La jueza Becerra esquivó la pregunta sobre la reelección de Quintela: «No puedo anticipar opinión ante una eventual causa»
La integrante del Tribunal Superior de Justicia que podría resolver si la reforma constitucional habilita una tercera candidatura del gobernador se negó a pronunciarse públicamente. En la misma entrevista, reclamó el sistema acusatorio para modernizar una justicia penal «lenta y vieja», confirmó que el TSJ audita el proceso judicial previo al femicidio de Jessica Mercado y propuso extender las medidas cautelares de protección más allá de los 180 días actuales. La pregunta que define el horizonte político de La Rioja para los próximos dos años tiene una respuesta que el Tribunal Superior de Justicia todavía no dio —y que al…

La integrante del Tribunal Superior de Justicia que podría resolver si la reforma constitucional habilita una tercera candidatura del gobernador se negó a pronunciarse públicamente. En la misma entrevista, reclamó el sistema acusatorio para modernizar una justicia penal «lenta y vieja», confirmó que el TSJ audita el proceso judicial previo al femicidio de Jessica Mercado y propuso extender las medidas cautelares de protección más allá de los 180 días actuales.
La pregunta que define el horizonte político de La Rioja para los próximos dos años tiene una respuesta que el Tribunal Superior de Justicia todavía no dio —y que al menos una de sus integrantes no está dispuesta a adelantar en público. ¿La reforma constitucional riojana habilita una nueva candidatura de Ricardo Quintela a la gobernación? ¿Pueden los intendentes con dos mandatos completados volver a presentarse? La doctora Karina Becerra, miembro del TSJ, fue consultada directamente sobre esa interpretación en una entrevista reciente y eligió el único camino que un juez puede transitar sin comprometer su imparcialidad: el silencio estratégico.
«No puedo anticipar opinión ante una eventual causa judicial», respondió la magistrada. La frase es corta pero su peso institucional es considerable. Que Becerra haya necesitado invocar la posibilidad de que el tema llegue al Tribunal como causa formal implica que esa eventualidad es real, cercana y políticamente explosiva. Si alguien impugna una eventual candidatura de Quintela —o la de algún intendente en la misma situación—, el TSJ deberá resolverlo. Y sus integrantes ya saben que están sentados sobre esa bomba de tiempo electoral.
El nudo constitucional que nadie termina de desatar
La reforma constitucional riojana, aprobada durante la gestión del propio Quintela, modificó el texto que regula la reelección de los cargos ejecutivos. La controversia radica en la interpretación de sus alcances: si los mandatos previos a la reforma cuentan para el límite constitucional o si el nuevo texto habilita un recuento desde cero. Quintela ya ejerció dos mandatos como gobernador. Si la reforma lo habilita a una tercera candidatura, se convierte automáticamente en el candidato natural del peronismo riojano para 2027. Si no lo habilita, el escenario de sucesión se abre y reconfigura toda la dinámica interna del espacio gobernante.
La negativa de Becerra a pronunciarse no es una evasión menor: es la señal más clara de que el Tribunal considera que ese debate tiene destino judicial. Y en La Rioja, donde el Poder Ejecutivo tiene incidencia directa sobre la integración del TSJ —la propia magistrada recordó que completar las vacantes del Tribunal depende del Poder Ejecutivo mediante acuerdo legislativo—, la independencia del órgano que deberá resolver esa causa es en sí misma una variable política de primer orden.
«Un sistema lento y viejo»: la deuda del sistema penal
Más allá del nudo electoral, Becerra trazó en la misma entrevista un diagnóstico sin concesiones sobre el estado de la justicia penal riojana. El sistema mixto vigente —donde instrucción y juzgamiento conviven en una arquitectura procesal que la mayor parte de las provincias argentinas ya abandonó— genera lentitud sistémica y compromete la imparcialidad del juez. «Nosotros hoy tenemos un sistema que es mixto, un sistema lento, un sistema viejo», afirmó la magistrada, y trazó el camino de salida: un modelo acusatorio de «quinta o sexta generación» que traslada la investigación a los fiscales y permite que el juez mantenga una posición de mayor imparcialidad.
Ante el argumento del costo de la reforma, Becerra fue categórica: «Yo siempre no lo traduzco en costos, sino que lo traduzco en inversiones». La modernización del sistema penal, en su lectura, produce retornos medibles en eficiencia institucional que el sistema actual no puede ofrecer. El reclamo no es nuevo en el debate judicial argentino, pero adquiere peso específico cuando lo formula una integrante del máximo tribunal provincial.
Los juzgados de familia: de meses a horas
En el plano de lo ya conseguido, Becerra destacó la puesta en marcha de los juzgados de familia como el principal hito judicial reciente. Trámites que antes demandaban meses de proceso escrito —regímenes de alimentos, divorcios, sucesiones— hoy pueden resolverse en horas mediante audiencias orales con inmediación del juez. El nuevo código incorpora además intervención interdisciplinaria obligatoria: el artículo 25 establece la participación de organismos como la Secretaría de la Mujer y la Dirección de Minoría y Familia según la naturaleza del caso, introduciendo una lógica de abordaje integral que el proceso escrito tradicional no permitía. Los procesos de adopción bajo el RUAGA también integran la agenda de agilización.
Jessica Mercado: el TSJ audita lo que falló
La parte más sensible de la entrevista estuvo vinculada al femicidio de Jessica Mercado, el caso que conmocionó a La Rioja porque el agresor contaba con medidas de restricción vigentes y tobillera electrónica al momento del crimen. Becerra confirmó que el Tribunal Superior de Justicia inició una investigación interna para auditar el proceso judicial previo al hecho —un reconocimiento institucional de que algo falló en la cadena de protección que el sistema debía garantizar.
La magistrada planteó además una reforma concreta al régimen de cautelares: las restricciones tienen hoy una vigencia de 180 días tras los cuales la víctima debe volver a denunciar para renovarlas. Becerra se declaró convencida de que ese plazo es insuficiente y que el sistema debería extenderlo de manera automática. «Soy una convencida de que estos 180 días son pocos y que se tiene que empezar a trabajar más días y que sea automático», afirmó. La propuesta apunta a uno de los puntos ciegos más frecuentes en los casos de violencia de género: la brecha entre el vencimiento de la cautelar y su renovación, que en la práctica deja a la víctima desprotegida en el intervalo. Sumó la necesidad de tratamiento psicológico obligatorio para el agresor como condición para romper el ciclo de violencia.
El Tribunal incompleto: otra decisión que espera en el escritorio de Quintela
Un último dato que Becerra deslizó sin dramatismo pero con precisión institucional: la integración del TSJ con sus siete miembros previstos y la división en salas no está completa. Cubrir las vacantes depende exclusivamente del Poder Ejecutivo, que debe enviar los pliegos correspondientes con acuerdo legislativo. En otras palabras, el Tribunal que eventualmente deberá resolver si Quintela puede o no candidatearse en 2027 tiene vacantes que el propio Quintela debe cubrir. Esa geometría institucional —donde el gobernador potencialmente candidato integra el órgano que resolverá su habilitación— es, por sí sola, uno de los capítulos más complejos que la política riojana deberá transitar en los próximos meses.
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