La sociedad estatal que controla a la distribuidora EDELAR fijó el 30 de junio para su Asamblea General Ordinaria. Entre los ocho puntos del temario, los accionistas tratarán los estados contables del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025 y las razones de una convocatoria realizada fuera del plazo que fija la ley.
El Directorio de Energía Riojana S.A. (ERSA) convocó a sus accionistas a una Asamblea General Ordinaria para el lunes 30 de junio de 2026, una instancia societaria clave para una de las principales empresas con participación estatal de la provincia. La citación, firmada por el presidente del Directorio, Alfredo Pedrali, fija las 10 para la primera convocatoria y las 11 para la segunda, y establece como sede la calle Buenos Aires 264, segundo piso, de la ciudad de La Rioja.
Un temario centrado en el ejercicio 2025
La asamblea someterá a consideración de los socios los documentos previstos en el artículo 234, inciso 1, de la Ley General de Sociedades 19.550 —memoria, balance, estado de resultados y cuadros anexos— correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025. El orden del día también incorpora la designación de dos accionistas para firmar el acta, el destino de los resultados del ejercicio y la evaluación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
A esos puntos se suman dos vinculados a las retribuciones: la consideración de las remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora por el mismo ejercicio. El temario cierra con un apartado de autorizaciones y, antes, con el punto que concentra la atención: las razones de la convocatoria fuera de plazo.
Por qué la convocatoria llega tarde
El séptimo punto del orden del día —»consideración de las razones de la convocatoria fuera de plazo»— no es un detalle menor. La Ley 19.550 establece que la asamblea ordinaria destinada a tratar los estados contables debe celebrarse dentro de los cuatro meses del cierre del ejercicio. Para un balance cerrado el 31 de diciembre de 2025, ese plazo vencía a fines de abril de 2026; la convocatoria para el 30 de junio se ubica, así, unos dos meses por detrás del límite legal.
Que el propio Directorio incluya el tema en el temario implica que los administradores deberán explicar ante los accionistas los motivos del retraso, una formalidad habitual cuando una sociedad aprueba sus cuentas fuera de término. La demora en la aprobación de balances es, según pudo saber eduardogerman.com, una constante en buena parte del entramado de sociedades con participación estatal de la provincia, donde los cierres contables suelen dilatarse por auditorías pendientes y reestructuraciones internas.
Qué es ERSA y qué controla
Energía Riojana S.A. es la sociedad anónima con participación estatal mayoritaria (SAPEM) que el Gobierno provincial constituyó en 2012, durante la gestión de Luis Beder Herrera, para reestatizar la distribución eléctrica. Su capital está integrado por el Estado riojano y por La Rioja Telecomunicaciones SAPEM, y su principal activo es el control accionario de la Empresa Distribuidora de Electricidad de La Rioja (EDELAR), prestataria del servicio en todo el territorio provincial.
Al frente del Directorio figura Alfredo Pedrali, abogado que también ocupa la Secretaría de Energía de la Provincia, en el ámbito del Ministerio de Agua y Energía. Esa doble función ubica a la conducción de ERSA en el centro de las decisiones energéticas riojanas, desde la operación de EDELAR hasta los proyectos de generación que la provincia impulsa como parte de su matriz renovable.
Más allá del trámite societario, la convocatoria expone una tensión recurrente en el sector público empresario riojano: la distancia entre la magnitud de los activos que administran estas sociedades —la distribución eléctrica de toda una provincia, en el caso de ERSA— y la regularidad con la que rinden cuentas. Aprobar un balance 2025 recién a mediados de 2026, y tener que justificar formalmente el atraso, vuelve a poner sobre la mesa el desafío de transparencia y previsibilidad de las empresas estatales de La Rioja, en una provincia cuyas finanzas dependen de manera estructural de los recursos públicos.
