La millonaria inversión minera volvió a colocar en el centro de la escena una disputa territorial de más de medio siglo. Mientras Ricardo Quintela promulgó una ley para desconocer los límites fijados durante la dictadura, Marcelo Orrego respondió que la jurisdicción sanjuanina «no está en discusión» y defendió el desarrollo del proyecto.

La disputa histórica entre La Rioja y San Juan por sus límites provinciales escaló en los últimos días y dejó de ser un debate jurídico para convertirse en un conflicto político de alcance nacional. El detonante fue un megaproyecto de cobre que demandaría una inversión inicial de 18.000 millones de dólares, considerado uno de los emprendimientos mineros más importantes previstos para la Argentina.

Con semejante volumen de inversión en juego, los gobernadores Ricardo Quintela y Marcelo Orrego endurecieron sus posiciones y trasladaron la discusión al plano institucional, político y económico.

La ofensiva comenzó con la decisión del gobierno riojano de promulgar la Ley Provincial N.º 10.876, mediante la cual ratificó el rechazo a los límites establecidos durante la dictadura de Juan Carlos Onganía. Para la administración de Quintela, esa modificación territorial nunca tuvo legitimidad constitucional y privó a La Rioja de una parte de su territorio.

«La soberanía territorial de La Rioja exige una defensa irrestricta y con esta norma iniciaremos acciones para traer equidad y justicia al pueblo riojano», sostuvo Quintela al oficializar la ley.

La respuesta de San Juan fue inmediata. Días antes, la Legislatura provincial había aprobado una Ley de Desarrollo Local Minero para fortalecer la participación de empresas y trabajadores sanjuaninos en los futuros emprendimientos extractivos. Luego del avance riojano, Orrego endureció su discurso.

«Quiero ser claro con cada sanjuanino: nuestra jurisdicción no está en discusión. Los límites rigen hace 57 años y el propio Congreso confirmó su vigencia en 2014», afirmó el mandatario sanjuanino, quien advirtió que ninguna provincia puede modificar unilateralmente sus límites mediante una ley local.

La minería cambió la dimensión del conflicto

Aunque el diferendo territorial lleva décadas, la aparición de un proyecto cuprífero de escala mundial modificó por completo el escenario político.

El yacimiento promete miles de puestos de trabajo, nuevas obras de infraestructura y una fuerte generación de regalías para la provincia donde finalmente quede radicado. Ese potencial económico explica por qué ambas administraciones decidieron profundizar sus posiciones.

Desde San Juan, el jefe de Asesores, Rodolfo Colombo, calificó la iniciativa riojana como una «bravuconada» y cuestionó que La Rioja impulse ahora una agenda minera.

La respuesta llegó desde la Casa de las Tejas. El asesor General de Gobierno, Pedro Goyochea, rechazó que exista un conflicto con el pueblo sanjuanino y sostuvo que el objetivo es revisar judicialmente un límite impuesto por un gobierno de facto.

Una disputa con impacto nacional

Más allá del conflicto limítrofe, el caso también refleja dos estrategias políticas distintas frente al desarrollo minero.

Mientras San Juan busca consolidarse como uno de los principales polos cupríferos del país mediante incentivos a proveedores locales, La Rioja intenta fortalecer su propio perfil minero y sostiene que una parte de los proyectos estratégicos se desarrolla sobre territorio que considera propio.

El conflicto también tiene una lectura política nacional. Quintela convirtió la defensa territorial en una bandera de su gestión y la vincula con la recuperación de recursos para la provincia, mientras Orrego busca dar previsibilidad jurídica a los inversores y garantizar que los grandes proyectos continúen avanzando bajo jurisdicción sanjuanina.

Con ambos gobiernos dispuestos a sostener sus posiciones, la disputa parece encaminada a trasladarse a la Justicia y eventualmente al Congreso de la Nación. Lo que hasta hace pocos años era un viejo diferendo limítrofe hoy quedó atravesado por una de las mayores inversiones mineras proyectadas para la Argentina, elevando el costo político y económico de cualquier definición.