La Rioja jaquea el megaproyecto Vicuña: Quintela exige coparticipación minera y la Justicia provincial paralizó el tránsito hacia el yacimiento de cobre más importante del país

El Distrito Vicuña —complejo de cobre, oro y plata que en La Rioja califican como «Vaca Muerta del cobre», con una inversión proyectada de 18.000 millones de dólares por BHP y Lundin Mining— se transformó en el epicentro de un choque entre los gobernadores Ricardo Quintela y Marcelo Orrego. Una medida cautelar firmada por la jueza riojana María Greta Decker bloqueó la vía logística por territorio provincial, mientras Quintela exige Declaración de Impacto Ambiental propia y una «silla en la mesa» de la renta minera. San Juan denuncia «aduanas internas encubiertas» y los inversores internacionales miran con preocupación.

La Rioja convirtió esta semana al megaproyecto Vicuña en el principal frente de pulseada con San Juan y, por elevación, con la administración nacional de Javier Milei. El gobernador Ricardo Quintela endureció su postura sobre el complejo de cobre, oro y plata que las multinacionales BHP y Lundin Mining proyectan desarrollar en la cordillera sanjuanina con una inversión de 18.000 millones de dólares, mientras una medida cautelar firmada por la jueza riojana María Greta Decker paralizó el tránsito logístico hacia el yacimiento Josemaría a través de territorio provincial.

La premisa con la que el mandatario riojano construye su reclamo desafía la interpretación tradicional de la propiedad de los recursos naturales en el federalismo argentino. Para Quintela, la existencia de una frontera política no puede eximir a las empresas mineras de su responsabilidad con las comunidades que prestan infraestructura crítica para que el negocio resulte viable. El gobernador ha planteado que su provincia no aceptará el rol pasivo de simple zona de tránsito para una riqueza que se exportará por miles de millones de dólares mientras deja a su paso únicamente desgaste vial y presión sobre los recursos hídricos superficiales.

La definición tiene anclaje territorial concreto. La zona de Guandacol —en el oeste riojano, departamento Felipe Varela— constituye actualmente la vía principal para el tránsito logístico hacia el complejo Vicuña, hasta tanto la compañía culmine la traza definitiva por San Juan. El flujo cotidiano de maquinaria pesada, camiones de gran porte y movimiento de personal altera la dinámica social y ambiental de una región riojana que históricamente ha sido escenario de tensiones entre desarrollo productivo, escasez hídrica y reclamos comunitarios. La situación coloca a la provincia en el papel paradójico de soportar el costo logístico de un proyecto cuya renta principal capturará San Juan.

Las exigencias concretas del gobierno riojano configuran un esquema de «coparticipación minera de hecho». Quintela reclama que la operadora BHP-Lundin Mining presente una Declaración de Impacto Ambiental propia ante las autoridades riojanas —ignorando los permisos ya otorgados por San Juan en el yacimiento—, que se establezcan convenios con proveedores locales y que la provincia disponga de una silla en la mesa de decisiones y, fundamentalmente, en la distribución de la renta del proyecto. La creación de la empresa estatal Kallpa SAPEM y la articulación con cámaras empresariales locales operan como herramientas complementarias del dispositivo.

La cifra clave que dimensiona el conflicto es la inversión total proyectada: 18.000 millones de dólares. El proyecto demandará alrededor de 4.000 trabajadores durante la fase de construcción —con un pico de 6.000 en el momento de mayor obra—, otros 800 puestos para la operación corriente, y una rueda de proveedores que multiplica los empleos indirectos. La vida útil estimada del yacimiento ronda los 70 años, lo que convierte el flujo de regalías en un horizonte de varias décadas. Para provincias estructuralmente dependientes de la coparticipación federal —como ambas— el cobre del Distrito Vicuña representa el equivalente al «agua bendita» en términos económicos.

La respuesta sanjuanina ha sido frontal. El gobernador Marcelo Orrego calificó la situación como «ataque directo a la seguridad jurídica y la Constitución Nacional» y denunció que el reclamo riojano configura una «maniobra de presión política» que utiliza el bloqueo logístico como herramienta de extorsión. La administración sanjuanina sostiene que la propiedad de los recursos del subsuelo pertenece exclusivamente a la jurisdicción donde se encuentran emplazados —en este caso, los yacimientos Josemaría y Filo del Sol están dentro del territorio sanjuanino—, y argumenta que ceder ante las pretensiones riojanas sentaría un precedente peligroso para el federalismo argentino, habilitando «aduanas internas encubiertas» bajo argumentación ambiental.

