La provincia atraviesa una crisis profunda con múltiples frentes abiertos. Desde el default por el bono verde hasta los reclamos de CAMMESA y la Corte Suprema, sumado al conflicto docente y los bajos salarios estatales, La Rioja depende casi exclusivamente de la coparticipación federal. Con un horizonte crítico hasta 2027, las tensiones sociales y financieras continúan en aumento.
La situación económica y social de La Rioja se encuentra en un punto crítico, con varios problemas simultáneos que dificultan el futuro de la provincia. El default por el bono verde y la venta de parte del Parque Eólico Arauco marcan la pauta de una crisis financiera que limita las fuentes de ingresos, mientras que la minería, vista como una posible solución, ha quedado paralizada tras la ruptura del convenio con la empresa canadiense Sendero, que dirigía potenciales proyectos extractivos.
En el plano energético, CAMMESA ha demandado a EDELAR, la distribuidora eléctrica provincial, por el impago de deudas acumuladas, lo que suma un nuevo problema a la administración riojana. Por otro lado, los titulares de licencias mineras han acudido a la Corte Suprema para reclamar la restitución de sus concesiones, después de que la provincia les retirara los derechos de explotación.
Además, la Nación ha comenzado a exigir a La Rioja la devolución de fondos que fueron asignados para obras públicas que no se llevaron a cabo, incrementando la presión sobre las finanzas provinciales. Este contexto económico adverso se agrava con los conflictos salariales en el sector público, especialmente entre los docentes, que amenazan cerrar septiembre sim clases debido a la falta de respuestas a sus demandas. Los salarios estatales en La Rioja están entre los más bajos del país, y la única industria significativa en la provincia es el empleo público, lo que refleja una dependencia estructural insostenible.
Con la emisión de bonos «chachos» respaldados únicamente por los fondos de coparticipación, la provincia asume un alto riesgo financiero, apostando por recursos futuros sin un respaldo económico sólido. Frente a este complejo panorama, el gobierno de La Rioja debe enfrentarse a un desafío monumental que podría definir los próximos tres años de gestión hasta diciembre de 2027. La combinación de demandas judiciales, crisis energética, conflictos salariales y presión por parte de la Nación plantea un escenario incierto que requiere soluciones urgentes y estratégicas para evitar un colapso mayor.
