme al derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino.

    La historia adquirió una nueva dimensión después del mensaje pronunciado por Milei. Los gestos políticos de respaldo del presidente estadounidense Donald Trump hacia el mandatario argentino también trajeron a la memoria del entorno de Martín Menem aquellos debates constitucionales y el alcance de una cláusula que obliga a todos los gobiernos.

    Fuentes conocedoras de una reunión política indicaron a este medio que Martín Menem sostuvo que la Argentina debía establecer consecuencias para las compañías que pretendieran apropiarse de los recursos naturales de Malvinas. El planteo no fue comunicado oficialmente y se presenta como información atribuida.

    Los proyectos de Eduardo Menem

    La posición tiene antecedentes legislativos concretos. En un artículo publicado originalmente en Clarín el 18 de febrero de 2010 y posteriormente reproducido por EnerNews, Eduardo Menem sostuvo que la cláusula transitoria primera habilitaba al Estado a adoptar medidas contra las empresas que exploraran o explotaran hidrocarburos en las áreas en disputa sin autorización nacional.

    El exsenador recordó que presentó proyectos con ese objetivo en 1995, 1998 y 2002. Las iniciativas contemplaban multas e inhabilitaciones para operar en la Argentina. De acuerdo con su explicación, las tres fueron aprobadas por unanimidad en el Senado, pero perdieron estado parlamentario al no ser tratadas por la Cámara de Diputados.

    Uno de esos antecedentes fue el proyecto S-329/98. Su propósito era impedir que las compañías beneficiadas por licencias británicas pudieran desarrollar simultáneamente negocios en el territorio continental argentino y desconocer los derechos soberanos del país.

    La línea legislativa tuvo continuidad en la Ley 26.659, que regula la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina y establece sanciones para las actividades realizadas sin habilitación de la autoridad nacional competente.

    El viaje a Israel y una gestión todavía no confirmada

    El planteo también se conecta con el sorpresivo viaje de Martín Menem a Israel. Según información recogida por EduardoGerman.com, durante esa visita la representación argentina habría transmitido una queja relacionada con la participación de una empresa israelí en actividades hidrocarburíferas vinculadas con Malvinas.

    La eventual gestión diplomática no fue confirmada oficialmente por la Casa Rosada. También permanece pendiente una respuesta oficial acerca de si la mesa política del Gobierno conocía previamente la intención empresarial. Por esa razón, ambos datos se mantienen atribuidos a fuentes y sujetos a corroboración.

    Un reconocimiento a su trayectoria constitucional

    La relación de Martín Menem con el legado de su padre tuvo una expresión pública el 3 de diciembre de 2024. Ese día, la Cámara de Diputados entregó a Eduardo Menem la Mención de Honor “Diputado Nacional Dr. Juan Bautista Alberdi”, el máximo reconocimiento concedido por el cuerpo a personalidades destacadas por su aporte a los valores democráticos y republicanos.

    El acto se realizó en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo. Participaron Martín Menem; el diputado Gabriel Bornoroni, impulsor de la distinción; y el senador riojano Juan Carlos Pagotto.

    Eduardo Menem representó a La Rioja en el Senado entre 1983 y 2005 y presidió la Convención Nacional Constituyente de 1994. En una reseña oficial del homenaje, la Cámara destacó su extensa trayectoria en la política, el Derecho y la representación de la provincia.

    El recuerdo familiar de los borradores, la cláusula constitucional y los proyectos de sanciones conforman ahora el trasfondo del planteo de Martín Menem. La definición pendiente es si el Gobierno nacional convertirá esa posición en una iniciativa legislativa o en medidas concretas frente a las compañías involucradas.

  • El anuncio de Milei reactualiza el sorpresivo viaje de Martín Menem a Israel

    El anuncio de Milei reactualiza el sorpresivo viaje de Martín Menem a Israel

    El titular de Diputados visitó Jerusalén en junio, cuando el Gobierno ya conocía los planes de la petrolera israelí Navitas en Malvinas. La Argentina habría planteado su objeción durante la gira, aunque no se informó en qué reunión ni qué respuesta recibió.

