La Rioja sostiene su exigencia: Vicuña debe presentar evaluación de impacto ambiental
La provincia rechaza el argumento de que los límites geográficos anulan responsabilidades sobre daños ambientales. Walter Gómez, titular de EMSE, advierte que la distancia entre territorios no elimina el alcance de un megaproyecto minero que «impacta hasta 50 kilómetros».
La Rioja no cede en su posición sobre el proyecto Vicuña. Mientras San Juan avanza con uno de los megaproyectos mineros más ambiciosos de América Latina, la provincia limítrofe mantiene una exigencia inflexible: que la empresa detrás de la iniciativa presente una evaluación de impacto ambiental que contemple específicamente los efectos sobre territorio riojano. El conflicto pone de relieve una tensión constitucional compleja: cuándo y cómo puede una provincia exigir información sobre proyectos desarrollados en otra jurisdicción cuando sus propios ecosistemas están en riesgo.
Walter Gómez, presidente de la empresa minera estatal riojana EMSE, fue categórico en sus declaraciones. Sostuvo que la provincia «nunca cambió las reglas de juego» y reiteró una posición que La Rioja ha defendido históricamente: la mera existencia de un límite geográfico no impide que un proyecto minero cause daños ambientales significativos en territorio adyacente. Para Gómez, esa lógica es insostenible desde el punto de vista de la ecología y la gobernanza ambiental. «Los límites de las provincias no obstaculizan el impacto ambiental en nuestro territorio», expresó con énfasis.
La brecha entre La Rioja y Vicuña S.A. se concreta en un documento que no llega. Según Gómez, la empresa aún no ha presentado los estudios que la provincia reclama. «No llegamos a un acuerdo porque no lo presentaron», dijo el funcionario. La omisión es particularmente significativa dado que el proyecto se encuentra a apenas unos cientos de metros del límite provincial. En ese contexto, el titular de EMSE recordó un dato que circula en los debates sobre impacto ambiental transjurisdiccional: el alcance de tales daños puede extenderse hasta cincuenta kilómetros. Un parámetro que, si es asumido como estándar, deja a la provincia riojana completamente dentro de la zona de influencia del megaproyecto.
Gómez apeló a un principio de consistencia regulatoria que trasciende el caso particular de Vicuña. «Si no le pedimos a esta empresa el impacto ambiental, ¿cómo vamos a pedírselo a otras empresas?», cuestionó. La reflexión toca el corazón del problema: una eventual flexibilización de estándares para un proyecto de escala macroscópica establecería un precedente difícil de revertir para iniciativas futuras. Esto es especialmente relevante en una provincia donde la minería, junto con la energía, configura parte importante de la estructura económica y de las relaciones de poder con San Juan.
La Rioja también ha exigido históricamente que se realice mantenimiento de caminos como parte de la contrapartida de proyectos que generan movimiento de carga. Gómez fue claro: «Nosotros siempre exigimos los informes de impacto ambiental y que realicen la mantención de los caminos». Esa demanda refleja una lección aprendida en décadas de vinculación con la industria extractiva: sin compromisos explícitos sobre infraestructura y reparación de daños, las provincias quedan vulnerables a deterioro sin compensación.
La posición riojana adquiere relieve adicional cuando se considera el estado actual de la hidrogeología provincial. La Rioja depende de acuíferos y cursos de agua que, en algunos casos, son compartidos con San Juan o se encuentran en cuencas hidrográficas de alcance transjurisdiccional. Un proyecto de litio de envergadura como Vicuña, que demanda volúmenes significativos de agua, genera interrogantes que no pueden saldarse argumentando simplemente que todo ocurre del otro lado de una frontera administrativa. El impacto hídrico, en particular, desconoce límites políticos.
La empresa sanjuanina ha argumentado, en otros foros, que sus evaluaciones ambientales cumplen con los estándares nacionales y provinciales aplicables. Sin embargo, La Rioja sostiene que esos estándares, de suyo, son insuficientes si no contemplan específicamente los efectos transjurisdiccionales. En otras palabras: que Vicuña apruebe los trámites ante San Juan no responde a la pregunta de cuál será su huella ambiental en La Rioja. Son escalas distintas de análisis y de responsabilidad.
Gómez resaltó que la exigencia riojana forma parte de una política consistente de gobernanza. «Nunca cambiamos las reglas del juego», dijo, enfatizando que no se trata de una imposición caprichosa sino del mantenimiento de estándares que La Rioja aplica sin excepciones. Ese lenguaje —la apelación a la coherencia y la equidad regulatoria— busca desactivar eventuales argumentos de que la provincia está ejerciendo proteccionismo o caprichosidad política. Por el contrario, Gómez sugiere que es San Juan quien intenta esquivar responsabilidades que debería asumir.
El conflicto no es novedoso en la historia de relaciones entre provincias mineras adyacentes. Buenos Aires, Mendoza y otras jurisdicciones han enfrentado tensiones similares cuando los impactos de proyectos extractivos trascienden fronteras políticas. La Rioja, en este caso, busca adelantarse a daños potenciales exigiendo información de base que le permita tomar decisiones informadas. La pregunta de fondo es si esa potestad —la de exigir evaluaciones transjurisdiccionales— es reconocida o no como legítima en el ordenamiento federal argentino. Por ahora, La Rioja responde con persistencia.