Incautaron en San Juan un cargamento de yeso riojano por 131 millones: el Ministerio de Minería de La Rioja intervino tras detectar guías de tránsito adulteradas
Gendarmería Nacional interceptó en la Ruta Nacional 141, en el departamento sanjuanino de Caucete, un camión de gran porte que transportaba más de 30 toneladas de yeso con documentación apócrifa. El procedimiento involucró al Escuadrón 66 «San Juan», al Juzgado de Paz local y al ministerio minero riojano, en una articulación interjurisdiccional que pone bajo escrutinio el control efectivo del transporte de minerales que salen del territorio provincial.
Un cargamento de yeso de origen riojano valuado en 131 millones de pesos fue secuestrado en territorio sanjuanino tras detectarse que el camión transportista circulaba con guías de tránsito adulteradas. El procedimiento se realizó sobre la Ruta Nacional 141, en el departamento de Caucete, e involucró al Escuadrón 66 «San Juan» de Gendarmería Nacional, al Ministerio de Minería de La Rioja y al Juzgado de Paz local. La articulación interjurisdiccional permitió incautar más de 30 toneladas de mineral y dejar secuestrado al vehículo de gran porte que lo transportaba.
El operativo se inició como un control de rutina ejecutado por agentes de la Sección de Seguridad Vial «Circunvalación» sobre la traza de la Ruta Nacional 141. Al solicitar la documentación correspondiente al conductor, los uniformados detectaron inconsistencias sospechosas en la guía de tránsito presentada para amparar el traslado del cargamento. La verificación posterior, a través de consultas con fuentes oficiales y cruce de datos con los registros administrativos vigentes, confirmó que los documentos habían sido adulterados con la intención de dar apariencia de legalidad al transporte del mineral.
La intervención del Ministerio de Minería de La Rioja resulta el dato más relevante del caso desde el ángulo institucional. Las guías de tránsito constituyen el instrumento administrativo mediante el cual cada provincia controla la salida de minerales de su territorio, valida el origen legal de la carga, registra el volumen extraído y asocia la operación con la liquidación de regalías mineras correspondientes. La adulteración de esa documentación supone, simultáneamente, una maniobra de evasión tributaria provincial, un eventual delito de falsificación documental y un perjuicio fiscal directo para el Estado riojano.
El cuadro fáctico requiere una lectura específica sobre la economía del yeso en La Rioja. La provincia dispone de yacimientos de yeso explotados por distintas empresas y particulares, principalmente en zonas del oeste y centro provincial, cuyo destino habitual es la industria de la construcción y la fabricación de placas de yeso (drywall) en mercados nacionales. La salida del mineral hacia plantas industriales radicadas en otras provincias —principalmente Buenos Aires, Córdoba y San Juan— constituye flujo comercial cotidiano y exige cumplimiento estricto de la normativa minera y tributaria.
El valor declarado del cargamento incautado —131 millones de pesos por más de 30 toneladas de yeso— configura un dato económico significativo. La cifra unitaria por tonelada se ubica en niveles elevados que requerirán verificación pericial en el marco de la causa judicial, e ilustra la dimensión económica de un comercio de minerales no metalíferos que tradicionalmente recibe menos atención mediática que la minería metalífera de gran escala —cobre, oro, litio—, pero que constituye un componente relevante de la economía minera provincial y, eventualmente, una fuente de evasión por la atomización del control administrativo.
La articulación entre Gendarmería Nacional y el Ministerio de Minería riojano también merece atención. Los controles fronterizos interjurisdiccionales funcionan habitualmente como filtros sobre el transporte de cargas, pero la efectividad del control depende de la capacidad técnica de los uniformados para detectar inconsistencias documentales y de la velocidad de respuesta de los organismos provinciales que validan o rechazan los datos sospechosos. La operación de Caucete sugiere que esa articulación funcionó razonablemente, pese a tratarse de un control «de rutina» sin información previa que orientara la búsqueda.
El caso pone bajo escrutinio el régimen de control que aplica el Estado riojano sobre la salida de minerales de su territorio. La pregunta de fondo no es si el control opera ocasionalmente —el operativo demuestra que lo hace—, sino si el sistema captura el conjunto de las operaciones irregulares o si la incautación de Caucete constituye un caso aislado que se detectó por azar dentro de un volumen mayor de transporte irregular que circula sin ser interceptado. La respuesta a esa pregunta tiene impacto fiscal directo sobre la recaudación provincial por regalías mineras.
La situación se inscribe, además, en un contexto de redefinición de la matriz minera riojana. La provincia avanza con la creación de la empresa estatal Kallpa SAPEM para gestionar activos mineros provinciales, evalúa la adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), participa indirectamente en la disputa sobre la línea de extra alta tensión de 500 kilovoltios que vincularía a Vicuña Argentina S.A. con el sistema riojano, y registra solicitudes de cateo en territorios como Chilecito y Coronel Felipe Varela. Cualquier debilidad en el control administrativo del flujo minero existente erosiona la legitimidad institucional para escalar a proyectos de mayor envergadura.
El proceso judicial que se abre en San Juan deberá determinar varios extremos. En primer término, la responsabilidad penal del conductor del camión, eventual receptor pasivo de una documentación apócrifa que pudo no haber sido confeccionada por él. En segundo término, la identificación del proveedor o cargador del mineral y de los responsables de la confección de las guías adulteradas, que pueden integrar un circuito comercial más amplio. En tercer término, el destinatario final del mineral en San Juan o en otra provincia, que también requiere verificación. El Juzgado de Paz de Caucete, la fiscalía sanjuanina y eventualmente la Justicia federal —si el caso involucra delitos de competencia federal— deberán articular el procesamiento del expediente.
Para La Rioja, el caso debería motivar una revisión interna de los procedimientos de emisión y control de guías de tránsito mineras. La sofisticación creciente de las maniobras de adulteración documental obliga a los Estados provinciales a invertir en sistemas de verificación digital, validación en tiempo real de las guías por parte de los transportistas, integración con bases de datos de Gendarmería y Policía Caminera, y trazabilidad de cada partida desde el yacimiento hasta el destino final. Sin esa infraestructura técnica, el control operará por excepción y no por sistema.
La pregunta que queda planteada es cuántos cargamentos similares circulan sin ser detectados. La operación de Caucete tuvo un costo de 131 millones de pesos para quienes intentaban evadir los controles; el volumen total de comercio mineral no metalífero que sale de La Rioja por mes se mide en órdenes de magnitud superiores. Si el porcentaje de operaciones irregulares es siquiera moderado, el perjuicio fiscal acumulado sobre las arcas provinciales asume dimensiones significativas en un momento en que la administración Quintela atraviesa estrechez presupuestaria y disputa coparticipación con la Nación. El operativo del Escuadrón 66 funciona, en ese sentido, como una alarma silenciosa sobre un terreno de control fiscal que la provincia necesita reforzar con urgencia.