    El anuncio de Javier Milei para endurecer las sanciones contra las empresas que proyectan explotar petróleo en las Islas Malvinas vuelve a poner bajo análisis el sorpresivo viaje que Martín Menem realizó a Israel.

    Según pudo saber EduardoGerman.com de fuentes vinculadas con la mesa política del Presidente, el Gobierno ya conocía entonces la intención de Navitas Petroleum de avanzar con el proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte. Fuentes relacionadas con la gira señalaron que la Argentina habría transmitido su queja por la intervención de la compañía israelí.

    El dato aporta un nuevo contexto a las reuniones que el presidente de la Cámara de Diputados mantuvo con el presidente Isaac Herzog, el canciller Gideon Sa’ar y el titular de la Knesset, Amir Ohana. No existe hasta ahora una comunicación pública que precise quién presentó el reclamo, en cuál de los encuentros se abordó y qué respuesta dieron las autoridades israelíes.

    Un viaje conocido primero por medios israelíes

    Menem llegó a Israel el 14 de junio acompañado por la diputada Sabrina Ajmechet, presidenta del Grupo Parlamentario de Amistad con Israel. Legisladores consultados entonces por Perfil dijeron haberse enterado a través de medios israelíes y reclamaron precisiones sobre su agenda.

    La Knesset informó que se trataba de la primera visita oficial de un presidente de la Cámara de Diputados argentina a ese Parlamento. En una entrevista difundida por Itongadol y AJN, el dirigente riojano dijo estar “muy emocionado y feliz” porque Israel fuera el destino de su primera gira oficial.

    Lo que Menem comunicó

    El 16 de junio, Menem informó en su cuenta de X que se reunió con Herzog para conversar sobre la cercanía estratégica entre ambos países. Al día siguiente señaló que había retomado con Sa’ar el diálogo iniciado en Buenos Aires, con foco en la cooperación económica y tecnológica.

    Sus comunicaciones también destacaron la cooperación parlamentaria con Ohana. Ninguna mencionó a Navitas, el proyecto Sea Lion o la cuestión Malvinas.

    El reclamo ya estaba vigente

    La controversia era anterior al viaje. En diciembre de 2025, la Cancillería rechazó formalmente la decisión de inversión anunciada por Navitas y la británica Rockhopper Exploration para desarrollar Sea Lion.

    Navitas ya había sido sancionada en 2022 por realizar actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina. En mayo de 2026, semanas antes de la gira, Tierra del Fuego presentó además una denuncia ante la Autoridad de Valores de Israel por la información que la compañía brindaba a sus inversores sobre los riesgos del proyecto.

    Milei apuntó contra Navitas

    En la cadena nacional del 3 de septiembre, Milei identificó a Navitas y Rockhopper como las operadoras de Sea Lion y advirtió que podrían comenzar la explotación en los próximos meses.

    El Presidente anunció que acelerará los procedimientos de la Ley 26.659 y enviará al Congreso una reforma para alcanzar también a proveedores, accionistas y directivos. Afirmó además que la Cancillería envió cerca de 180 notas de desaliento a empresas y a más de 29 países.

    Milei pidió que los aliados de la Argentina no miren “para otro lado” cuando se vulnera la soberanía. La expresión adquiere particular importancia frente a Israel, uno de los socios más estrechos del Gobierno, porque Navitas fue fundada allí y cotiza en la Bolsa de Tel Aviv.

    De la diplomacia al Congreso

    La reforma deberá ser tratada por la Cámara de Diputados, que conduce Martín Menem. Su viaje cobra así nueva vigencia: estuvo frente a las principales autoridades israelíes cuando el avance petrolero ya era conocido por la mesa política del Gobierno.

    La información disponible permite consignar, con atribución a las fuentes consultadas, que la queja habría sido transmitida durante la gira. Queda por establecer públicamente en qué encuentro se presentó la objeción por Navitas y cuál fue la respuesta de Israel.

