El secretario general de la Gobernación, Ricardo Herrera, celebró la medida tras meses de parálisis administrativa. La presión de las provincias y los fallos judiciales obligaron al Ejecutivo nacional a destrabar los fondos.
La tensión entre las provincias y la administración central sumó un nuevo capítulo con un desenlace favorable para los gobernadores del interior. Tras un largo período de incertidumbre y reclamos que escalaron hasta la justicia federal, el Gobierno nacional oficializó la reglamentación de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
La noticia fue recibida en La Rioja como un triunfo político propio. Ricardo Herrera, actual secretario general de la Gobernación y hombre de extrema confianza del gobernador, fue uno de los principales impulsores de la norma durante su mandato como diputado nacional. «Después de muchos meses de una incansable lucha, al Gobierno nacional no le quedó otra opción más que cumplir la orden judicial», sentenció el funcionario.
El trasfondo de la disputa
La falta de reglamentación había generado un cuello de botella financiero que asfixiaba a los prestadores de servicios de salud y transporte para personas con discapacidad en todo el país, pero con un impacto más crudo en el Norte Grande. La parálisis de los pagos y la falta de actualización de los aranceles habían puesto al sistema al borde del colapso, dejando a miles de familias en una situación de «angustia y desesperación».
Fuentes del sector indican que la decisión de la Casa Rosada no fue una concesión voluntaria, sino una respuesta directa a:
- Presión social: Movilizaciones constantes de colectivos de discapacidad en las principales plazas del país.
- Derrota judicial: Una serie de cautelares que obligaban al Estado Nacional a dar cumplimiento efectivo a la ley sancionada por el Congreso.
- Bloque federal: El reclamo unificado de los gobernadores que exigían previsibilidad para los programas de asistencia directa.
El impacto en las arcas provinciales
Para la gestión riojana, este paso administrativo representa un alivio en la estructura de costos sociales. La reglamentación garantiza que los recursos lleguen de manera directa a los beneficiarios y prestadores, evitando que las provincias deban cubrir con fondos propios baches financieros que corresponden a la jurisdicción nacional.
Herrera, quien defendió la ley en el recinto de la Cámara de Diputados, destacó que este marco legal es una «garantía de atención y apoyo» necesaria para frenar el ajuste en un área de extrema sensibilidad. La medida llega en un momento de máxima fricción por el reparto de recursos, donde cada partida destrabada se lee como una victoria política en el tablero nacional.
