Un abogado denuncia inacción del organismo que preside Claudio Saúl en el caso de una jueza procesada por cohecho, prevaricato y estafa.
La polémica envuelve al sistema judicial riojano. El abogado David Calipo, quien impulsó la denuncia contra la jueza de Instrucción Virginia Illanes Bordón, lanzó una contundente acusación contra el Consejo de la Magistratura de La Rioja. Según Calipo, el organismo, presidido por el juez del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Claudio Saúl, muestra una incomprensible pasividad frente al grave caso que involucra a la magistrada.
«No hay ninguna respuesta de parte del Consejo de la Magistratura«, afirmó Calipo en diálogo con Radio La Red. El letrado no se anduvo con rodeos y señaló que, pese a haberse designado comisiones para abordar el asunto, estas «no han hecho nada». La frase más explosiva de Calipo no tardó en llegar: «Hay complicidad institucional a favor de los funcionarios que corrompen«, sentenció, expresando su desilusión al admitir que «pensé que iba a funcionar diferente».
Una jueza procesada y un silencio inquietante
La situación de la jueza Virginia Illanes Bordón, titular del Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N°2 de Chilecito, es de extrema gravedad. En mayo de este año, el juez de Instrucción Alberto Marcelo Carrizo resolvió procesarla por su presunta responsabilidad en los delitos de cohecho pasivo agravado, prevaricato y y estafa.
La resolución judicial es explícita: sostiene que Illanes Bordón habría recibido sobornos para alterar el curso de investigaciones judiciales y dictar fallos contrarios a derecho, configurando un «grave atentado contra la administración de justicia». La causa se inició a partir de una denuncia presentada por Beatriz del Carmen Sacco, y la investigación ha desnudado posibles manejos irregulares en el desempeño de la magistrada.
Tras el procesamiento, el juez Carrizo fue directo: ordenó remitir copias certificadas del expediente a la Legislatura provincial para que se inicie el procedimiento constitucional de desafuero. Además, el Tribunal Superior de Justicia y el propio Consejo de la Magistratura ya fueron notificados formalmente de la situación judicial de Illanes Bordón. Este conocimiento oficial por parte de los organismos de control acrecienta el interrogante sobre la inacción del Consejo frente a un caso de tamaña envergadura institucional. La pelota, ahora, parece estar del lado de la política y el control interno del Poder Judicial.