  • Tras el anuncio de Milei por Malvinas, vuelve a cobrar vigencia una iniciativa de Eduardo Menem

    Tras el anuncio de Milei por Malvinas, vuelve a cobrar vigencia una iniciativa de Eduardo Menem

    El Presidente anunció sanciones más severas contra las empresas que exploten hidrocarburos en las islas sin autorización argentina. La medida recupera el debate planteado en 1998 por el exsenador riojano, cuyo proyecto fue aprobado por el Senado, pero perdió estado parlamentario en Diputados.

    El anuncio del presidente Javier Milei para endurecer las sanciones contra las empresas vinculadas con la explotación petrolera en las Islas Malvinas vuelve a colocar en primer plano una iniciativa que el exsenador nacional por La Rioja Eduardo Menem impulsó hace 28 años.

    En una cadena nacional emitida el jueves 3 de septiembre, Milei advirtió que el proyecto Sea Lion, operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, tiene previsto avanzar con la explotación offshore en los próximos meses. El mandatario anunció un decreto para acelerar los procedimientos sancionatorios contemplados en la Ley 26.659 y el envío al Congreso de una reforma para ampliar su alcance.

    El Gobierno también anticipó que las sanciones podrían alcanzar a proveedores, accionistas y directivos; que las empresas involucradas quedarían inhabilitadas para operar y contratar en la Argentina; y que se aplicaría el juicio en ausencia cuando corresponda. Según Milei, la Cancillería ya envió cerca de 180 notas de desaliento a empresas y a más de 29 países vinculados con proyectos en las islas.

    La iniciativa que Eduardo Menem llevó al Senado

    El planteo tiene un antecedente político y legislativo en el expediente S-329/98, presentado por Eduardo Menem el 1 de abril de 1998. El entonces senador nacional por La Rioja propuso que toda concesión, licencia o habilitación para explotar minerales e hidrocarburos en las Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes necesitara autorización argentina.

    El proyecto, conocido en ámbitos políticos y diplomáticos como la «Ley Eduardo Menem», disponía la inhabilitación absoluta para realizar actos de comercio en el país de las personas físicas o jurídicas que participaran en esas actividades sin permiso nacional. La prohibición alcanzaba a casas matrices, subsidiarias, sociedades vinculadas, consorcios y entidades que aportaran financiamiento.

    También exigía una declaración jurada a quienes contrataran con organismos o empresas estatales y ordenaba a la Cancillería llevar un registro de infractores.

    «No vamos a reconocer de ningún modo ningún derecho a esas empresas», sostuvo Menem al defender la propuesta. El legislador riojano explicó que los contratos otorgados sin intervención argentina podían ser impugnados y afirmó que las sanciones no se contraponían con la estrategia diplomática, sino que servían como respaldo al reclamo nacional.

    El Senado aprobó el proyecto, con modificaciones, el 22 de abril de 1998 y lo remitió a la Cámara de Diputados. Sin embargo, la iniciativa no recibió sanción definitiva: caducó el 28 de febrero de 2001 y fue archivada en mayo de ese año.

    El debate dentro del menemismo

    La propuesta generó tensiones dentro del gobierno de Carlos Menem. Mientras el canciller Guido Di Tella desarrollaba una política de acercamiento hacia los habitantes de las islas y sostenía acuerdos de cooperación bajo un paraguas de soberanía, Eduardo Menem defendía la intervención del Congreso y una respuesta económica más severa frente a la explotación unilateral de los recursos naturales.

    El antecedente debe presentarse con precisión: el proyecto de 1998 no llegó a convertirse en ley y no contenía las sanciones penales incorporadas posteriormente. Sin embargo, anticipó una línea de acción basada en desconocer las autorizaciones británicas e impedir que las compañías involucradas operaran en el territorio continental argentino.

