Milei congeló las transferencias extras a La Rioja tras la Ley de Glaciares y el freno a Vicuña: el Gobierno reclamaba RIGI, Boleta Única y cargos en el Tribunal de Cuentas

El gobernador Ricardo Quintela había solicitado un adelanto de coparticipación por 85 mil millones de pesos. Las negociaciones se canalizaron a través de Martín Menem y Ricardo Herrera, secretario general de la Gobernación. La Casa Rosada exigió a cambio adhesión al RIGI, sanción de la Boleta Única, representantes de La Libertad Avanza en el Tribunal de Cuentas provincial y nombramientos en la Justicia. Quintela rechazó las condiciones y la asistencia financiera quedó suspendida.

El presidente Javier Milei puso en el freezer la transferencia de recursos extras hacia La Rioja tras dos definiciones políticas que la administración nacional consideró especialmente lesivas para sus intereses estratégicos: la sanción provincial de la Ley de Glaciares y la medida cautelar de la jueza riojana María Greta Decker que paralizó el tránsito logístico hacia el yacimiento Josemaría del Distrito Vicuña en San Juan. La decisión se concretó después de un proceso de negociación que se canalizó a través de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, y Ricardo Herrera, secretario general de la Gobernación riojana.

El reclamo financiero original que disparó las conversaciones tenía un volumen específico: el gobierno provincial había solicitado un adelanto de coparticipación por 85 mil millones de pesos. La cifra refleja el grado de estrechez fiscal que atraviesa la administración Quintela, agudizada por el ajuste sobre las transferencias automáticas que ejecuta la Casa Rosada y por el deterioro de la recaudación provincial propia en un cuadro de recesión económica que coloca a La Rioja al frente del ranking nacional de cierre de empresas con una caída del 16,1% del parque productivo.

La contraoferta de la Casa Rosada, articulada por Menem en sus contactos con Herrera, configuraba un paquete de exigencias políticas que excedía ampliamente la lógica estrictamente financiera de un adelanto coparticipable. El Gobierno nacional planteó cuatro condiciones específicas: la adhesión de La Rioja al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), la sanción de la Boleta Única en el régimen electoral provincial, la incorporación de representantes de La Libertad Avanza al Tribunal de Cuentas de la provincia, y nombramientos del espacio libertario en cargos del Poder Judicial riojano.

Cada una de las condiciones tiene implicaciones políticas profundas que conviene desglosar con rigor. La adhesión al RIGI constituiría el alineamiento de La Rioja con el principal instrumento de promoción de grandes inversiones del Gobierno nacional, replicando el camino que ya recorrieron otras administraciones provinciales —entre ellas San Juan— para captar proyectos como Los Azules. La medida implicaría aceptar las condiciones tributarias diferenciales y los plazos de estabilidad fiscal que el régimen establece, en muchos casos resistidos por administraciones provinciales con perfil más confrontativo con el modelo extractivista.

La sanción de la Boleta Única reordena el sistema electoral provincial. La Rioja conserva actualmente el sistema de boleta partidaria múltiple, que algunos analistas identifican con ventajas operativas para los oficialismos provinciales con aparato territorial consolidado. La migración a Boleta Única —impulsada con énfasis por La Libertad Avanza a nivel nacional— modifica las condiciones de competencia interna, debilita el peso del fiscal partidario en mesa y, en tesis de algunos politólogos, beneficia a las fuerzas políticas con mayor exposición mediática en detrimento de las de construcción territorial directa.

Los pedidos sobre el Tribunal de Cuentas y el Poder Judicial provincial constituyen el componente más sensible institucionalmente. El Tribunal de Cuentas es el organismo encargado del control externo del gasto provincial, con facultades para auditar la ejecución presupuestaria y observar contrataciones. La incorporación de representantes de La Libertad Avanza a su composición habilitaría a la oposición libertaria a vigilar desde adentro la administración financiera de la propia gestión Quintela. Los nombramientos en la Justicia riojana operarían en el mismo sentido: garantizar presencia institucional libertaria en estructuras que históricamente han sido controladas por el peronismo provincial.

Conviene desplegar el contexto que precipitó las exigencias nacionales. La sanción de la Ley de Glaciares riojana —que protege los recursos hídricos de la cordillera y el ambiente periglacial— restringe operativamente las posibilidades de explotación minera en zonas sensibles del oeste provincial. La medida fue celebrada por organizaciones ambientales y comunidades cordilleranas, pero fue leída por la administración nacional como obstáculo político a la expansión del modelo minero metalífero que el Gobierno de Milei busca consolidar como vector de divisas para la macroeconomía argentina.

El segundo factor —la cautelar contra el corredor logístico hacia Vicuña— resulta aún más sensible porque afecta directamente al megaproyecto que BHP y Lundin Mining proyectan desarrollar con una inversión de 18.000 millones de dólares. La paralización del tránsito por territorio riojano obligó a la operadora a depender de trazas sanjuaninas todavía en ejecución, generó preocupación en los inversores internacionales y comprometió uno de los activos centrales de la promesa exportadora que el oficialismo nacional construye sobre la minería del cobre.

La negativa de Quintela a aceptar las condiciones del paquete configura una decisión política con varias dimensiones. En primer término, el gobernador no podía aceptar el RIGI ni los nombramientos opositores en organismos de control sin generar una fractura interna en su propio espacio, particularmente con sectores ambientalistas y con la dirigencia peronista que viene denunciando el ahogamiento financiero como política sistemática del Gobierno nacional. En segundo término, la aceptación habría debilitado el perfil confrontativo que Quintela construye de cara a su candidatura presidencial 2027, lanzada formalmente este 1° de Mayo en Parque Norte. Aceptar las condiciones de Milei, en clave electoral, equivalía a desactivar el principal capital político del armado quintelista.

El rechazo riojano consolida un escenario de confrontación financiera estructural entre la provincia y la Nación. La Rioja mantendrá su pulseada coparticipable en la Corte Suprema —donde litiga por los fondos retenidos—, sostendrá las medidas administrativas y judiciales que afectan al Distrito Vicuña, y deberá administrar el ajuste interno con los recursos disponibles, sin la inyección extraordinaria que el adelanto coparticipable habría aportado al Tesoro provincial. La estrechez fiscal se traducirá previsiblemente en demoras en obras provinciales, ajustes en programas sociales no esenciales y mayor presión sobre las paritarias estatales.

Para el Gobierno nacional, la decisión de congelar las transferencias también implica un riesgo político. La medida puede ser leída como represalia política frente a decisiones soberanas de un Estado provincial, lo que en términos de federalismo argentino resulta institucionalmente cuestionable y políticamente útil al armado quintelista. Cada peso que la Casa Rosada retiene a La Rioja se convierte en argumento del relato confrontativo que Quintela despliega en su gira federal, exhibiendo a la provincia como caso testigo de las represalias que la administración Milei aplica sobre los distritos peronistas no alineados.

La pregunta que queda planteada es hasta cuándo puede sostenerse el statu quo. La Rioja necesita los recursos para sostener la administración pública provincial; el Gobierno nacional necesita destrabar el acceso al Distrito Vicuña para concretar inversiones que considera estratégicas. La negociación, suspendida tras el rechazo de Quintela, deberá reabrirse en algún momento con un esquema que permita a ambas partes recuperar márgenes de maniobra sin traicionar sus respectivas posiciones políticas. Mientras tanto, La Rioja administra con sus propios recursos una crisis múltiple —fiscal, productiva, social y judicial— que tiene como contracara la candidatura presidencial de su gobernador y la expectativa de una alternancia nacional que reordene el juego en 2027.