La provincia interpuso un recurso a favor de una mujer cuya pensión fue suspendida por el Gobierno nacional. El gobernador Ricardo Quintela dispuso que el Estado provincial brinde patrocinio legal gratuito a los afectados.
LA RIOJA.- La provincia de La Rioja dio un paso crucial en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad al presentar el primer recurso de amparo individual para revertir la suspensión de una pensión no contributiva. La acción judicial, interpuesta este lunes, busca restituir el beneficio a una mujer con problemas de salud mental que fue afectada por una resolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
El amparo, acompañado de una medida cautelar, fue presentado ante la Justicia Federal por los abogados Marcos Rodríguez y Ana Astorga. El escrito argumenta que la baja fue «arbitraria e ilegítima» y busca la restitución inmediata y retroactiva de la pensión, dado que la suspensión se realizó sin respetar los procedimientos ni los plazos legales.
La ofensiva legal de la provincia
El gobernador Ricardo Quintela ha ordenado a los asesores legales del Estado provincial que brinden patrocinio gratuito a todas las personas que se encuentren en una situación similar. Además, adelantó que se está trabajando en la presentación de un amparo colectivo que brinde una respuesta integral a todos los damnificados en la provincia.
Los abogados que llevan el caso resaltaron la gravedad de la situación. “No es la única persona de la provincia a la que le fue cercenado su derecho en forma ilegítima e inhumana”, expresó Rodríguez. Por su parte, Astorga subrayó que se trata de «cuestiones sensibles» y que una enfermedad psiquiátrica «no admite dilaciones ni esperas», haciendo hincapié en la falta de humanidad de la medida.
Desde la Universidad Popular de La Rioja, la abogada Samira Mitre confirmó que ya han recibido numerosas consultas de personas afectadas por la suspensión de sus pensiones. Mitre valoró la decisión del gobierno provincial y criticó la política de un Gobierno nacional al que acusó de estar en una «actitud de desamparo total hacia las personas con discapacidad». La vía judicial, aseguró, es la herramienta para frenar estas suspensiones y garantizar los derechos.