La medida cautelar dictada por la jueza María Greta Decker constituye el dispositivo institucional con el que La Rioja convirtió el reclamo político en obstáculo operativo. La paralización del tránsito logístico hacia Josemaría por territorio provincial obliga a la operadora a depender exclusivamente de las vías sanjuaninas, en un momento en que esas trazas todavía no están plenamente operativas. El cuadro técnico se complicó la semana pasada cuando San Juan rescindió el contrato con la empresa que había ganado la licitación para construir la traza definitiva, tras varios traspiés en la ejecución, lo que demora aún más la solución alternativa al corredor riojano.

El componente jurídico-constitucional del conflicto resulta especialmente complejo. La Constitución Nacional reconoce a las provincias el dominio originario sobre los recursos naturales en su territorio (artículo 124), lo que respalda la posición sanjuanina sobre los yacimientos. Pero también garantiza la libre circulación de mercancías por el territorio nacional (artículo 9 a 12), prohibiendo expresamente las aduanas interiores. La controversia se ubica en el cruce entre ambas disposiciones: hasta qué punto una provincia puede invocar la protección ambiental de su territorio para condicionar el tránsito logístico de un proyecto cuya explotación se realiza en jurisdicción vecina.

El conflicto encendió las alarmas en el sector financiero internacional en un momento particularmente sensible. El cobre dejó de ser un simple metal industrial para convertirse en recurso estratégico global, vinculado a la transición energética, la electrificación del transporte y la expansión de redes eléctricas. El Distrito Vicuña constituye una de las pocas fronteras mineras del planeta capaces de aportar el volumen necesario para abastecer esa demanda creciente. La inestabilidad generada por el choque interprovincial dispara el «riesgo país minero» precisamente cuando la Argentina aspira a posicionarse en el tablero internacional del cobre, junto a Chile, Perú y otros polos productores.

Las herramientas con las que Orrego respondió incluyen la movilización de sus equipos legales hacia las máximas instancias judiciales, denunciando que La Rioja está intentando legislar y juzgar sobre actividades que ocurren fuera de su territorio. El planteo sanjuanino busca llevar el caso eventualmente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde podría dirimirse el componente constitucional del conflicto. La instancia federal sumaría otra causa al expediente abierto entre ambas provincias y la Casa Rosada, en un momento en que La Rioja ya litiga ante el máximo tribunal por las transferencias coparticipables retenidas por la administración Milei.

Para Quintela, el conflicto se inscribe en una estrategia más amplia. El gobernador acaba de blanquear su candidatura presidencial para 2027 y prepara su lanzamiento formal el 1° de Mayo en Parque Norte. La disputa con San Juan opera, en ese marco, como caso testigo del modelo económico que el quintelismo pretende instalar nacionalmente: redistribución de la renta extractivista, valor agregado en origen, federalismo efectivo y rol activo del Estado provincial frente a las multinacionales. La frase del propio gobernador en una entrevista reciente —»el problema de la minería está en la política extractivista, que no genera mucho trabajo. Pero si le agregamos valor al metal, seguramente va a haber mucho más empleo»— sintetiza el marco conceptual del reclamo.

La pregunta de fondo es si el conflicto encontrará una salida negociada antes de que erosione gravemente la posición argentina como destino de inversión minera. La administración Milei tiene incentivos políticos contradictorios: por un lado, necesita que el Distrito Vicuña avance para sostener el flujo de divisas que demanda el modelo macroeconómico; por el otro, no dispone de margen político para favorecer abiertamente a Quintela —su principal opositor peronista— en un litigio interprovincial. El desenlace dependerá de la capacidad de los gobernadores para encontrar un esquema de coordinación que reconozca los intereses de ambas provincias sin paralizar el proyecto, o de la intervención de la Justicia federal con un fallo que fije reglas estables para futuras disputas similares en el desarrollo minero argentino.