Los apoderados de la provincia reclamaron una cautelar urgente ante el máximo tribunal por la retención del 50% de los fondos coparticipables. Advirtieron que la inacción judicial forzó la emisión de los Chachos y la cesación de pagos con los acreedores internacionales.
El conflicto financiero e institucional entre la provincia de La Rioja y la administración de Javier Milei escaló este jueves a su punto de máxima confrontación en los estrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En representación del gobernador Ricardo Quintela, los abogados Jorge Raúl Yoma y Andrés Gil Domínguez presentaron formalmente un recurso de pronto despacho en el expediente CSJN 1787/2017 («La Rioja c/ Estado Nacional»), intimando al máximo tribunal del país a dictar sin más dilaciones la medida cautelar solicitada hace un mes y fijar una nueva audiencia entre las partes.
La presentación judicial desnudó el impacto directo que el ahogo de transferencias genera sobre la estructura económica del distrito. En el escrito, los letrados sostuvieron que la omisión injustificada de la Corte para resolver la cautelar pedida el 17 de septiembre se vincula de manera causal con la necesidad del gobierno provincial de emitir la cuasimoneda BOCADE y declararse en cesación de pagos con los tenedores de bonos internacionales, configurando un cuadro de extrema gravedad institucional.
El reclamo cuantificó la deuda histórica acumulada en una cifra actualizada que asciende a 2.000 millones de dólares. Según fundamentó Yoma a través de sus canales oficiales, la obligación legal surge del artículo 83 del Presupuesto nacional que fijó las partidas compensatorias por el punto de coparticipación cedido en 1988, denunciando que la retención indebida del 50% de esos recursos constituye un latrocinio ejecutado por el gobierno libertario contra el pueblo riojano.
La presentación ante la Corte: pronto despacho por una cautelar encajonada
El documento ingresado en el Palacio de Tribunales advierte que la solicitud de una medida cautelar y la convocatoria a una audiencia de conciliación se encuentran paralizadas en la secretaría judicial sin haber sido despachadas en tiempo y forma. Ante esa inactividad, los representantes riojanos reclamaron que los ministros del tribunal supremo se pronuncien de inmediato para frenar el estrangulamiento de las cuentas públicas.
Yoma y Gil Domínguez argumentaron que el máximo tribunal no puede desentenderse de las consecuencias prácticas de su silencio administrativo. La cautelar requerida busca que la Nación restituya de manera inmediata el flujo diario de los fondos compensatorios establecidos por ley, los cuales fueron suspendidos unilateralmente por el Ministerio de Economía desde el inicio de la gestión libertaria.
En los tribunales federales interpretan el escrito como una presión directa sobre la Corte en momentos donde el cuerpo colegiado funciona con solo tres miembros. La estrategia del oficialismo provincial apunta a poner en evidencia que la falta de resolución judicial condiciona la prestación básica de servicios públicos esenciales como la salud y la seguridad en el interior riojano.
La deuda de USD 2.000 millones, los Chachos y el default financiero
El nudo central del planteo constitucional radica en la naturaleza de los fondos reclamados. La defensa de la provincia remarcó que el artículo 83 de la pauta presupuestaria nacional —prorrogada sucesivamente— fijó asignaciones mensuales e intransferibles a favor de La Rioja y sus municipios para compensar el despojo del coeficiente coparticipable de fines de los años ochenta.
Al actualizar los montos adeudados y las penalidades acumuladas, la cifra supera holgadamente los 2.000 millones de dólares. Yoma remarcó que fue precisamente la sustracción de esa masa de dinero la que obligó al Poder Ejecutivo riojano a recurrir a la emisión de bonos de emergencia para abonar salarios y postergar los compromisos de deuda externa con acreedores privados para evitar la parálisis de los hospitales y las escuelas.
Desde la óptica de los abogados patrocinantes, resulta inaceptable que la Casa Rosada justifique el equilibrio fiscal privando a un estado provincial autónomo de recursos previstos en leyes especiales. El pedido de pronto despacho busca que la Justicia reconozca que la emisión de instrumentos de pago locales y la reestructuración de pasivos fueron consecuencias forzadas de la morosidad estatal nacional.
Dardo a los legisladores libertarios por el Presupuesto nacional
El pronunciamiento público de Yoma incorporó un apartado de alto contenido político al cuestionar la conducta de los diputados y senadores nacionales de La Libertad Avanza por La Rioja. El ex embajador y legislador fustigó la complicidad de quienes representan a la provincia en el Congreso por convalidar un proyecto de Presupuesto 2027 que, por primera vez en casi tres décadas, elimina de cuajo el artículo compensatorio para el distrito.
El dirigente peronista calificó el recorte presupuestario de castigo y violencia incalificable hacia la ciudadanía riojana, acusando a la bancada conducida por Martín Menem de avalar el desfinanciamiento de su propia tierra a cambio de obediencia a Balcarce 50. Para el letrado, la supresión de esos fondos en el proyecto de ley nacional consolida una discriminación geográfica que viola el principio de solidaridad federal.
Con el pronto despacho formalizado y la firma de Gil Domínguez y Yoma estampada en el expediente, la pelota quedó nuevamente en el despacho de la Corte Suprema. La determinación que adopten los magistrados marcará el destino de un diferendo económico que define la viabilidad financiera de La Rioja y pone a prueba el rol del Poder Judicial como árbitro del federalismo argentino.
