La provincia de La Rioja, a través de su abogado Jorge Yoma, reclama a la Corte Suprema de Justicia el mismo trato que recibieron Córdoba y CABA en sus disputas con el Gobierno nacional, exigiendo una audiencia de conciliación por una deuda de $850 millones de dólares en fondos extracoparticipables no enviados.
La disputa por los fondos extracoparticipables entre La Rioja y el Gobierno nacional se intensifica. Jorge Yoma, abogado de la provincia ante la Corte Suprema, ha exigido al máximo tribunal que otorgue a La Rioja el mismo tratamiento que dispensó a Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en casos similares, solicitando una audiencia de conciliación para resolver la controversia.
Una deuda de $850 millones de dólares y un incumplimiento histórico
La Rioja reclama el cumplimiento del Artículo 83 del Presupuesto Nacional 2023, que fue reconducido por dos años consecutivos y que establece el envío de fondos nacionales a la provincia. «Es una demanda que presentamos en marzo del año pasado que se refiere al cumplimiento del artículo 83 del Presupuesto Nacional, que hace referencia a los fondos nacionales que se deben enviar a La Rioja. Viene hace 30 años y todos los gobiernos los respetaron. En este caso puntual establecía 43 mil millones de pesos distribuidos en 12 cuotas», explicó Yoma.
El letrado peronista fue enfático al señalar que «Milei es el único presidente desde el retorno de la democracia que no cumple con la Ley de Presupuesto y con el respeto a la Constitución Nacional». La cifra actualizada de esta deuda, incluyendo la devaluación, asciende a un equivalente de 850 millones de dólares, lo que representa un monto crítico para las finanzas provinciales.
Yoma destacó que esta es la cuarta vez que presentan un «urgente pronto despacho», haciendo hincapié en la disparidad de criterios: «lo que pasa con CABA o con Córdoba lo resolvió y convocó a una audiencia de conciliación entre las partes». El abogado riojano insiste en que su provincia tiene «el mismo derecho a tener justicia, que la Corte nos convoque a una audiencia de conciliación».
A pesar de la urgencia del reclamo, Yoma moderó el tono respecto al accionar de la Corte, indicando: «no creo que haya animosidad de la Corte, creo que la Corte tiene sus tiempos y que esos tiempos no son los de los Gobiernos, los de los Hospitales, de los trabajadores estatales». Esta declaración subraya la presión que ejerce la falta de estos fondos sobre la operatividad del estado provincial y sus servicios esenciales.
