Bajo una modalidad mixta y con la participación virtual del gobernador Ricardo Quintela, la dirigencia nacional alineó posturas de cara al año electoral. Hubo reclamos por la proscripción de Cristina Kirchner y movidas clave para frenar las intervenciones judiciales en el norte del país.
En una extensa jornada que combinó la presencialidad en la histórica sede de la calle Matheu con la virtualidad en todo el país, se llevó a cabo el Congreso del Partido Justicialista Nacional. El encuentro institucional sirvió para regularizar los balances contables de la estructura partidaria, pero el verdadero trasfondo estuvo marcado por la catarsis política de las distintas «tribus» dirigenciales, el rechazo unánime al dedazo para elegir candidatos y un fuerte debate sobre el federalismo en la toma de decisiones.
El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, formó parte del cónclave de manera remota junto a su comitiva, consolidando su presencia en el armado que busca democratizar el partido a través de la vía electoral.
«El peronismo necesita que los dirigentes que tienen voluntad de conducir caminen, y que las diferencias se diriman en unas PASO el año que viene. Si no hay primarias, que sea en una interna, pero la candidatura de consenso hoy no tiene apoyo. Existe un acuerdo amplio sobre la necesidad de legitimar al candidato peronista con los votos en las urnas», coincidieron varios congresales en el tramo final del debate.
El fantasma de las intervenciones judiciales en el Norte Grande
Uno de los puntos de mayor tensión institucional estuvo centrado en las intervenciones de los distritos de Salta y Jujuy por parte de la justicia federal, una movida que encendió las alarmas ante el temor de que sectores dialoguistas con la Casa Rosada buscaran avanzar sobre el PJ Nacional.
Para contrarrestar los fallos de la jueza María Servini, el Congreso votó una lista de «normalizadores» partidarios propios con un objetivo claro: lograr un acuerdo político y fijar elecciones internas locales en ambas provincias norteñas para el próximo 25 de octubre.
«La justicia debería respetar el accionar del partido a nivel nacional. Los partidos políticos tienen la potestad de resolver sus problemas internos y organizativos», reclamó con firmeza el senador José Mayans, quien ejerce la conducción en los hechos ante los impedimentos de Cristina Kirchner.
Cruces por la proscripción de CFK y el reclamo de San Luis
El plano judicial en torno a la expresidenta de la Nación también sobrevoló la tarde de debate. El exsecretario de la Presidencia, Oscar Parrilli, fue tajante en la puerta de la sede de Matheu al referirse al proceso electoral del año venidero.
“Tenemos una democracia trucha e inconclusa. Estamos frente a unas elecciones donde Cristina Kirchner, que representa la mayoría de la fuerza nacional y popular, está proscripta. La Corte Suprema tiene que anular y revocar el fallo de la causa Vialidad. Va a ser un candidato trucho el que esté el año que viene porque ella está proscripta”, lanzó el dirigente neuquino.
No obstante, el Congreso mostró matices y fue «menos kirchnerista» de lo esperado en la previa, abriendo juego a los planteos del interior profundo. La disidencia más marcada llegó desde el PJ de San Luis, controlado por Alberto Rodríguez Saá, desde donde exigieron una conducción colegiada tras denunciar que la estructura actual carece de legitimidad: «Falta una conducción real y consensos hacia el interior; reclamamos federalismo en la toma de decisiones», argumentaron los puntanos, dejando en claro que la interna peronista sigue al rojo vivo.
