El presidente Javier Milei dispuso bloquear la emisión de cuasimonedas al gobernador Ricardo Quintela. Fue el ministro del Interior, Guillermo Francos, quien blanqueó la definición de la Casa Rosada, mientras que un grupo de abogados elaboró un dictamen para el Banco Central sobre los bonos.
El ministro del Interior, Guillermo Francos, envió una carta al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, advirtiéndole que la cuasimoneda para hacer frente a los gastos presupuestarios de su gestión es ilegal, sugiriendo además que el Gobierno nacional podría evaluar modificaciones en las futuras transferencias del Estado Nacional si continúa la vigencia de este instrumento financiero.
Según comunicó Francos, el Ministerio de Economía ya está notificado para que pueda tomar intervención el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal a los fines de que analicen sanciones a la provincia.
Mientras que su cartera evaluará «la viabilidad de efectuar transferencias presupuestarias del Gobierno Nacional con destino a la Provincia de La Rioja que no sean originadas en impuestos nacionales coparticipables de transferencia automática».
«Asimismo, se limitará el otorgamiento de avales a las solicitudes de endeudamiento que pudiera formular la Provincia de La Rioja, en el marco de la intervención que le compete a esta Jurisdicción por el art. 25 Ley N ° 25.917», finaliza la misiva.
El funcionario nacional mandó la carta luego de que el Banco Central (BCRA) se comunicara con Interior a raíz de la emisión de los nuevos bonos riojanos -denominados Bocade-. Según marcan, estos contradicen su Carta Orgánica y diferentes disposiciones de la Constitución Nacional.
A su vez, el Instituto de Derecho Bancario de Abogados es un organismo independiente conformado por abogados técnicos. Dicha institución elaboró un dictamen preparado por los doctores Enrique Fernández Sáenz y Eduardo Barreira Delfino, director del Instituto, ambos abogados.
El Banco Central como organismo se nutre siempre de estudios privados elaborados de éste tipo, que le sirven para la toma de decisiones.
En la oportunidad, explican la imposibilidad de usar en ninguna provincia las cuasimonedas: «Generan perjuicios a las personas que los reciben compulsivamente por parte del estado provincial dado que será objeto de descuento importantes o significativos, reduciendo sueldos y acreencias de quiénes los acepten. Ha sido común observar precios de mercaderías y servicios expresados en pesos y la posibilidad de aceptar bonos, pero a la hora de concretar las operación el pago en bonos resultaba cuando menos un 30% más caro».
