La Rioja se metió formalmente en la disputa por la línea de 500 kV de Vicuña: presentó oposición ante el ENRE y reclama obras para garantizar la interconexión
Una resolución oficial publicada en el Boletín Oficial confirma que la Secretaría de Energía riojana, conducida por el Ministerio de Agua y Energía provincial, presentó una oposición formal al pedido de Vicuña Argentina S.A. y exigió que la minera asuma el costo de las obras de adecuación necesarias para concretar la interconexión eléctrica con la provincia. La audiencia pública convocada por el ENRE será el 3 de junio y reunirá a los entes provinciales, gobiernos municipales sanjuaninos y al menos cuatro empresas mineras que también plantearon objeciones.
La Provincia de La Rioja se incorporó formalmente a la disputa regulatoria por la línea de 500 kV que proyecta construir Vicuña Argentina S.A. en San Juan, según se desprende de la Resolución 219/2026 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), publicada en el Boletín Oficial. La Secretaría de Energía dependiente del Ministerio de Agua y Energía riojano presentó el 10 de marzo una oposición técnica y regulatoria al pedido de la minera y reclamó que se convoque a audiencia pública para exponer sus argumentos.
El planteo riojano contiene un reclamo central de alto impacto económico: que el ENRE se abstenga de aprobar el acceso a la capacidad de transporte solicitado por Vicuña Argentina hasta que esta empresa asuma el costo de las obras de adecuación necesarias para garantizar la futura interconexión de 500 kV con la provincia. La definición transforma la discusión técnica sobre transporte eléctrico en una negociación económica concreta: La Rioja exige que el principal beneficiario privado del proyecto financie las obras que permitirán que la provincia se sume al corredor energético.
El proyecto bajo análisis fue presentado por la Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A. a requerimiento de Vicuña Argentina S.A. —la sociedad que agrupa los proyectos mineros Josemaría y Filo del Sol bajo el paraguas de la asociación entre BHP y Lundin Mining— para abastecer una demanda de 260 megavatios destinada al complejo minero a cielo abierto Josemaría en su primera fase. Las obras incluyen la construcción de una nueva Estación Transformadora Chaparro con tecnología GIS, la ampliación de la ET Rodeo, la conversión a 500 kilovoltios de la línea Nueva San Juan-Rodeo y, sobre todo, una nueva línea de extra alta tensión de 167 kilómetros entre Rodeo y Chaparro.
El ENRE había otorgado en febrero, mediante la Resolución 79/2026, una prioridad de uso del 90% de la capacidad disponible a Vicuña Argentina S.A. por un plazo de 25 años. Esa definición, de magnitud excepcional, gatilló la cascada de oposiciones que ahora obligan al regulador a convocar a audiencia pública. El ENRE fijó esa instancia para el 3 de junio a las 10 de la mañana, con desarrollo virtual y transmisión por streaming, y habilitó el registro de participantes desde el 16 de mayo hasta el 1 de junio.
La oposición riojana se inscribe en un cuadro mucho más amplio que excede a la provincia. El Ente Provincial Regulador de la Electricidad de San Juan presentó su propia oposición y solicitó suspender la aprobación hasta que se completen estudios técnicos que permitan evaluar la operación segura del Sistema Argentino de Interconexión. Tres municipios sanjuaninos —Jáchal, Iglesia y Calingasta— se sumaron al rechazo, este último incluso pidiendo la suspensión de la ejecución de la resolución original.
El frente empresarial mostró aún más densidad. Andes Corporación Minera S.A. —desarrolladora del proyecto Los Azules, adherido al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) por una inversión de 2.672 millones de dólares— presentó una oposición que cuestiona la propia metodología de cálculo del ENRE. La empresa argumenta que la capacidad real del corredor sería de entre 645 y 745 megavoltios-amperio, y no los 854 que tomó como base la resolución original, lo que implicaría que la prioridad otorgada a Vicuña consumiría hasta el 84,6% de la capacidad real, dejando margen mínimo para otros proyectos.
Golden Mining S.A. —titular del proyecto minero Hualilán— y Casposo Argentina Ltd presentaron también objeciones técnicas. Golden Mining advirtió que la prioridad otorgada a Vicuña podría afectar la disponibilidad futura de transporte para Hualilán, que ya cuenta con aprobación ambiental. Casposo, por su parte, defendió la capacidad de transporte reservada para su emprendimiento, prevista en leyes provinciales sanjuaninas. La cantidad de actores que cuestionan formalmente el proyecto convirtió a la audiencia del 3 de junio en una de las más complejas que el ENRE deba arbitrar en el sector eléctrico en los últimos años.
Para La Rioja, la jugada combina dos lógicas que convergen estratégicamente. Por un lado, abre la puerta para que la línea de 500 kV se transforme efectivamente en el cierre del anillo eléctrico regional, conectando el sistema sanjuanino con la red provincial riojana —un objetivo que la propia provincia viene impulsando desde hace años para reducir su dependencia del abastecimiento desde el norte y diversificar las vías de ingreso de energía. Por otro, impone una condición económica concreta: que el costo de la obra de adecuación corra por cuenta del beneficiario privado, no del Estado provincial ni del sistema en su conjunto.
El argumento riojano se inscribe en un debate regulatorio más profundo que recorre todas las oposiciones: si Vicuña Argentina debe ser tratada como iniciadora del proyecto —y por tanto con derecho a la prioridad otorgada— o como beneficiaria no iniciadora del corredor preexistente, lo que la obligaría a adquirir derechos financieros de la ampliación a los iniciadores originales y a compartir los costos en las proporciones que defina la autoridad regulatoria. Tanto el EPRE sanjuanino como Casposo plantearon explícitamente este encuadre normativo, que de prosperar reordenaría sustancialmente las cuentas del proyecto.
La audiencia pública del 3 de junio será presidida por los ingenieros Aldo Julio Furnari y Oscar Medina, asistidos por el jefe de la Asesoría Jurídica del ENRE, Sergio Bergoglio, o su alterna Liliana Gorzelany. La instructora será María Cristina Tonnelier, jefa del Área de Análisis Regulatorio y Estudios Especiales. Cada persona física inscripta tendrá cinco minutos de exposición; las personas jurídicas, organismos y entidades, diez minutos. La provincia de La Rioja deberá definir en los próximos días si concurre con un equipo técnico propio, contrata asesoramiento externo o articula su presentación con el EPRE sanjuanino y los municipios cordilleranos para potenciar el peso político del frente provincial.
El desenlace de la audiencia tendrá consecuencias estructurales para el desarrollo eléctrico del oeste argentino y para la viabilidad de los megaproyectos mineros que se gestan en la cordillera. Si el ENRE incorpora los reclamos provinciales y obliga a Vicuña a financiar las obras de interconexión con La Rioja, la provincia gobernada por Ricardo Quintela quedará a un paso de concretar una vieja aspiración: integrarse al corredor energético cuyano y reducir su vulnerabilidad sistémica. Si, en cambio, el regulador convalida el esquema original, La Rioja deberá esperar otro ciclo de inversiones para resolver una asignatura pendiente del federalismo eléctrico argentino.
La resolución