El Poder Ejecutivo Nacional presentó el 30 de junio ante el Congreso el Informe de Avance del Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para 2027, en cumplimiento del artículo 2° de la Ley 24.629. La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) difundió este 22 de julio su análisis del documento y detectó un cambio relevante en su formato: el informe de este año tiene un contenido mucho más acotado que el de 2026, ya que omite secciones enteras como el contexto macroeconómico, la estimación de recursos tributarios, las prioridades de política presupuestaria y la política de gestión y empleo público.

Una demanda de inversión en caída sostenida

Uno de los datos más significativos del informe es la evolución de la demanda de inversión pública cargada en el Banco de Proyectos de Inversión (BAPIN) para el ejercicio 2027: asciende a 1.765 proyectos por $10,2 billones, una caída marcada frente a los 2.014 proyectos de 2026 y los 4.496 de 2025. En apenas dos años, la cantidad de proyectos de inversión relevados por el Estado nacional se redujo más del 60%.

El documento remitido por el Ejecutivo establece que, entre los nuevos proyectos, tendrán prioridad aquellos con impacto en el empleo, la actividad exportadora, la balanza energética y el desarrollo tecnológico, según lo fijado por la Resolución Conjunta 19/2026 de Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Hacienda.

Ejecución fiscal a mayo: superávit primario y financiero

Según los datos incorporados al informe, la Administración Nacional acumuló a mayo de 2026 un resultado primario de $8,4 billones y un resultado financiero de $2,7 billones, con un nivel de ejecución de los ingresos totales del 40,1% y de los gastos totales del 39,2% sobre lo previsto para el año. Los gastos en Servicios Sociales concentraron el 73,9% del total devengado, con la Seguridad Social como principal componente (59,7%), mientras que Servicios Económicos —que incluye energía, transporte e industria— representó apenas el 6,7% del gasto acumulado.

Provincias: continúa el saneamiento fiscal, pero persisten los rezagados

El informe destaca los avances del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, cuyo plazo de adhesión fue prorrogado por el Decreto 171/2026. Según la OPC, actualmente 20 provincias y la Ciudad de Buenos Aires ya adhirieron al mecanismo, y 7 de ellas suscribieron acuerdos bilaterales de compensación. Esto marca un avance respecto de marzo de este año, cuando el propio Ministerio de Economía reconocía que solo 18 jurisdicciones se habían sumado y que Buenos Aires, la Ciudad, Formosa, La Rioja, Santa Fe y Santiago del Estero permanecían fuera del esquema.

El ajuste en la cartera de inversión pública nacional y la lógica de saneamiento fiscal que describe el informe de la OPC tienen un correlato directo en la provincia. La Rioja fue una de las jurisdicciones más golpeadas por el recorte de transferencias discrecionales: en junio recibió apenas $161 millones, una cifra que representó menos del 1% del total distribuido entre las 24 jurisdicciones del país, en un mes en que los envíos discrecionales cayeron 87,7% interanual a nivel nacional, según datos de la consultora Politikon Chaco.

Ese ajuste tuvo impacto concreto en la obra pública provincial: la decisión administrativa 20/2026 eliminó partidas para proyectos como el centro de visitantes de Talampaya y el corredor hacia Pircas Negras, y recortó fondos de mantenimiento vial, en un contexto en el que la Cámara de la Construcción de La Rioja describió una caída histórica de la actividad y pérdida de empleo registrado en el sector. Recién en las últimas semanas el Gobierno nacional destrabó financiamiento para obras puntuales, como los trabajos en la Ruta Nacional 75 entre Las Padercitas y el dique Los Sauces, en un anuncio que la dirigencia local de La Libertad Avanza capitalizó políticamente frente a las críticas de la gestión de Ricardo Quintela.

En materia de saneamiento fiscal, La Rioja continúa entre las provincias que no adhirieron al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, mientras el gobierno de Quintela sostiene un reclamo propio a la Nación por fondos de coparticipación y mantiene irresuelta la situación de default por los Bonos Verdes del Parque Eólico Arauco, con litigios abiertos en tribunales extranjeros. La combinación de menor inversión pública proyectada a nivel nacional para 2027 y la persistencia de La Rioja fuera de los mecanismos de regularización fiscal anticipa que la puja entre Chacras y Casa Rosada por los recursos federales seguirá siendo uno de los ejes centrales de la agenda provincial de cara al año electoral 2027.