Desde La Rioja, delegados sindicales advierten sobre el vaciamiento de las delegaciones nacionales. Con salarios congelados y plazos mínimos para adherirse, la medida impacta en la atención y se extendería a otros organismos clave como PAMI, INTA y Vialidad Nacional.

La tensión entre los trabajadores estatales y el Ejecutivo Nacional suma un nuevo capítulo de conflictividad. En los últimos días, la implementación de un plan de retiros voluntarios en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) encendió las alarmas de los representantes gremiales, quienes catalogan la medida como una estrategia de desvinculación forzada y denuncian un desguace sistemático de las oficinas de atención en todo el país.

El panorama que se vive en las dependencias federales refleja una crisis de impacto nacional. Cristian Quiroga, delegado paritario de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en ANSES, expuso la delicada situación que atraviesan los empleados públicos tras la resolución oficial que entró en vigencia el pasado 16 de marzo. La ventana temporal para acogerse al beneficio vence el 5 de abril, un plazo mínimo que ha generado un clima de extrema preocupación y zozobra.

Un esquema de achique y salarios congelados

El plan de retiro propuesto ofrece el pago del 90% del salario por cada año trabajado, con un tope de 24 años de antigüedad, fraccionado hasta en dos cuotas. Sin embargo, la letra chica impone una restricción determinante: quienes accedan al dinero quedan inhabilitados para ejercer funciones en el Estado nacional o provincial durante los próximos cinco años.

«El retiro voluntario tiene muy poco de voluntario. Para nosotros es un despido encubierto, una herramienta de achique y ajuste», sentenció Quiroga. El descontento se potencia frente a un escenario de fuerte deterioro adquisitivo: debido a la estructura de su convenio colectivo, los trabajadores del organismo denuncian que no perciben una recomposición salarial desde junio de 2024, acumulando casi dos años de ingresos congelados en un contexto de alta inflación.

El impacto directo en la atención ciudadana

La reducción de la planta estatal afecta de manera inmediata a los beneficiarios del sistema previsional y a los sectores más vulnerables. A nivel nacional, ANSES cuenta con aproximadamente 12.300 trabajadores. En el plano local, la Unidad de Atención Integral (UDAI) central quedó operando con apenas 25 empleados, un número crítico tras la primera ola de cesantías que incluyó el cierre de la oficina del Parque de la Familia.

«Quedamos con muy poquito personal para todas las áreas, no solo para atención al público», advierten desde la delegación, subrayando el esfuerzo desmedido que se requiere para sostener la operatividad diaria sin las herramientas adecuadas.

El temor a represalias o a despidos sin justa causa paraliza a buena parte del personal, en especial a los trabajadores mayores de 60 años o a aquellos que cuentan con alguna observación en sus legajos. Según ATE, existe un mensaje tácito desde las cúpulas directivas que sugiere a estos empleados aceptar el retiro antes de enfrentar una desvinculación unilateral, aprovechando un «gris legal» en el convenio de los trabajadores.

Efecto dominó en el Estado Nacional

El conflicto en ANSES no es un hecho aislado, sino que se enmarca dentro de un programa más amplio de contracción de la administración pública que buscaría reducir alrededor de 27.000 puestos de trabajo. Diversos sectores ya se encuentran en estado de alerta ante directivas idénticas.

Organismos como Vialidad Nacional, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Radio Nacional y el PAMI avanzan con sus propios esquemas de retiro voluntario. De manera simultánea, crecen las alertas por el inminente cierre de las Agencias Territoriales dependientes de la Secretaría de Trabajo en diversas provincias del país.

Frente a este escenario de recesión y recortes, los representantes sindicales hacen un llamado tanto a los trabajadores a resistir las presiones y perder el «miedo reinante», como a la comunidad en general. El vaciamiento de estas delegaciones, advierten, representa en última instancia la destrucción de las vías de acceso a los derechos fundamentales para los ciudadanos del interior profundo de la Argentina.