    De aquel proyecto a la legislación vigente

    En 2011, el Congreso sancionó por unanimidad la Ley 26.659, que prohíbe desarrollar actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina sin autorización nacional e impide al Estado contratar con las compañías infractoras. La Ley 26.915 amplió en 2013 las consecuencias administrativas y penales.

    Milei propone ahora endurecer ese régimen, extenderlo a proveedores y abarcar otras actividades que afecten los recursos naturales de las islas. También anunció mayores recursos para el Ministerio de Defensa, mediante un decreto de necesidad y urgencia, destinados prioritariamente a construir una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego y ampliar las capacidades de telecomunicaciones.

    La cláusula constitucional que guía el reclamo

    La posición de Eduardo Menem estaba vinculada con la cláusula transitoria primera de la Constitución Nacional, cuya incorporación impulsó como presidente de la Convención Constituyente de 1994.

    «La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional».

    La norma también dispone que la recuperación de esos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme al derecho internacional, constituyen «un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino».

    El proyecto que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso permitirá conocer el alcance definitivo de las nuevas sanciones. Su tratamiento devolverá al Parlamento una discusión que Eduardo Menem planteó en 1998: qué instrumentos legales y económicos debe utilizar la Argentina para impedir que las autorizaciones británicas consoliden la explotación de recursos naturales en un territorio cuya soberanía continúa en disputa.

  • El INAES canceló la matrícula de una cooperativa con domicilio en La Rioja

    El INAES canceló la matrícula de una cooperativa con domicilio en La Rioja

    El organismo nacional dispuso la baja registral de la Cooperativa de Trabajo I.C.A.M. Limitada, con sede legal en la Capital riojana. La entidad puede presentar recursos administrativos o recurrir a la Justicia.

    El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) resolvió cancelar la inscripción de la Cooperativa de Trabajo “I.C.A.M.” Limitada en el Registro Nacional de Cooperativas.

    La medida fue formalizada mediante la Resolución RESFC-2026-1765-DI#INAES y publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina. La entidad posee la matrícula número 20.001 y tiene domicilio legal en la ciudad de La Rioja, departamento Capital.

    La decisión alcanza a otras seis entidades

    La cooperativa riojana integra un grupo de siete organizaciones cuya inscripción fue cancelada mediante distintos actos administrativos del INAES.

    La nómina también comprende a las cooperativas Monumental, San Salvador y San Patricio, domiciliadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Provisión, Comercialización y Consumo para Ladrilleros y Promoción Cultural Hueney, de Neuquén; y Mi Cuyo, con sede en Mendoza.

    El aviso oficial comunica únicamente la cancelación de las matrículas y las vías disponibles para cuestionar las decisiones. No detalla los antecedentes ni las causas particulares que motivaron la medida aplicada a I.C.A.M.

    Qué recursos puede presentar la cooperativa

    La entidad afectada dispone de diferentes mecanismos administrativos para impugnar la resolución. Puede interponer un recurso de revisión dentro de los 30 días hábiles administrativos, uno de reconsideración en un plazo de 20 días o solicitar una aclaratoria dentro de los cinco días.

    También puede optar por un recurso de alzada, cuyo plazo es de 30 días hábiles administrativos, o iniciar la acción judicial correspondiente.

    Los plazos están contemplados en el Decreto 1759/72, con las modificaciones introducidas por el Decreto 695/24, y en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos.

    La cancelación registral representa una decisión relevante para la cooperativa riojana porque afecta su reconocimiento dentro del sistema nacional administrado por el INAES. Su situación definitiva dependerá de si presenta alguno de los recursos habilitados y del resultado de esas actuaciones.

    El aviso oficial completo

  • La Corte falló a favor de Enod y anuló un impuesto que perjudicaba a su planta riojana

    La Corte falló a favor de Enod y anuló un impuesto que perjudicaba a su planta riojana

    El máximo tribunal consideró inconstitucional que la Ciudad de Buenos Aires cobrara una alícuota más alta de Ingresos Brutos por fabricar fuera de su territorio. Calificó el régimen como una “aduana interior” que discriminaba, entre otras, a la producción realizada en La Rioja.

