Tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja de rechazar la vía de amparo para cuestionar la ley provincial que afecta sus concesiones, los empresarios mineros Víctor Pablo Zoltan y su socio decidieron llevar el caso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El fallo podría indicar que el Juicio de Inconstitucionalidad sería el procedimiento adecuado.
La disputa legal entre los concesionarios mineros y el Gobierno de La Rioja ha escalado a nivel nacional. El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja rechazó recientemente un recurso de amparo presentado por Víctor Pablo Zoltan y otro concesionario, quienes buscaban frenar la aplicación de la Ley Provincial Nº 10.608, que regula los derechos sobre las concesiones mineras «La Vela,» «La Mula» y «La Verde». Los demandantes argumentan que la norma provincial vulnera sus derechos constitucionales y que las medidas administrativas que derivan de ella afectan gravemente sus propiedades.
En su fallo, el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja determinó que el recurso de amparo no era el procedimiento adecuado para discutir la inconstitucionalidad de la ley provincial. El tribunal señaló que la vía correspondiente para este tipo de planteos sería un Juicio de Inconstitucionalidad, que permitiría un análisis más profundo, con mayor posibilidad de debate y presentación de pruebas.
Ante el rechazo del amparo por parte de la justicia provincial, los demandantes decidieron elevar la causa a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La causa fue registrada en el máximo tribunal bajo el expediente CSJ 000902/2024-00, y actualmente se encuentra en etapa de «giro», de acuerdo con el sistema de seguimiento judicial.
Este movimiento refleja la importancia del caso, que no solo involucra intereses económicos significativos, sino que también plantea una disputa sobre el alcance de la legislación provincial y sus posibles conflictos con los derechos constitucionales. Los empresarios esperan que la Corte Suprema revise el fallo provincial y emita una resolución favorable que permita avanzar en la protección de sus derechos sobre las concesiones mineras.
Con esta decisión, la Corte Suprema tendrá la última palabra sobre si el reclamo de inconstitucionalidad puede prosperar, en un caso que podría sentar precedentes sobre la interacción entre normativas provinciales y garantías constitucionales en el ámbito minero.
