La Asociación de Maestros y Profesores (AMP) ha presentado una acción de certeza e inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en contra del Gobierno de La Rioja. La causa, que avanza en su tramitación, busca impugnar la validez de determinadas normativas provinciales. En el proceso, se han registrado avances significativos, incluyendo la emisión de despachos y la recepción de pagos de tasas judiciales.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación continúa con el tratamiento del expediente CSJ 002133/2024-00, iniciado por la Asociación de Maestros y Profesores (AMP) en su demanda contra el Gobierno de La Rioja por presunta inconstitucionalidad de ciertas disposiciones. La AMP, que representa a docentes en la provincia, ha manifestado su desacuerdo con normas implementadas por el gobierno provincial, argumentando que estas afectan derechos consagrados a nivel nacional.
El expediente ha registrado una serie de movimientos recientes. El 14 de noviembre de 2024, se emitió un despacho bajo el concepto de «HACE SABER», avanzando en las notificaciones correspondientes. Asimismo, el 31 de octubre y el 28 de octubre de este año se sumaron escritos y documentos relacionados con la demanda, mientras que el 24 de octubre se procesaron pagos de tasas de justicia y bonos, los cuales fueron realizados por una de las partes involucradas, la representante Flores Díaz, Marianela Eva.
Entre los documentos registrados, también se incluyen cédulas electrónicas que fueron notificadas el 22 de octubre a la Procuración General de la Nación, en un proceso que denota la importancia y complejidad de este expediente en el ámbito judicial. El avance en la causa se ha dado bajo la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte, destacando la formalidad y el nivel de intervención requerido para un proceso de estas características.
Con este proceso, la AMP busca que la Corte Suprema declare inconstitucionales las normativas cuestionadas, protegiendo los derechos de los docentes y reafirmando la importancia del respeto a la Constitución Nacional en las disposiciones provinciales. La resolución de este caso sentará un precedente importante para futuros conflictos entre asociaciones civiles y gobiernos provinciales en materia de derechos constitucionales.
