Un informe explosivo de Editorial Ruido y Conectas reveló que en la provincia los cinco miembros del Tribunal Superior de Justicia tuvieron vínculos directos con el poder político. El caso más llamativo es el de Ana Karina Becerra, sobrina del gobernador Ricardo Quintela. El estudio denuncia, además, la falta de transparencia en la provincia, que nunca respondió a los pedidos de información.
LA RIOJA. La provincia se encuentra en el centro de un polémico informe que pone en tela de juicio la independencia de su Poder Judicial. Un estudio realizado por Editorial Ruido y Conectas reveló que La Rioja encabeza el ranking nacional de provincias con jueces políticamente vinculados. En el distrito, el 100% de los miembros del Tribunal Superior de Justicia mantuvo vínculos con los gobiernos que los designaron.
A nivel nacional, el informe analizó a 138 magistrados y determinó que el 64% de los jueces de las Cortes Provinciales tuvo vínculos con el poder político de turno.
El director de Editorial Ruido, Edgardo Lidvinov, afirmó que este resultado fue «incluso más alto de lo que esperábamos». La Rioja comparte el primer puesto con San Juan y San Luis, donde también el 100% de los jueces superiores tiene antecedentes en cargos públicos.
El caso de La Rioja y la falta de transparencia
El informe destaca el caso de La Rioja como uno de los más preocupantes. Lidvinov señaló que los cinco miembros del máximo tribunal provincial tuvieron vínculos directos con gobiernos del mismo signo político, ocupando cargos como fiscales, ministros o secretarios. En particular, el director se refirió a la jueza Ana Karina Becerra, quien además de ser funcionaria, es sobrina del gobernador Ricardo Quintela.
Uno de los mayores desafíos de la investigación fue la opacidad en el acceso a la información pública. Lidvinov confirmó que en los tres años que llevan haciendo relevamientos, «La Rioja nunca respondió a ningún pedido». El informe critica esta falta de transparencia, destacando que, si bien existe una ley de acceso a la información pública en la provincia, esta aún no fue reglamentada, lo que no justifica la negativa a entregar los datos.
Legalidad versus legitimidad
Lidvinov advirtió que, aunque estas designaciones se realicen conforme a la ley, no siempre garantizan la legitimidad y la independencia de la Justicia. El estudio recoge múltiples ejemplos de fallos judiciales provinciales que beneficiaron a los gobiernos con los que los jueces tuvieron vínculos previos, lo que plantea serios interrogantes sobre la autonomía de la justicia en la provincia.
