Celulares en la escuela: la evidencia es mixta y La Rioja está entre las provincias sin regulación

El debate sobre si prohibir o no el uso de celulares en las aulas ganó centralidad en la agenda educativa argentina, pero la evidencia disponible todavía no ofrece un veredicto unificado. Así lo plantea un nuevo informe de Argentinos por la Educación, elaborado por Andrea Goldin (CONICET-UTDT), Martín Nistal y Tomás Besada, que sistematiza la evidencia internacional y describe el estado de la regulación en el país.

Un fenómeno que empieza cada vez más temprano

Según los datos del operativo Aprender 2024, el 59% de los estudiantes de 3er grado de primaria —chicos de alrededor de 8 años— ya tiene celular propio en Argentina, y otro 23% usa el de un familiar. Apenas el 18% no tiene acceso a un dispositivo. La tenencia varía fuertemente según el nivel socioeconómico (63% en el quintil más alto contra 52% en el más bajo) y según el ámbito: 61% en zonas urbanas contra 48% en zonas rurales. En el nivel secundario, la tenencia ya es prácticamente universal: 90% según Aprender 2023.

Lo que dice la evidencia internacional

El informe repasa estudios de Reino Unido, Noruega, Suecia, España, Brasil, Chile y Estados Unidos, entre otros. La conclusión central es que las restricciones al uso del celular sí son efectivas para reducir su uso dentro del aula —con caídas de hasta 80% en el uso reportado en clase—, pero ese cambio de comportamiento no se traduce necesariamente en mejores resultados académicos. Los estudios que encuentran efectos positivos en el rendimiento reportan mejoras modestas, de entre 0,06 y 0,14 desviaciones estándar, mientras que otra parte de la literatura no detecta cambios significativos. En el plano del bienestar y la convivencia escolar, los resultados también son heterogéneos: algunas investigaciones registran menos bullying, otras un aumento transitorio de problemas disciplinarios y una caída en la autoeficacia percibida.

El mundo avanza hacia la regulación

A nivel global, la proporción de países con algún tipo de prohibición o restricción formal pasó de menos de una cuarta parte en 2023 a cerca del 60% en 2026, según UNESCO. Francia fue pionera en 2010 prohibiendo el uso en primaria y secundaria básica; Países Bajos y Chile avanzaron con restricciones nacionales más recientes. Otros países, como Brasil, Finlandia o China, optaron por modelos de «uso condicionado» solo con fines pedagógicos, mientras que Reino Unido dejó la decisión librada a cada escuela.

En Argentina, un mapa desparejo

En el país no existe una normativa nacional unificada. Once jurisdicciones —Buenos Aires, CABA, Catamarca, Corrientes, Formosa, Mendoza, Neuquén, La Pampa, Salta, Tucumán y Santa Fe— ya cuentan con leyes o resoluciones propias, casi todas con el mismo patrón: mayor restricción en inicial y primaria, y uso condicionado a fines pedagógicos en secundaria. El 45% de las provincias reguló la cuestión; el 55% restante, no.


La Rioja no figura entre las once jurisdicciones que ya sancionaron una ley o resolución específica sobre el uso de celulares en las escuelas, según el relevamiento de Argentinos por la Educación, y se ubica así dentro del 55% de provincias sin marco normativo vigente en la materia. El informe destaca, además, que el 62% de los directivos y el 52% de los docentes de primaria a nivel nacional piden más formación para integrar las TIC en el aula, un dato que interpela también a la gestión educativa provincial en momentos en que otras jurisdicciones vecinas —como Catamarca— ya avanzaron con marcos regulatorios estrictos para los niveles obligatorios.