La secretaria gremial del sindicato docente, Beatriz Martínez, defendió el paro convocado para el reinicio del ciclo lectivo, cuestionó el esquema salarial anunciado por el Gobierno provincial y reclamó que el Incentivo Provincial Educativo (IPE) sea incorporado al salario básico. También denunció una persecución sindical y afirmó que el Ejecutivo no responde los pedidos de diálogo.

El regreso a clases tras el receso invernal en La Rioja estuvo marcado por un nuevo conflicto entre el Gobierno provincial y la Asociación de Maestros y Profesores (AMP). El gremio docente inició un paro de 24 horas en rechazo al incremento salarial anunciado por la administración de Ricardo Quintela y advirtió que la medida constituye el comienzo de un plan de lucha que podría profundizarse en las próximas semanas.

La secretaria gremial de AMP, Beatriz Martínez, sostuvo que el aumento dispuesto por la Provincia «no representa una mejora real del salario» porque, según afirmó, mantiene una fuerte proporción de sumas no remunerativas y profundiza la precarización laboral de los docentes.

«No le podemos llamar aumento porque no es un incremento real. Hay muchos montos en negro que aumentan la precarización salarial del trabajador docente», afirmó.

Reclamo por el IPE y rechazo a los Chachos

Uno de los principales reclamos del sindicato es la incorporación del Incentivo Provincial Educativo (IPE) al salario básico.

Según explicó Martínez, el actual esquema salarial condiciona el ingreso de los docentes y termina afectando incluso las decisiones vinculadas con las medidas de fuerza.

«Exigimos que el IPE pase al básico. Es un impuesto a la pobreza y además impacta en la salud de los docentes porque obliga a trabajar enfermos para no perder ese ingreso», sostuvo.

La dirigente también rechazó la decisión del Gobierno provincial de abonar una parte del incremento mediante Chachos, al considerar que ese mecanismo profundiza la precarización.

«No podemos avalar que el propio Gobierno precarice el salario de los trabajadores. No podemos volver a cobrar con bonos», expresó.

Un paro condicionado por el temor a perder ingresos

Martínez reconoció que el nivel de adhesión al paro podría verse afectado por el temor de muchos docentes a perder parte de sus ingresos.

Explicó que el IPE representa una suma significativa para quienes poseen dos cargos y que esa situación lleva a numerosos trabajadores a evaluar cuidadosamente si adhieren o no a las medidas de fuerza.

«Hay mucho miedo y mucho temor. El IPE representa más de 300.000 pesos para un docente con dos cargos», señaló.

La dirigente agregó que también existen presiones administrativas que llevan a muchos docentes a comunicar su adhesión a los paros recién sobre el inicio de la jornada escolar.

Críticas a la mesa paritaria

Otro de los cuestionamientos apuntó al funcionamiento de la negociación salarial.

Martínez rechazó las declaraciones de funcionarios provinciales que sostienen que AMP no participa de la paritaria y aseguró que el sindicato posee personería gremial nacional.

«Sin AMP no hay paritaria. Somos el único gremio docente con personería gremial de primer grado y el derecho a huelga no depende de participar o no en una mesa paritaria», afirmó.

Según indicó, la organización notificó formalmente la medida de fuerza y actuó dentro del marco legal vigente.

Denuncias de persecución sindical

La secretaria gremial también denunció que el sindicato atraviesa un proceso de persecución desde el conflicto salarial registrado durante 2024.

Entre otras medidas, mencionó la pérdida del código de descuento sindical y el cierre de los servicios médicos gratuitos que AMP brindaba a sus afiliados en distintos departamentos de la provincia.

«La persecución del Gobierno hacia AMP ha sido muy grande, pero seguimos en la lucha», afirmó.

Reclaman un salario equivalente a la canasta básica

Martínez cuestionó además el anuncio oficial que ubica el salario inicial docente en torno al millón de pesos.

Según sostuvo, esa cifra continúa por debajo del costo de la canasta básica total y, además, se alcanza mediante conceptos no incorporados al básico.

«El docente tiene que llegar al valor de la canasta básica, pero con calidad salarial, no con dinero en negro ni con bonos», manifestó.

Sin respuesta oficial y con un plan de lucha abierto

La dirigente confirmó que AMP envió cartas documento solicitando audiencias con el Ministerio de Educación, el gobernador Ricardo Quintela y la Cámara de Diputados para abrir una instancia de negociación.

Hasta el momento, aseguró, no recibieron respuestas.

En ese contexto, el paro de este lunes fue presentado como el primer paso de un plan de acción gremial que dependerá del nivel de adhesión y de la eventual apertura de una mesa de diálogo.

Mientras tanto, el conflicto docente vuelve a instalarse en la agenda política de La Rioja, en un escenario donde el debate sobre salarios, financiamiento educativo y modalidades de recomposición salarial también refleja discusiones que atraviesan a otras provincias argentinas frente a la pérdida del poder adquisitivo del sector público.