El Gobernador lleva a la escena nacional el conflicto con San Juan y busca instalar una bandera federal rumbo a 2027

El gobernador convirtió el reclamo por los límites provinciales en un nuevo eje de su proyección nacional. Con el respaldo de antecedentes legislativos e históricos, La Rioja sostiene que nunca convalidó la ley de facto de Onganía y busca presentar la disputa como un caso emblemático del federalismo frente al poder central.

Ricardo Quintela decidió darle una dimensión nacional al conflicto limítrofe con San Juan. Luego del rechazo de la Legislatura sanjuanina al planteo riojano, el Gobierno provincial salió a exhibir una extensa recopilación de antecedentes históricos y jurídicos para demostrar que La Rioja jamás reconoció la Ley Nacional N.º 18.004, dictada durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, y transformó el reclamo en una nueva bandera política con proyección federal.

La estrategia excede la discusión territorial. En el entorno del gobernador consideran que el caso sintetiza uno de los ejes que Quintela pretende instalar en la política nacional: la defensa de las provincias frente a decisiones adoptadas desde el poder central sin consenso de los distritos afectados.

El argumento oficial se apoya en una línea institucional que atraviesa distintos gobiernos y signos políticos. Según la documentación presentada por la Provincia, el conflicto no nació con la actual gestión sino que constituye una política de Estado sostenida durante más de medio siglo.

El primer antecedente citado es el acuerdo suscripto en 1911 entre representantes de La Rioja y San Juan, que reconocía como límite el paralelo 30° de latitud sur, criterio que permaneció vigente durante décadas hasta que fue modificado unilateralmente en 1968 por la dictadura de Onganía mediante la Ley Nacional N.º 18.004.

Desde entonces, sostiene el Gobierno riojano, la provincia rechazó sistemáticamente esa decisión.

En 1974, la Legislatura provincial sancionó la Ley N.º 3.468, que desconoció formalmente la norma de facto. Ese mismo año, el diputado nacional Raúl Galván promovió en el Congreso un proyecto para derogarla, iniciativa que obtuvo media sanción antes de ser interrumpida por el golpe militar de 1976.

La continuidad del reclamo también alcanza a figuras de distintos espacios políticos. Durante su gestión como gobernador, Carlos Menem evitó la difusión de mapas oficiales que reprodujeran los límites fijados por la ley cuestionada y, años después, como senador nacional, volvió a impulsar su derogación. En paralelo, diputados nacionales riojanos de diferentes fuerzas promovieron proyectos para dejar sin efecto la norma y crear una comisión bicameral que analizara definitivamente el conflicto.

La Provincia también sostiene que la incorporación de la Ley N.º 18.004 al Digesto Jurídico Argentino en 2014 no consolidó su vigencia, al recordar que posteriormente la Corte Suprema determinó que esa norma no integra el derecho vigente, manteniendo abierta la posibilidad de que el Congreso intervenga conforme a los mecanismos previstos por la Constitución Nacional.

Con ese respaldo documental, el oficialismo riojano insiste en que la reciente decisión de la Cámara de Diputados provincial no crea un conflicto nuevo ni modifica unilateralmente los límites, sino que ratifica una posición institucional sostenida durante más de cincuenta años y habilita acciones administrativas, judiciales y parlamentarias para defender los recursos naturales ubicados en la zona en disputa.

En el plano político, el conflicto le ofrece a Quintela una nueva plataforma para proyectarse fuera de La Rioja. Así como convirtió la defensa de la obra pública, los derechos humanos y el federalismo fiscal en banderas de su discurso nacional, ahora suma la reivindicación territorial como otro capítulo de una narrativa que busca interpelar a las provincias y consolidarlo como uno de los referentes del peronismo con aspiraciones de disputar la agenda nacional hacia 2027.