En los años electorales, se evidencia un aumento significativo en el gasto destinado a ministerios y secretarías, que incluye la creación de cargos, la compra de vehículos y el uso de combustibles. Tras la derrota de 2023, se anunció una drástica reducción del gasto político para redirigirlo hacia la salud y la educación.
El gasto en la estructura política del gobierno ha mostrado un notable incremento durante los años electorales, según recientes declaraciones de Diego Molina Gómez, ex concejal y figura clave de la oposición en La Rioja. En su crítica, Molina Gómez destacó el crecimiento de lo que llamó una «guardia pretoriana», refiriéndose a la ampliación de 16 ministerios y 46 secretarías, lo que implicó la asignación de más cargos, la compra de camionetas y el aumento en el consumo de combustibles.
Este fenómeno no es exclusivo de La Rioja, sino que se repite en diversas administraciones provinciales y nacionales. «Cargos, camionetas, combustibles y dádivas son el reflejo de un esfuerzo por consolidar el poder en tiempos electorales», comentó Molina Gómez a través de sus redes sociales. Según el ex concejal, esta práctica ha sido una constante en los últimos ciclos electorales.
Sin embargo, tras la derrota electoral sufrida en 2023, el panorama parece haber cambiado. Según el propio Molina Gómez, el impacto de esa derrota fue tal que el gobierno decidió reorientar su enfoque presupuestario. En lugar de continuar con el gasto expansivo en la estructura política, se optó por recortar de manera significativa estos fondos y redirigirlos a áreas clave como la salud y la educación, sectores que han enfrentado serias dificultades en los últimos años.
Esta medida, aunque vista por algunos como una decisión necesaria para atender las necesidades sociales, también genera dudas sobre su implementación efectiva y la magnitud real del ajuste. «La gente necesita más inversiones en hospitales, escuelas y servicios básicos, no más cargos políticos», enfatizó Molina Gómez, quien se posiciona como un crítico activo del gobierno actual.
La promesa de recortar el gasto político y priorizar áreas sensibles será observada de cerca, en un contexto en el que las demandas por mejoras en servicios esenciales son cada vez más urgentes.
