José Mayans no logra reunir el quórum para modificar la ley de DNU. La ruptura se profundiza por la exigencia del espacio «Convicción Federal», que impulsa al riojano Ricardo Guerra como auditor, desafiando el acuerdo entre el Instituto Patria y un sector de la UCR. El oficialismo celebra la división
El plan del peronismo de imponer una última demostración de fuerza en el Senado antes del recambio legislativo quedó al borde del colapso. Lo que se proyectaba como una sesión clave para modificar la ley de DNU y blindar la Auditoría General de la Nación (AGN) con nombres propios, se transformó en un escenario de fractura expuesta dentro de la oposición. La traba principal no es solo la resistencia de La Libertad Avanza, sino una rebelión interna encabezada por el bloque Convicción Federal, que responde a los gobernadores del norte y tiene a La Rioja como protagonista central.
La intención del interbloque de Unión por la Patria (UP), comandado por José Mayans y Anabel Fernández Sagasti, era sesionar este miércoles. La matemática parecía cerrar con lo justo: a los 33 senadores propios se sumarían Guadalupe Tagliaferri (PRO) y los radicales Martín Lousteau y Pablo Blanco. Sin embargo, la cuenta falló en el lugar menos esperado: el propio seno del peronismo.
El «factor La Rioja» y el nombre de la discordia
El nudo del conflicto es la designación de los tres auditores que le corresponden a la Cámara alta. Mayans había tejido un acuerdo con un sector de la UCR para ratificar a Javier Fernández, sumar al tributarista Carlos Raúl Gutiérrez Ortiz y ceder el tercer lugar al radical Luis Naidenoff.
Pero el esquema estalló por el aire ante la negativa del bloque Convicción Federal, integrado por Fernando Rejal (La Rioja), Guillermo Andrada (Catamarca), Carolina Moisés (Jujuy) y Fernando Salino (San Luis). Estos cuatro senadores, que funcionan como el brazo legislativo de los gobernadores disidentes de la conducción de Cristina Kirchner, exigen que uno de los asientos en la AGN sea para Ricardo Guerra.
Guerra, exsenador y exministro de Hacienda de La Rioja, es un hombre de extrema confianza del gobernador Ricardo Quintela. Su postulación es un mensaje político directo: los mandatarios provinciales no están dispuestos a ceder los organismos de control al kirchnerismo del AMBA sin dar pelea.
«Son cuatro y quieren imponer una banca en la AGN y poner en riesgo la unidad del peronismo. No se entiende a qué juegan», bramó una senadora del círculo íntimo de la ex Presidenta, evidenciando la furia que reina en el Instituto Patria.
El triunfo silencioso de Karina Milei
Mientras el peronismo se desangra en su interna, en la Casa Rosada respiran aliviados. Karina Milei ya había activado los teléfonos para desactivar la sesión, acordando con los bloques del PRO y la UCR dialoguista no prestar quórum para nombrar auditores antes del 10 de diciembre. «El Jefe» busca que esos lugares se negocien con la nueva composición del Senado, donde el oficialismo pasará a tener 21 bancas y el peronismo podría reducirse a 20 si se formalizan las rupturas.
Con Tagliaferri, Lousteau y Blanco como únicos aliados externos dispuestos a bajar al recinto, Mayans necesita asistencia perfecta de su tropa. Sin el apoyo de Rejal y sus compañeros de bancada —que condicionan su presencia a la designación del riojano Guerra—, el número mágico de 37 senadores para el quórum se vuelve inalcanzable.
Así, la ley de DNU y los cargos en la AGN quedarían en el limbo, y La Rioja, a través de la figura de Quintela, vuelve a demostrar que su estrategia de diferenciación con Buenos Aires tiene el peso suficiente para paralizar la Cámara alta.