    La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a la demanda de Enod S.A. y declaró inconstitucional el régimen con el que la Ciudad de Buenos Aires aplicó una alícuota más alta de Ingresos Brutos a los productos elaborados fuera de su territorio. La decisión alcanza de manera directa a la compañía textil, que desarrolla parte de su actividad industrial en La Rioja.

    El planteo de Enod

    La empresa cuestionó el tratamiento fiscal aplicado entre enero de 2012 y diciembre de 2015. Durante ese período, los establecimientos industriales radicados en la Ciudad de Buenos Aires tributaban una alícuota del 1% o podían acceder a una exención, según su nivel de facturación. En cambio, cuando los bienes eran fabricados fuera de esa jurisdicción, la carga comenzaba en el 3% y podía elevarse al 3,75% o al 4%.

    El Gobierno porteño defendió el esquema como una herramienta de promoción de la industria local y sostuvo que formaba parte de sus facultades tributarias. Enod argumentó que la diferencia perjudicaba a sus productos por el solo hecho de ser elaborados en otra provincia.

    Una discriminación por el lugar de fabricación

    El tribunal, con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó la posición de la Ciudad. Consideró que la imposición de una alícuota del 4% fundada en que las plantas se encontraban fuera del territorio porteño obstaculizaba el comercio interjurisdiccional y establecía una discriminación basada exclusivamente en la ubicación de la fábrica.

    Para la Corte, el régimen vulneró la igualdad y el libre flujo del comercio entre las provincias. Además, lo calificó como una “aduana interior”, una barrera expresamente prohibida por los artículos 9 a 12 de la Constitución Nacional.

    Qué resolvió la Corte

    La sentencia declaró inválidas las disposiciones de las leyes tarifarias porteñas aplicadas durante los períodos 2012 a 2015 y dejó sin efecto la pretensión fiscal vinculada con esa diferencia de alícuotas. Las costas del proceso fueron impuestas a la Ciudad de Buenos Aires.

    El fallo no detalla en su parte resolutiva el monto que queda invalidado ni una eventual suma a devolver. Su alcance central es constitucional: las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no pueden usar Ingresos Brutos para favorecer a la producción radicada dentro de sus límites y encarecer la mercadería fabricada en otras jurisdicciones.

    Impacto para la industria riojana

    La decisión tiene especial relevancia para La Rioja porque protege la competitividad de las industrias que producen en la provincia y venden en los principales mercados del país. Evita que su radicación fuera de esos centros de consumo se convierta en una penalización tributaria.

    El pronunciamiento coincide con la expansión de Enod en el Parque Industrial riojano. La firma proyecta operar dos establecimientos y alcanzar 150 trabajadores hasta 2027, según la información sobre su plan de crecimiento.

    Con este criterio, la Corte reafirmó que el mercado interno debe funcionar en condiciones de igualdad y sin barreras fiscales que dependan del lugar donde se fabrica un producto.

    El fallo completo

  • La Corte citó a La Rioja y Topper por el conflicto impositivo

    La Corte citó a La Rioja y Topper por el conflicto impositivo

    El encuentro fue fijado para el 23 de septiembre a las 11. La Provincia pidió cerrar parte del reclamo por prescripción, pero el máximo tribunal postergó esa definición hasta la sentencia definitiva.

    La Corte Suprema de Justicia de la Nación citó a la Provincia de La Rioja y a Topper Argentina S.A., anteriormente denominada Alpargatas S.A.I.C., a una audiencia dentro del juicio en el que la empresa cuestiona normas fiscales provinciales y reclama la devolución de sumas que considera abonadas indebidamente.

    La audiencia se realizará el miércoles 23 de septiembre de 2026, a las 11, en el marco del expediente CSJ 1564/2018, caratulado “Topper Argentina S.A. c/ La Rioja, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad y repetición”.

