El Dr. Sebastián Dávila aseguró que la discusión de límites está «totalmente zanjada» desde 1968. Explicó que las leyes sancionadas en gobiernos de facto son plenamente vigentes y que el planteo de Quintela carece, por ahora, de sustento legal en los papeles.
Mientras el debate político sube de tono, la vía judicial permanece en silencio. El Fiscal de Estado de San Juan, Dr. Sebastián Dávila, confirmó que hasta el momento la provincia no ha recibido ninguna notificación judicial ni comunicación administrativa por parte del Gobierno de La Rioja respecto al proyecto minero Vicuña o a la soberanía de Ischigualasto.
«Estamos trabajando sobre trascendidos periodísticos. Para San Juan, el asunto de los límites está totalmente zanjado desde el año 1968», afirmó Dávila, echando por tierra el argumento del gobernador riojano sobre la supuesta nulidad de los acuerdos firmados durante gobiernos de facto.
Validez de las leyes y competencia de la Corte
Dávila fue categórico al responder a los cuestionamientos de Ricardo Quintela sobre la legalidad de los límites actuales:
- Vigencia legal: «Hay muchas leyes sancionadas en gobiernos de facto que están vigentes. No podemos alterar esa situación de la nada».
- Jurisdicción: El Fiscal recordó que cualquier conflicto entre provincias debe ser dirimido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación bajo su competencia originaria, o bien por el Congreso Nacional, que es el órgano que trata las cuestiones de límites.
- Ratificación histórica: El acuerdo de 1968 fue ratificado por ambas legislaturas provinciales y reafirmado por el Congreso Nacional, incluso durante la creación de la región de Nuevo Cuyo en la década del 90.
El factor ambiental y el acceso a la mina
El Fiscal de Estado introdujo un matiz técnico que podría ser el único punto de debate real en el futuro: la cuestión ambiental. «La única discusión que se podría plantear es por cuestiones ambientales debido a la cercanía entre proyectos, pero no de límites», aclaró.
Asimismo, se refirió a la logística del proyecto Vicuña y la dependencia actual de las rutas riojanas:
«Lo que sería urgente es acelerar los procesos para que el ingreso a la mina sea directamente por San Juan, sin necesidad de ingresar por el lado riojano», señaló Dávila, coincidiendo con la estrategia de la provincia para evitar las presiones camineras que hoy ejerce La Rioja.
Sin diálogo entre fiscales
Dávila también reveló que no ha mantenido contacto con su par riojano por este tema. «Participo del Foro Federal de Fiscales de Estado, pero más allá de un saludo, no hubo comunicación», indicó, reforzando la idea de que San Juan no le dará entidad legal al conflicto hasta que no exista una presentación formal en los tribunales o en el Congreso.
Por ahora, desde la Fiscalía de Estado sanjuanina transmiten tranquilidad a los inversores y a la población: «No hay alteración posible de los límites; el panorama está claro y estamos bien resguardados legalmente», concluyó.
