Tras una extensa jornada legislativa, la Cámara Baja aprobó el proyecto que busca reformar el sistema de responsabilidad penal para menores. El presidente del cuerpo, Martín Menem, y el diputado riojano Gino Visconti celebraron el avance como una victoria contra la inseguridad.
La Cámara de Diputados de la Nación otorgó media sanción al nuevo Régimen Penal Juvenil, un proyecto central en la estrategia de seguridad del oficialismo. La iniciativa busca reemplazar una normativa con más de cuatro décadas de antigüedad, estableciendo un nuevo marco de responsabilidad para menores que cometen delitos.
El titular de la Cámara, Martín Menem, destacó que este avance legislativo responde a un reclamo histórico de la sociedad. «Durante demasiado tiempo se toleró un sistema que confundió garantías con impunidad. Hoy dejamos claro que el delito tiene consecuencias y que el orden no es negociable«, afirmó el legislador riojano tras la votación.
El respaldo de la representación riojana en el Congreso
La aprobación del proyecto contó con el firme apoyo del bloque liberal, donde el diputado nacional por La Rioja, Gino Visconti, tuvo un rol activo en la defensa de la iniciativa. Visconti, quien asumió su banca en diciembre pasado tras el triunfo de La Libertad Avanza en la provincia, reforzó la idea de un cambio de paradigma en la justicia penal.
«Siguiendo firme el rumbo que nos marcó el presidente Javier Milei. Por una Argentina libre, segura y con futuro», expresó Visconti, subrayando que la nueva ley es una herramienta fundamental para combatir la inseguridad que afecta a todo el país.
Consenso y gobernabilidad
Menem agradeció el acompañamiento de los bloques dialoguistas y de aquellos sectores de la oposición que «dejaron de lado las mezquindades» para tratar un problema estructural. Según el oficialismo, la media sanción es un triunfo de la mesa política de Casa Rosada y una señal de que los cambios profundos cuentan con el respaldo legislativo necesario.
Con este resultado, el proyecto se traslada ahora al Senado, donde se definirá si se convierte finalmente en ley, marcando lo que el Gobierno define como el fin de una era de «anomia» en el sistema penal juvenil.
