Mientras las provincias normalizan sus deudas, el gobierno de Ricardo Quintela se mantiene en rebeldía con los mercados internacionales. El distrito solo pagó vencimientos marginales en pesos y su participación en el flujo nacional de crédito es casi nula.
La economía de La Rioja atraviesa un proceso de aislamiento financiero que la separa del resto de las provincias argentinas. En un enero de 2026 marcado por el cumplimiento de obligaciones en moneda extranjera de la mayoría de los gobernadores, la gestión riojana ratifica su posición como el único distrito del país en situación de default activo.
Los datos del primer mes del año son contundentes. Los vencimientos de títulos públicos provinciales sumaron $417.856 millones a nivel nacional. De ese total, La Rioja apenas representó el 0,6%, con pagos que alcanzaron solamente los $2.472 millones. A diferencia de Córdoba, Chubut o Neuquén, que cancelaron servicios en dólares por montos superiores a los USD 107 millones, la administración de Quintela se limitó a liquidar instrumentos menores en pesos (PROR3, RIE27 y RIL32).
El conflicto del «Bono Verde»
El centro del problema radica en el incumplimiento del «Bono Verde». Desde febrero de 2024, la provincia arrastra una cesación de pagos que ya derivó en una sentencia desfavorable en los tribunales de Nueva York por casi USD 40 millones.
Los acreedores mantienen una postura rígida. Denuncian que la provincia cuenta con recursos, citando la venta de activos vinculados al Parque Eólico Arauco por USD 171 millones, pero que el gobierno local decidió no utilizar esos fondos para regularizar su situación crediticia. Por su parte, la gobernación insiste en que el recorte de transferencias por parte del Ejecutivo Nacional bloquea cualquier posibilidad de pago.
Sin crédito y con la economía en retroceso
El cierre de los mercados para La Rioja es total. En enero, mientras jurisdicciones como Buenos Aires o Chaco lograron emitir nueva deuda para financiarse, la provincia no realizó ninguna colocación. Esta falta de financiamiento externo agrava un cuadro recesivo profundo: el Valor Agregado Bruto (VAB) riojano cayó un 7,1% en 2024, una cifra que triplica la media nacional.
Con los proyectos de emisión de cuasimonedas fuera de la agenda actual y sin acceso al crédito voluntario, la provincia enfrenta un escenario de asfixia. La dependencia de los recursos coparticipables es extrema en un contexto donde los sectores productivos locales, como la construcción (-58,5%) y la industria (-27,8%), muestran caídas históricas en la última década.
El inicio de 2026 expone la fragilidad de un modelo que hoy no encuentra interlocutores en el sistema financiero y que mantiene a La Rioja como el principal foco de incertidumbre jurídica para los inversores en Argentina.
