Imputaron por amenazas al menor que llevó un arma de juguete a una escuela riojana
La jueza de Menores, Dra. Ivana Alarcón Rearte, ordenó peritar el celular del adolescente y le impuso estrictas reglas de conducta. «Lo que para ellos puede ser una broma, en la letra de la ley es un delito con consecuencias penales», advirtió la magistrada.
La Justicia de La Rioja actuó con celeridad tras el episodio de ayer en un establecimiento educativo de la Capital, donde un joven de 17 años generó pánico al exhibir lo que resultó ser una réplica de arma de fuego. La jueza de Menores, Ivana Alarcón Rearte, confirmó en declaraciones radiales que el adolescente ya fue imputado por el delito de amenazas y que se le ha iniciado un proceso penal formal.
Esta mañana, el joven compareció ante el juzgado acompañado por su tutora legal. «Fue citado para hacerle saber las consecuencias de su acto. Se le imputó el delito de amenazas y, aunque el joven se mostró arrepentido, la ley establece que ante un temor infundado existe una responsabilidad penal que debe ser instruida», explicó la jueza.
Medidas de protección y castigo
La Dra. Alarcón Rearte decidió aplicar una serie de medidas que combinan la faz penal con la protección integral del menor:
- Salud Mental: El joven deberá realizar una consulta médica obligatoria para diagnosticar si requiere tratamiento psicológico.
- Trayectoria Escolar y Deportiva: Se le exigió asistencia perfecta al colegio y la realización de actividades deportivas obligatorias, bajo monitoreo judicial.
- Prohibiciones: Se le impuso la prohibición de consumo de alcohol y sustancias, además de la obligación de mantener «buena conducta» en todos los ámbitos.
- Investigación y Reflexión: Como medida pedagógica, el adolescente deberá realizar un trabajo de investigación dentro de su escuela sobre las causas y consecuencias del delito de amenazas, que luego deberá socializar con sus compañeros.
Responsabilidad Parental y Pericias
La magistrada puso especial énfasis en el rol de los adultos a cargo. Advirtió que la tutora fue notificada bajo apercibimiento: cualquier incumplimiento de las medidas ordenadas por la justicia podría derivar en una causa por desobediencia a la autoridad y en sanciones económicas civiles por los daños ocasionados.
En cuanto a la evidencia, se confirmó que el teléfono celular del joven fue secuestrado y está siendo peritado por especialistas en informática para determinar si el hecho tiene vínculos con otros mensajes intimidatorios que circularon en las redes.
«Estamos en la antesala del proceso. Una vez terminada la instrucción, se determinará el procesamiento y la posible elevación a la Cámara Penal», aclaró la magistrada, subrayando que si bien se busca proteger al adolescente, el orden social alterado debe ser restablecido con medidas ejemplificadoras.