La Legislatura provincial aprobó una norma que crea el Registro Provincial de la Industria de Eventos y de la Industria Creativa. La iniciativa busca ordenar la actividad, generar información para el diseño de políticas públicas y promover un sector con creciente impacto en el turismo, la cultura y la economía regional.
La Rioja dio un nuevo paso en la institucionalización de la denominada economía creativa. La Legislatura provincial sancionó la Ley N° 10.886, mediante la cual se crea el Registro Provincial de la Industria de Eventos y de la Industria Creativa (Re.P.I.EyC.), un padrón público y gratuito destinado a relevar y organizar a los actores vinculados a una de las actividades con mayor potencial para dinamizar el turismo, la producción cultural y los servicios.
La norma, impulsada por el diputado Ismael Aníbal Bordagaray, fue autopromulgada, por lo que entró en vigencia sin necesidad de promulgación por parte del Poder Ejecutivo.
Un registro para ordenar y fortalecer el sector
El artículo primero de la ley establece la creación del Re.P.I.EyC., un registro de acceso público y gratuito que permitirá identificar y sistematizar la información de quienes integran la industria de eventos y las actividades creativas en toda la provincia.
El objetivo es contar con una herramienta que facilite el diseño de políticas públicas orientadas al desarrollo de un sector que reúne a organizadores de eventos, productores, emprendedores culturales, artistas, empresas de servicios, proveedores técnicos y otras actividades vinculadas a la economía creativa.
Un consejo consultivo con representación multisectorial
La ley también crea el Consejo Consultivo para la Promoción y Desarrollo de la Industria de Eventos y de la Industria Creativa, que funcionará como órgano asesor de carácter no vinculante.
Sus integrantes ejercerán sus funciones ad honorem y representarán a distintos sectores públicos y privados.
El organismo estará conformado por:
- Un representante de la Función Ejecutiva.
- Tres representantes de la Función Legislativa, dos por la mayoría y uno por la primera minoría.
- Dos representantes de los municipios.
- Un representante del sector privado.
- Un representante del sector académico.
- Un representante de la sociedad civil.
La composición busca incorporar la visión institucional, empresarial, académica y comunitaria para acompañar el desarrollo de la actividad.
El Ejecutivo definirá la autoridad de aplicación
La norma dispone que será la Función Ejecutiva la encargada de designar la autoridad de aplicación, organismo que tendrá la responsabilidad de implementar la ley, reglamentarla y convocar al funcionamiento del Consejo Consultivo.
Además, esa autoridad será la encargada de supervisar el cumplimiento de las obligaciones previstas para quienes accedan a los beneficios que eventualmente establezca el régimen, pudiendo aplicar sanciones en caso de incumplimientos.
Convocatoria a los municipios
La ley invita a los municipios riojanos a adherir al nuevo régimen, aunque aclara que esa adhesión no modifica las responsabilidades locales en materia de habilitación, fiscalización, control y seguridad de los eventos.
De esta manera, cada comuna continuará ejerciendo sus competencias sobre la organización de espectáculos y actividades públicas conforme a la normativa vigente.
Una actividad con impacto económico creciente
La creación del registro se produce en un contexto en el que la industria de eventos adquiere una importancia creciente en las economías regionales, impulsando actividades vinculadas al turismo, la hotelería, la gastronomía, el transporte, la producción audiovisual, los servicios técnicos y las industrias culturales.
En La Rioja, el crecimiento de festivales, congresos, encuentros deportivos, ferias y eventos culturales convirtió al sector en un generador de empleo directo e indirecto, además de constituir una herramienta para promover el destino turístico provincial.
Con la sanción de la Ley N° 10.886, la provincia incorpora un marco institucional destinado a ordenar esa actividad, generar estadísticas oficiales y favorecer la articulación entre el Estado, el sector privado y las organizaciones vinculadas a la economía creativa.
