La discusión entre unitarios y federales, que atraviesa la historia política argentina desde el siglo XIX, sigue vigente en la opinión pública. Según el informe «Distribución de Recursos Públicos» elaborado por la consultora Delfos —con 3.523 casos relevados entre el 13 y el 18 de junio de 2026, con un margen de error de +/- 2,2%—, la demanda de descentralización del poder aparece como una de las convicciones más firmes del electorado argentino.

Ante la pregunta sobre qué modelo de país prefieren, el 74,7% de los encuestados se inclinó por una Argentina «más federal, con protagonismo de las provincias», mientras que apenas el 18,4% optó por un esquema «más centralizado en el gobierno nacional». El 6,9% restante no supo o no contestó.

Recursos: la grieta que no cierra

Sin embargo, cuando la pregunta pasa del plano simbólico al económico, el consenso federal se diluye. Consultados sobre qué nivel de gobierno debería administrar la mayoría de los recursos y fondos públicos, los argentinos aparecen prácticamente divididos: el 41,8% respondió que debería ser el gobierno nacional, el 37,9% se inclinó por los gobiernos provinciales y solo el 3,9% eligió a los municipios. Un 16,4% no definió postura.

Esa paridad expone una tensión de fondo: la ciudadanía quiere un país con más protagonismo provincial en las decisiones políticas, pero no necesariamente traduce esa convicción en un traspaso automático de la caja. Es, en rigor, el mismo dilema que atraviesa año a año la discusión por la coparticipación federal, con provincias como La Rioja reclamando una distribución de recursos que hoy consideran insuficiente frente a sus necesidades estructurales.

La seguridad, la excepción

El único ítem donde la opinión pública se despega con claridad del reclamo descentralizador es la seguridad interior: el 64,3% de los consultados considera que la mayor responsabilidad en esta materia debe recaer en el gobierno nacional, contra un 29,3% que la asigna a las provincias y apenas 2,8% a los municipios.

El propio informe de Delfos sintetiza la paradoja: la sociedad argentina percibe que el país necesita una descentralización del poder político revestido en las instituciones de representación nacional a favor de las provincias, pero no necesariamente en sus áreas de administración pública concreta.

El dato nacional resuena con particular fuerza en una provincia como La Rioja, que combina un fuerte discurso de reivindicación federal —sostenido históricamente por el gobernador Ricardo Quintela en su confrontación con la administración de Javier Milei— con una alta dependencia fiscal de los envíos del Tesoro nacional. La misma tensión se proyecta sobre el conflicto por el proyecto minero Vicuña, donde La Rioja disputa con San Juan y con actores nacionales el control sobre la explotación de un recurso estratégico dentro de su propio territorio. La encuesta de Delfos confirma que ese reclamo de mayor autonomía provincial no es una bandera aislada del interior, sino una demanda mayoritaria en todo el país, aunque su traducción en términos de recursos concretos sigue siendo la asignatura pendiente del federalismo argentino.