La Cámara de Diputados sanjuanina votó por 34 a 0 una declaración contra la ley impulsada por el gobernador riojano. La oposición y el oficialismo coincidieron en defender la jurisdicción sobre Ischigualasto y las áreas mineras, mientras el conflicto suma tensión política e institucional.
La disputa territorial entre La Rioja y San Juan escaló este jueves a un nuevo nivel político. La Cámara de Diputados de San Juan aprobó por unanimidad una declaración de repudio contra la ley sancionada por la Legislatura riojana que impulsa un reclamo sobre sectores ubicados en territorio sanjuanino.
La iniciativa obtuvo el respaldo de los 34 legisladores presentes, incluyendo al bloque justicialista, en una señal de unidad política poco habitual frente a un conflicto que la dirigencia sanjuanina considera una cuestión de soberanía provincial.
Desde San Juan sostienen que la legislación promovida por el gobernador Ricardo Quintela desconoce el marco jurídico vigente, basado en la Ley Nacional 18.004 y en la Ley 26.939, mediante la cual el Congreso incorporó al Digesto Jurídico Argentino la normativa que ratifica los límites provinciales definidos décadas atrás.
Durante el debate parlamentario, distintos legisladores advirtieron que la iniciativa riojana no sólo reabre una discusión territorial que consideran saldada, sino que también genera incertidumbre sobre inversiones estratégicas vinculadas a la actividad minera.
El diputado Juan Cruz Córdoba sostuvo que el conflicto puede afectar el desarrollo de proyectos mineros de gran escala, mientras que Franco Aranda calificó la decisión riojana como una determinación exclusivamente política y rechazó la existencia de una controversia técnica sobre los límites provinciales.
En la misma línea, Mario Herrero destacó el consenso alcanzado entre todas las fuerzas políticas de San Juan para responder institucionalmente a la ofensiva de La Rioja, a la que definió como una actitud que rompe acuerdos históricos entre ambas provincias.
El nuevo episodio se produce después de que la Legislatura riojana aprobara una ley impulsada por Quintela destinada a fortalecer la posición jurídica de la provincia en el diferendo limítrofe. La discusión se concentra especialmente en sectores cercanos al Parque Provincial Ischigualasto y al área del cerro El Potro, donde además confluyen intereses vinculados al desarrollo minero.
La controversia había cobrado fuerza meses atrás a partir de restricciones judiciales dictadas en Chilecito sobre el tránsito hacia proyectos mineros del denominado Proyecto Vicuña. Aunque aquella situación se destrabó posteriormente mediante acuerdos operativos, la sanción de la norma riojana volvió a tensar la relación política entre ambos gobiernos.
Con la declaración aprobada por unanimidad, San Juan busca enviar una señal institucional de respaldo a la defensa de su territorio y anticipa que sostendrá la validez de los límites actualmente reconocidos por la legislación nacional, mientras el conflicto con La Rioja promete trasladarse al plano político y, eventualmente, judicial.
Con apoyo del PJ, San Juan aprobó por unanimidad un duro repudio a la ofensiva de Quintela por los límites provinciales
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