El proyecto, firmado por los legisladores Cristian Eduardo Pérez y Yuliana López del departamento Rosario Vera Peñaloza, crea el Sistema Provincial Integrado de Preparación y Respuesta ante Amenazas Bélicas Externas (SIPRABE). En sus fundamentos, los diputados advierten que el alineamiento del gobierno de Milei con Israel y Estados Unidos convierte a la Argentina en un posible blanco estratégico.
Un proyecto inédito en La Rioja
La Cámara de Diputados de La Rioja recibió el 8 de abril de 2026 un proyecto de ley que no tiene antecedentes en la historia legislativa provincial: la creación de un sistema integral de preparación, contingencia y protección civil ante conflictos bélicos internacionales y amenazas externas complejas. La iniciativa lleva la firma de los diputados justicialistas Cristian Eduardo Pérez e Yuliana López, representantes del departamento Rosario Vera Peñaloza, y propone instituir el denominado Sistema Provincial Integrado de Preparación y Respuesta ante Amenazas Bélicas Externas (SIPRABE).
El proyecto, de 28 artículos organizados en nueve títulos, se articula con la Ley Nacional de Defensa N° 23.554, la Ley de Seguridad Interior N° 24.059 y el Sistema Nacional de Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR, Ley N° 27.287), y establece que La Rioja debe contar con herramientas normativas propias para enfrentar escenarios de crisis internacional que hoy la provincia no tiene capacidad de gestionar institucionalmente.
Qué crea el SIPRABE
El sistema propuesto tiene carácter permanente, interjurisdiccional e interinstitucional. La autoridad de aplicación recaería en el Ministerio de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos provincial, y se crearía un Consejo Provincial de Gestión de Crisis Estratégicas (CPGCE) como órgano superior de conducción, integrado por la Jefatura de Gabinete, los ministerios competentes, representantes municipales, enlaces con fuerzas federales y un comité técnico asesor.
El Consejo tendría facultades para aprobar planes estratégicos, declarar niveles de alerta, coordinar recursos críticos y emitir órdenes operativas de cumplimiento obligatorio. El proyecto establece cuatro niveles de alerta: Preventivo (I), Alerta (II), Emergencia (III) y Crisis estratégica (IV), con protocolos diferenciados para cada estadio.
Infraestructura crítica y continuidad del Estado
Uno de los ejes centrales del proyecto es la protección de la infraestructura crítica provincial. El texto declara sujetos a régimen especial a los sectores de energía, agua, telecomunicaciones, salud y logística y transporte, y establece auditorías periódicas obligatorias sobre vulnerabilidad estructural, ciberseguridad y capacidad operativa.
En materia de continuidad institucional, el proyecto prevé la creación de centros alternativos de comando, sistemas redundantes de comunicación y protocolos de ciberdefensa y protección de datos públicos. El Poder Ejecutivo provincial quedaría habilitado, en situaciones de emergencia declarada, a restringir la circulación, establecer racionamiento, reasignar recursos y disponer requisiciones con indemnización posterior.
Para financiar el sistema, el proyecto crea el Fondo Provincial de Contingencias Estratégicas (FPCE), a integrar con partidas del presupuesto provincial, transferencias nacionales y cooperación internacional. Se establece, además, que el Poder Ejecutivo deberá rendir cuentas a la Cámara dentro de los diez días de adoptadas medidas excepcionales.
La política exterior de Milei, en el centro de los fundamentos
El aspecto político más resonante del proyecto no está en su articulado sino en sus fundamentos. Los diputados Pérez y López advierten que Argentina ha abandonado históricamente su tradición de neutralidad ante conflictos bélicos externos y señalan que el gobierno nacional «ha cambiado su política internacional en relación a los conflictos existentes en Medio Oriente, propiciando ser aliados de países como Israel o Estados Unidos».
Esa posición, sostienen, «otorga el cartel de enemigo de una parte, visualizándolo como posibles blancos estratégicos de las acciones bélicas existentes». La iniciativa concluye que, «por encima del resultado de las negociaciones de paz o el desenlace diario de la guerra en Medio Oriente, la intromisión en la misma como aliado configura un riesgo» que justifica poner en alerta a la sociedad y dotar a la provincia de instrumentos normativos de respuesta.
El federalismo como argumento técnico
Más allá de la dimensión geopolítica, los fundamentos del proyecto sostienen que las amenazas contemporáneas exceden el plano estrictamente militar y configuran riesgos sistémicos que impactan en infraestructuras críticas, cadenas de suministro, estabilidad institucional y seguridad humana. En ese marco, argumentan que las provincias «cumplen un rol esencial en la gestión de crisis complejas» en el sistema federal argentino, y que la inexistencia de protocolos provinciales «genera vulnerabilidades operativas y estratégicas» que el SIPRABE vendría a subsanar.
El proyecto establece que el Poder Ejecutivo provincial deberá reglamentarlo en un plazo no mayor a 90 días corridos tras su eventual sanción, e invita a los municipios a adherirse a sus disposiciones.
EL DATO
El diputado Cristian Eduardo Pérez es también uno de los impulsores de la cuestión de privilegio aprobada por la Cámara contra el legislador de La Libertad Avanza Diego Molina Gómez, en el marco del debate por la Ley N° 10.864 de Reforma del Consejo de la Magistratura. La doble iniciativa posiciona al bloque PJ del departamento Rosario Vera Peñaloza como uno de los más activos de la legislatura provincial en el actual período ordinario.
