El Gobierno de La Rioja enfrenta un importante desafío legal en la construcción del Gasoducto Productivo Etapa II, llevando el conflicto sobre el financiamiento estancado hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En La Rioja, un proyecto clave para el desarrollo de infraestructura enfrenta obstáculos significativos. ELARGAS SAPEM y el gobierno provincial han presentado una acción de amparo contra la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía de la Nación, alegando incumplimientos en los compromisos financieros para la construcción de la segunda etapa del Gasoducto Productivo de la provincia, que se extiende de Patquía a Chilecito.
El conflicto, originado por la falta de desembolsos prometidos que suman aproximadamente $3.750 millones, ha llevado a que la provincia solicite medidas cautelares para prevenir daños adicionales y el deterioro de las construcciones ya iniciadas. Los representantes de La Rioja argumentan que la paralización del proyecto no solo afecta el progreso económico regional sino también compromete el bienestar social, al retrasar una infraestructura crítica para el suministro de gas natural en varias localidades.
La cuestión ha escalado hasta el Juzgado Federal de La Rioja, el cual ha declarado su incompetencia en el asunto, refiriendo el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esta decisión subraya la complejidad y la significancia del caso, involucrando directamente intereses entre la provincia y el Estado Nacional, lo cual requiere una resolución en la máxima instancia judicial del país.
Este caso no solo pone de relieve los desafíos de la cooperación y coordinación entre los gobiernos provincial y nacional, sino que también subraya la importancia de garantizar el cumplimiento de los acuerdos para fomentar el desarrollo regional sostenible. Con la obra presentando un avance superior al 93%, la resolución de este litigio será decisiva para el futuro energético y económico de La Rioja.
