Conflicto minero: Gabriel Paredes de CAPRESMI respalda a Vicuña tras el bloqueo judicial en La Rioja

El presidente de la Cámara de Proveedores de Servicios Mineros de Iglesia (San Juan) alertó sobre el impacto negativo en la cadena de valor tras la cautelar de la justicia riojana. El cambio de logística hacia Angualasto adelanta oportunidades para los proveedores sanjuaninos.

En el marco del conflicto jurisdiccional y judicial que afecta la operatividad de la empresa minera Vicuña, el presidente de CAPRESMI, Gabriel Paredes, manifestó el firme apoyo de la cámara a la operadora. La medida cautelar impuesta por la justicia de La Rioja, que bloquea el camino de acceso utilizado habitualmente, ha generado un clima de incertidumbre en el sector que impacta directamente en proveedores y trabajadores.

Respaldo a la empresa y preocupación por la cadena de valor

Paredes confirmó que, tras conocerse la medida, la cámara emitió un comunicado oficial y se puso a disposición de la empresa para mitigar las consecuencias de lo que considera una decisión que afecta la previsibilidad del sector.

«Tomamos esa medida en acompañamiento mediante ese comunicado hacia la empresa Vicuña. Sabemos que estas medidas por ahí un poco unilaterales afectan sin lugar a duda esa cadena de valor que conlleva a la minería».

Para el titular de CAPRESMI, el objetivo primordial es que este conflicto «cause el menor impacto» posible en los prestadores de servicios que dependen de la continuidad operativa del proyecto.

El adelantamiento de la logística por San Juan

Ante la imposibilidad de transitar por territorio riojano, la actividad se ha desplazado hacia el departamento Iglesia, específicamente por la localidad de Angualasto. Paredes señaló que, si bien este era un escenario previsto a futuro, la medida judicial aceleró los tiempos de forma repentina.

«Sin lugar a duda que se abren puertas ahora, un poco adelantado… los proveedores mineros del departamento tenían conocimiento de que esto iba a suceder un par de años más adelante. Esto se ha promulgado repentinamente, hay que prepararse y estar a la altura para tomar oportunidades».

Incertidumbre por el plazo de 30 días

Paredes subrayó que la cautelar riojana tiene una vigencia inicial de un mes, lo que obliga a los proveedores sanjuaninos a un seguimiento diario de la situación.

«Estamos muy atentos a lo que pueda suceder. Sabemos que esta medida impuesta por la justicia riojana es por 30 días. Tenemos una incertidumbre en cómo va a continuar esto; momentáneamente estamos focalizados en el día a día».

Desde la cámara que nuclea a los proveedores de Iglesia, reafirmaron su postura «prominera», siempre bajo la premisa de una actividad cuidada y sustentable, y enviaron un mensaje de acompañamiento a la empresa Vicuña para «minimizar el impacto que esto va a producir» en el corto plazo.