    La convocatoria fue dispuesta bajo el artículo 360 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, correspondiente a la etapa preliminar del proceso. En esa instancia se ordenan las cuestiones discutidas, se define la prueba que deberá producirse y puede evaluarse si existe alguna posibilidad de acuerdo.

    La discusión por la prescripción seguirá abierta

    Antes de convocar a las partes, la Corte tuvo por contestado un traslado presentado por la empresa. Topper pidió que fuera rechazada, con costas, la excepción de prescripción promovida por la representación legal de La Rioja.

    El máximo tribunal decidió no resolver ese planteo ahora. En cambio, dispuso que su tratamiento quede diferido hasta el momento de dictar la sentencia definitiva.

    La prescripción constituye uno de los principales argumentos defensivos de la Provincia: si fuera admitida, podría impedir el tratamiento o cobro de obligaciones reclamadas por haber transcurrido el plazo legal. Topper sostiene lo contrario y pretende que la demanda sea analizada en su totalidad.

    La resolución no adelanta cuál será el criterio de la Corte ni determina que la empresa tenga derecho a recuperar dinero. Tampoco informa el monto actualizado del reclamo o las normas tributarias específicas cuestionadas, datos que forman parte de las actuaciones principales.

    Una causa iniciada en 2018

    El expediente comenzó en 2018 bajo la denominación de Alpargatas S.A.I.C. y posteriormente continuó con Topper Argentina como parte actora. La empresa promovió una acción declarativa de inconstitucionalidad acompañada de un pedido de repetición, mecanismo utilizado para solicitar la devolución de tributos que considera cobrados sin sustento constitucional.

    En noviembre de 2024, la Corte asumió su competencia originaria y ordenó trasladar la demanda al Gobierno riojano. La intervención directa del máximo tribunal se explica porque el litigio enfrenta a una empresa con una provincia y contiene un planteo de naturaleza federal.

    Casi dos años después, la causa ingresa ahora en una etapa decisiva. La audiencia permitirá delimitar los hechos controvertidos y la prueba antes de que el expediente avance hacia la sentencia que definirá tanto la cuestión tributaria como la excepción de prescripción.

    Para La Rioja, el resultado puede producir consecuencias fiscales y sentar un antecedente aplicable a otros reclamos empresariales contra el régimen provincial de Ingresos Brutos.

    La resolución completa

  • La Rioja pagará $195,6 millones por el Bono de Conversión 2031

    La Rioja pagará $195,6 millones por el Bono de Conversión 2031

    La Provincia afrontará el 15 de septiembre el decimoctavo servicio del título emitido en pesos. El desembolso incluye $127,2 millones de amortización y $68,4 millones de intereses, con una tasa Badlar anual del 21,56%.

    El Gobierno de La Rioja anunció que destinará $195.631.431,46 al próximo vencimiento del Bono de Conversión 2031, uno de los compromisos que integran la deuda pública provincial en moneda nacional.

    El Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas notificó a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires que los fondos serán puestos a disposición de los tenedores el martes 15 de septiembre.

    El pago corresponde al decimoctavo servicio del título e incluye dos componentes: $127.241.189,67 por amortización de capital y $68.390.241,79 en concepto de intereses.

    La obligación está identificada en el mercado como especie CVSA 42520 y el agente pagador será el Banco de la Nación Argentina.

    La baja de la Badlar redujo los intereses

    El período liquidado se extiende desde el 16 de junio hasta el 15 de septiembre de 2026. Para calcularlo se aplicó una tasa Badlar anual del 21,5585% y una tasa efectiva trimestral del 4,479%.

    El costo financiero muestra una disminución respecto del servicio anterior. En junio, cuando la tasa anual utilizada fue del 23,83%, La Rioja pagó $76,4 millones solamente por intereses. Ahora ese componente baja a $68,4 millones, una reducción nominal cercana al 10,5%.

    La erogación total, sin embargo, asciende a $195,6 millones porque en esta oportunidad también se cancela una porción del capital adeudado.

