El conflicto limítrofe escaló: un exdiputado de Valle Fértil acusó a Quintela de pretender Gualcamayo y Josemaría, y la disputa entre La Rioja y San Juan se transformó en pulseada por los recursos mineros

Carlos Fabris, exlegislador vallisto que participó en el armado normativo que fijó los actuales límites con La Rioja, sostuvo que el reclamo del gobernador Ricardo Quintela no se circunscribe a Ischigualasto sino que apunta directamente a dos de las áreas mineras más codiciadas del oeste sanjuanino. Mientras Orrego y los legisladores cuyanos endurecen la respuesta institucional, en La Rioja se consolida la lectura de que detrás de la pulseada por la Ley 18.004 hay un reordenamiento del mapa minero argentino que ya nadie disimula.

La disputa limítrofe entre La Rioja y San Juan, que el gobernador Ricardo Quintela reabrió la semana pasada con un reclamo formal para que el Senado de la Nación revise los acuerdos de 1968, sumó un capítulo cargado de simbolismo desde la otra orilla. El exdiputado vallisto Carlos Fabris —uno de los referentes que en su momento participó del armado normativo que terminó cristalizando los límites entre ambas provincias— salió a marcar el verdadero alcance del planteo riojano: no se trata únicamente del Parque Provincial Ischigualasto, sostuvo, sino que Quintela apunta directamente a Gualcamayo y a Josemaría, dos de las áreas mineras más sensibles del oeste sanjuanino.

La afirmación de Fabris importa por dos motivos. Primero, porque proviene de un dirigente que conoce desde adentro la mecánica con la que se construyó el régimen limítrofe vigente y, por lo tanto, lee la jugada del gobernador riojano con la perspectiva de quien estuvo en la cocina del acuerdo. Segundo, porque corre el foco mediático del Valle de la Luna —el ícono turístico que San Juan defiende como patrimonio identitario— hacia los activos mineros que están detrás del verdadero interés económico en juego. La pulseada, en su lectura, no es por geografía: es por regalías, jurisdicción y poder de policía sobre proyectos que mueven miles de millones de dólares.

El reclamo de Quintela, formalizado desde Buenos Aires en los primeros días de la semana pasada, se asienta en un argumento jurídico que el riojano viene puliendo desde 2021 y que ya había impulsado Carlos Menem en 2010 sin éxito en el Congreso. Sostiene que la Ley Nacional 18.004, sancionada el 15 de diciembre de 1968 durante el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía, carece de validez democrática porque fue firmada por gobernadores no electos —Edgardo Gómez por San Juan y Guillermo Iribarren por La Rioja— y nunca contó con la ratificación de un Congreso libre. Con ese fundamento, pidió que sea el Senado el que reabra la discusión sobre las siete áreas que aquel decreto redefinió.

Entre esas siete áreas figuran dos territorios decisivos para entender la pulseada actual: el Valle de la Luna, hoy bajo administración sanjuanina, y la zona del cerro El Potro, donde se asienta el yacimiento Josemaría. Ese megaproyecto —que junto a Filo del Sol conforma el distrito minero Vicuña, operado por la asociación entre Lundin Mining y BHP— es considerado uno de los pilares del desarrollo cuprífero nacional y supone una inversión superior a los 4.000 millones de dólares. Su eventual cambio de jurisdicción reordenaría de manera estructural la matriz de regalías y de ingresos provinciales del noroeste argentino.

A esa lista, según Fabris, hay que agregar Gualcamayo, el yacimiento aurífero ubicado en el departamento Jáchal que durante años operó la canadiense Yamana Gold y que hoy continúa siendo una de las explotaciones mineras consolidadas de San Juan. La inclusión de Gualcamayo en el reclamo riojano —que el exlegislador vallisto leyó en clave de avance territorial extensivo— ensancha la frontera del conflicto y transforma la disputa en una discusión integral sobre la jurisdicción minera del oeste sanjuanino. Si el planteo prosperara en su versión maximalista, La Rioja capturaría tres de los activos productivos más relevantes de su provincia vecina.

La reacción institucional sanjuanina fue contundente y poco frecuente por su unidad. El gobernador Marcelo Orrego endureció su discurso al sostener que la jurisdicción de San Juan está respaldada por la Ley 18.004 y por la Constitución Nacional, y que el reclamo riojano carece de “sustento jurídico”. En la Cámara de Diputados sanjuanina, los bloques de Cambia San Juan, el Bloque Bloquista, La Libertad Avanza y el justicialista vallisto Omar Ortiz convergieron en proyectos de repudio. En paralelo, los diputados nacionales Nancy Picón y Carlos Jaime presentaron una declaración en el Congreso para rechazar las afirmaciones de Quintela en respaldo a la postura provincial.

El telón de fondo del conflicto es bien conocido en La Rioja. Hace pocas semanas, un fallo judicial dictado en la provincia ordenó frenar la actividad del proyecto Vicuña y prohibió el uso del camino que atraviesa territorio riojano por Guandacol, único acceso terrestre operativo hacia el campamento Batidero del lado sanjuanino, hasta tanto se presentara un estudio de impacto ambiental aprobado en La Rioja. Esa medida cautelar fue la que escaló el conflicto del plano administrativo al territorial, y la que llevó a Quintela a vincular explícitamente la cuestión de los caminos de servidumbre con la legitimidad histórica de los límites provinciales.

La economía riojana del oeste se ve atravesada por esta puja en términos muy concretos. Según relevamientos del propio sector, alrededor de 140 trabajadores riojanos se desempeñan de manera directa en los proyectos del oeste sanjuanino, a los que se suman proveedores locales, transporte, hotelería, logística y gastronomía concentrados en Guandacol, Villa Unión, Santa Clara, Villa Castelli y la Capital. El sector estima que unas 190 familias dependen de manera inmediata de la continuidad de la actividad. Bajo el régimen 14×14, los salarios mineros oscilan entre $1.800.000 mensuales para un operario inicial y más de $3.000.000 para puestos calificados, ingresos sin equivalente en el mercado laboral privado provincial.

Para la Casa de Gobierno riojana, el reclamo limítrofe se inscribe en una estrategia política más amplia. Quintela viene articulando un discurso federal que combina el cuestionamiento al modelo minero sanjuanino —que él mismo califica como “entreguista”— con la defensa de un esquema con participación estatal, encarnado en la SAPEM Kallpa que el Gobierno provincial impulsa para los proyectos riojanos. La reapertura de la discusión sobre los límites no es solamente una pelea por hectáreas: es la herramienta institucional con la que el riojano busca reposicionar a su provincia como interlocutor activo en el reordenamiento del mapa minero argentino que viene impulsando el RIGI.

La pregunta de fondo que dejan los dichos de Fabris es si la jugada de Quintela terminará prosperando en el Senado o si quedará reducida —como ocurrió con los antecedentes de 2010 y 2021— a una declaración política sin traducción normativa. Pero en el corto plazo, la sola apertura del debate ya generó un costo concreto para los proyectos sanjuaninos —freno judicial al acceso por Guandacol, incertidumbre jurídica para los inversores extranjeros, repudios legislativos cruzados— y consolidó a La Rioja como un actor que dejó de aceptar pasivamente el statu quo limítrofe heredado de la dictadura. La pulseada por Gualcamayo, Josemaría e Ischigualasto, con todo lo que tienen de carga simbólica y material, recién comienza.