El gobierno de Quintela señala al ajuste nacional como el responsable de la crisis habitacional y la paralización de obras, mientras exhibe con recursos propios un proyecto de viviendas como símbolo de su gestión protectora.
LA RIOJA. En un contexto de crisis económica, el gobierno de La Rioja ha adoptado una estrategia política clara: atribuir la totalidad de los problemas de la provincia a las políticas de la gestión de Javier Milei. Esta narrativa, que busca erigir al peronismo local como el único protector de los riojanos, se manifiesta en cada acción de gestión, como la reciente finalización de un proyecto de viviendas en una comunidad rural y los esfuerzos por mitigar la crisis en el mercado de alquileres.
La conclusión de las obras en Salinas de Bustos, una localidad rural a 150 kilómetros de la capital, es un ejemplo contundente de esta estrategia. El secretario de Desarrollo Urbano y Hábitat Rural, Pedro Daniel Flores, no dudó en señalar al gobierno nacional como el responsable del cese del financiamiento para las 19 viviendas destinadas a una comunidad indígena. «Con la llegada del nuevo Gobierno nacional, el envío de fondos se suspendió», afirmó Flores, dejando claro que el proyecto se pudo terminar gracias al “esfuerzo y la impronta” del gobernador Ricardo Quintela y con recursos provinciales. La obra, por tanto, se convierte en un símbolo de la lucha del peronismo local contra el abandono del gobierno central.
La crisis de los alquileres, otro mal atribuido a la Nación
La misma lógica se aplica a la crisis habitacional que afecta a los riojanos. El ministro de Vivienda, Ariel Puy Soria, calificó la situación como una «crisis» generada por la derogación de la Ley de Alquileres, una decisión del gobierno de Milei. Puy Soria cuantificó el problema: «más de 50 mil inquilinos riojanos» afectados que, según él, se ven obligados a regresar a los hogares familiares o a vivir en condiciones de hacinamiento.
El funcionario también amplió la acusación al señalar que la falta de inversión pública y el acceso restringido al crédito hipotecario, también son producto de una «política nacional de vivienda [que] deja afuera a provincias como la nuestra». Al articular acciones con el Colegio de Escribanos y la Cámara Inmobiliaria, el gobierno de La Rioja no solo busca una solución al problema, sino que refuerza su imagen de gestor protector, actuando para corregir los «males» que, según su discurso, son responsabilidad exclusiva de la administración de Milei.