    El Bono de Conversión 2031 es un instrumento emitido en pesos que surgió de la reconversión de pasivos provinciales vinculados con préstamos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES. Su frecuencia de pago de intereses es trimestral y su rendimiento varía de acuerdo con la tasa Badlar.

    El contraste con la deuda en dólares

    El cumplimiento de este título vuelve a exhibir dos situaciones diferentes dentro de las finanzas riojanas. Mientras la Provincia atiende el bono denominado en pesos, continúa en cesación de pagos por el Bono Verde emitido en dólares para financiar el Parque Eólico Arauco.

    El Gobierno provincial confirmó en agosto que tampoco afrontaría el último vencimiento de capital e intereses de esa obligación internacional. La deuda permanece en proceso de renegociación y bajo reclamos judiciales de los acreedores.

    El nuevo desembolso del Bono de Conversión equivale a una obligación concreta para las cuentas públicas: casi $196 millones que deberán salir de los recursos provinciales durante septiembre, en un contexto marcado por restricciones presupuestarias y reclamos a la Nación por fondos no transferidos.

    Documento oficial

  • Boldt comenzó a operar apuestas online en La Rioja con bplay

    Boldt comenzó a operar apuestas online en La Rioja con bplay

    La compañía informó a la Comisión Nacional de Valores y a BYMA que inició la explotación del juego digital en la provincia. La licencia concedida por AJALAR es “no exclusiva”, aunque todavía no se difundieron públicamente el plazo de la concesión, el canon ni los ingresos proyectados para el Estado riojano.

    Boldt S.A. comenzó a explotar oficialmente el negocio de los juegos y las apuestas online en La Rioja mediante su plataforma bplay, según comunicó la propia empresa este 3 de septiembre a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y a Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA).

    El desembarco se concretó en el marco del contrato de concesión autorizado por la Administración Provincial de Juegos de Azar de La Rioja (AJALAR), mediante la Resolución 245/25. El organismo provincial otorgó a la compañía una licencia “no exclusiva”, condición que permite la eventual habilitación de otros operadores.

    “Boldt S.A. ha dado inicio a las actividades de explotación de la actividad de Juego Online en la Provincia de La Rioja”, informó la empresa en la presentación firmada por Gabriel Amillano Cuesta, responsable de Relaciones con el Mercado.

    La comunicación constituye la primera confirmación empresarial del inicio efectivo de las operaciones. Boldt aseguró que el lanzamiento permitirá fortalecer el posicionamiento nacional de bplay e incrementar su participación en un mercado que calificó como “altamente competitivo”.

    Apuestas deportivas y casino desde dispositivos

    La plataforma comercializa apuestas deportivas y diferentes modalidades de casino digital, entre ellas tragamonedas, ruleta, blackjack, bingo y juegos con crupieres en vivo. La empresa la presenta como una propuesta íntegramente argentina y restringe su utilización a personas mayores de 18 años.

    La Rioja se incorpora así al proceso de expansión territorial de la compañía. Antes de este lanzamiento, la marca ya había desarrollado actividades en jurisdicciones como la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Mendoza, Jujuy y Santiago del Estero.

    Los datos que aún debe informar AJALAR

    El comunicado bursátil no precisa cuánto deberá pagar Boldt por la licencia, qué porcentaje de las apuestas o de los ingresos recibirá la Provincia, cuánto dura la concesión ni qué obligaciones de inversión fueron establecidas.

    Tampoco detalla los mecanismos previstos para controlar la identidad y ubicación de los apostadores, impedir el acceso de menores, fiscalizar los movimientos de dinero o atender casos de ludopatía.

    La apertura de una nueva modalidad de apuestas reguladas puede ampliar la recaudación provincial y desplazar plataformas clandestinas. Sin embargo, también demanda transparencia sobre las condiciones económicas del contrato, controles tecnológicos y políticas de prevención del juego problemático. Esos aspectos deberán ser aclarados por AJALAR para conocer el impacto completo de la concesión.

    Documento completo