El gobernador Ricardo Quintela promulgó la ley que modifica la jurisdicción de las Unidades Regionales; la medida busca optimizar la logística en los Llanos Norte y otorga un plazo de 90 días al Ministerio de Seguridad para readecuar los recursos.
El gobierno de La Rioja oficializó una reestructuración clave en el despliegue territorial de la fuerza de seguridad provincial. A través del Decreto Nº 1.632, el gobernador Ricardo Quintela promulgó la Ley N° 10.848, una normativa sancionada por la Cámara de Diputados que modifica la Ley Orgánica policial para reorganizar las jurisdicciones operativas en el interior, con el foco puesto en la optimización de recursos en la región de los Llanos.
La iniciativa, impulsada legislativamente por el diputado Fabián Nicolás Gauna, altera el artículo 53º de la Ley Nº 9.940 y redefine el mapa de las Unidades Regionales de Policía. El cambio más significativo es el traspaso del departamento General Ortiz de Ocampo, que pasará a depender operativamente de la jefatura con asiento en Chamical.
El nuevo esquema territorial
Según el texto de la norma, la división territorial se ajustará «de conformidad a las regiones reconocidas en la Constitución Provincial». De esta manera, la estructura de seguridad quedó conformada por seis grandes bloques operativos:
- Unidad Regional I (Valle del Bermejo): Departamentos Vinchina, General Lamadrid y Coronel Felipe Varela.
- Unidad Regional II (Valle del Famatina): Departamentos Famatina y Chilecito.
- Unidad Regional III (Región Norte): Departamentos Arauco, Castro Barros y San Blas de Los Sauces.
- Unidad Regional IV (Región Centro): Departamentos «Capital y Sanagasta».
- Unidad Regional V (Llanos Norte): Es la unidad que sufre la modificación principal, integrando ahora a los departamentos «Independencia, General Ángel Vicente Peñaloza, Chamical, General Belgrano y General Ortiz de Ocampo».
- Unidad Regional VI (Llanos Sur): Departamentos General Juan Facundo Quiroga, Rosario Vera Peñaloza y General San Martín.
Plazos y logística
La ley no se limita a un cambio administrativo en los papeles, sino que exige una readecuación física y presupuestaria inmediata. En su articulado, la Legislatura —presidida por Teresita Madera— instruyó al Ministerio de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos a avanzar con la ejecución del traspaso.
La normativa ordena disponer «las medidas administrativas, logísticas y presupuestarias necesarias para efectivizar el traspaso del departamento General Ocampo a la jurisdicción operativa de la Unidad Regional V».
Para evitar dilaciones burocráticas, el texto legal fija una fecha límite para completar la transición: el ministerio tendrá «un plazo no mayor a noventa (90) días desde la promulgación» para concretar la mudanza operativa y funcional de los efectivos y recursos bajo el nuevo mando regional.
El decreto de promulgación lleva las firmas del mandatario provincial y de Juan Luna, a cargo de la Secretaría General de la Gobernación, cerrando el circuito administrativo iniciado tras la sesión legislativa del 6 de noviembre de 2025.
