La operación para adquirir unas 200.000 hectáreas en la precordillera riojana, que incluían un pueblo, reservas de agua dulce y una zona estratégica de frontera, generó una investigación por presuntas irregularidades, denuncias cruzadas de corrupción y derivó en reformas institucionales. Quince años después, el expediente volvió a cobrar actualidad por el debate en el Congreso sobre la modificación de la Ley 26.737.

Mucho antes de que el Congreso comenzara a discutir la reforma de la Ley de Tierras impulsada por el Gobierno nacional, La Rioja protagonizó uno de los conflictos inmobiliarios e institucionales más resonantes de las últimas décadas. El denominado caso Valle Hermoso, que estalló públicamente en 2010, expuso presuntas maniobras irregulares para la venta de unas 200.000 hectáreas ubicadas en el oeste provincial, una operación que incluía un pueblo entero, importantes reservas de agua dulce y un sector considerado estratégico por su cercanía con la frontera con Chile.

El episodio tuvo repercusión nacional cuando el empresario y rabino estadounidense Yosef Jaim Libersohn, radicado en la Argentina, denunció públicamente que le habían solicitado sobornos para convalidar la compra del predio, adquirido —según afirmó— por US$650.000 con el objetivo de desarrollar un emprendimiento agrícola vinculado a cultivos para biodiésel.

La denuncia fue rechazada por el entonces secretario de Tierras de La Rioja, Ariel Puy Soria, quien sostuvo que el verdadero interés de la operación no era la producción agroindustrial sino el control de un área con importantes recursos hídricos y ubicación estratégica.

Un pueblo, escuelas y reservas de agua dentro del remate

La controversia trascendió rápidamente el aspecto comercial.

El inmueble comprendía la localidad de Valle Hermoso, donde habitaban familias asentadas desde hacía generaciones, además de caminos públicos, establecimientos educativos, cursos de agua y una de las principales reservas hídricas de una provincia caracterizada por la escasez del recurso.

El Gobierno riojano cuestionó la operación y recomendó al Ministerio del Interior no autorizar la transferencia, al considerar que se trataba de una zona de seguridad de frontera cuya adquisición por parte de un ciudadano extranjero requería controles especiales.

«Adentro está el pueblo de Valle Hermoso. Hay escuelas, caminos y una enorme reserva de agua», explicaban entonces desde la Secretaría de Tierras, argumentando que la operación comprometía intereses estratégicos de la provincia.

Finalmente, el Ministerio del Interior decidió desconocer la transferencia y el Registro de la Propiedad de La Rioja nunca inscribió el cambio de dominio.

Denuncias de corrupción y una investigación judicial

El caso escaló cuando Libersohn aseguró públicamente que allegados al Gobierno provincial le habían solicitado pagos irregulares para aprobar la compra.

Según declaró en distintos medios, incluso evaluó recurrir a la Justicia de los Estados Unidos y presentó actuaciones ante organismos internacionales.

Las acusaciones fueron negadas de manera categórica por Ariel Puy Soria, quien respondió que detrás del expediente existía una estructura dedicada a obtener grandes extensiones de tierras fiscales mediante mecanismos presuntamente fraudulentos.

A partir de esas denuncias, la Legislatura de La Rioja creó una Comisión Especial de Tierras para revisar numerosas operaciones inmobiliarias realizadas en distintos departamentos del oeste provincial.

El supuesto mecanismo para apropiarse de tierras fiscales

Durante aquellas investigaciones comenzaron a conocerse presuntas maniobras destinadas a transformar grandes extensiones rurales en pequeñas parcelas para facilitar la obtención de títulos de propiedad.

Según denunciaron legisladores y funcionarios de la época, algunos expedientes contenían informaciones posesorias adulteradas, inspecciones cuestionadas y documentación presuntamente falsa que permitía obtener derechos sobre terrenos de alto valor económico.

El entonces diputado provincial Guillermo Galván, impulsor de la comisión investigadora, denunció públicamente la existencia de una operatoria en la que intervenían estudios jurídicos y funcionarios judiciales para tramitar títulos sobre tierras fiscales mediante procedimientos irregulares.

La investigación alcanzó al Poder Judicial

Las actuaciones derivaron en una investigación institucional sin precedentes en la provincia.

El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja inició actuaciones sobre el desempeño de funcionarios judiciales vinculados con los expedientes de tierras.

Entre los investigados se encontraban el entonces fiscal de Chilecito, Daniel Nader; la jueza de Paz Letrada de Chilecito, Yolanda Mercado; y dos secretarias judiciales que intervenían en esos procesos.

Meses más tarde, el proceso disciplinario también alcanzó al entonces juez de Instrucción de Chilecito, Alfredo Ramos, cuya actuación fue examinada en las causas relacionadas con Valle Hermoso.

En noviembre de 2010, Daniel Nader y Alfredo Ramos fueron suspendidos y procesados, mientras continuaban las investigaciones administrativas y judiciales.

Finalmente, el 24 de febrero de 2011, un Jurado de Enjuiciamiento destituyó por unanimidad a Nader por mal desempeño de sus funciones, incumplimiento de los deberes de funcionario público, negligencia grave y abandono del cargo. Paralelamente continuaron las actuaciones sobre Ramos y otros integrantes del Poder Judicial.

Las denuncias que impulsaron buena parte de esos procesos habían sido promovidas por los abogados Marcos Rodríguez y Emilio Rodríguez, representantes legales de los pobladores de Valle Hermoso. Este último ocupa actualmente el cargo de fiscal de Estado de La Rioja.

Un caso que llegó hasta la Corte Suprema

La controversia continuó durante varios años.

Libersohn reclamó judicialmente la validez de la operación y el conflicto llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que resolvió que el litigio debía continuar siendo tratado por la Justicia ordinaria de La Rioja.

Mientras tanto, el Gobierno provincial mantuvo la decisión de no registrar la transferencia, lo que impidió la consolidación jurídica de la venta.

Los pobladores conservaron la posesión de las tierras y posteriormente comenzaron distintos procesos para regularizar su situación dominial.

El antecedente de la Ley de Tierras

El impacto político e institucional del caso trascendió rápidamente a La Rioja.

Durante el debate parlamentario que culminó con la sanción de la Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, distintos legisladores citaron expresamente el episodio de Valle Hermoso como uno de los antecedentes que justificaban establecer límites a la compra de tierras rurales por extranjeros, especialmente en zonas de frontera y con recursos naturales estratégicos.

Un debate que vuelve a instalarse

Quince años después, el expediente volvió a ocupar un lugar destacado en la agenda política.

En los últimos días, el senador nacional riojano Fernando Rejal recordó el caso durante la discusión sobre el proyecto oficial que propone modificar la Ley de Tierras y sostuvo que la experiencia de Valle Hermoso demuestra la importancia de preservar mecanismos de control sobre grandes extensiones rurales.

La discusión también volvió a instalarse en la agenda nacional. Se informó que el Gobierno sostiene que la reforma permitirá atraer inversiones y otorgar mayor seguridad jurídica, mientras que se reflejó las diferencias entre especialistas, gobernadores y legisladores respecto del alcance de la iniciativa. Por su parte, se destacó que uno de los puntos más controvertidos continúa siendo el tratamiento de las zonas de frontera, los recursos naturales estratégicos y los límites a la propiedad extranjera.

Con el tratamiento previsto en el Senado para el 6 de agosto, el caso que comenzó con la frustrada venta de un pueblo de la precordillera riojana vuelve a convertirse en un antecedente central de un debate que trasciende a La Rioja y enfrenta dos visiones sobre el desarrollo del país: la apertura del mercado de tierras para atraer inversiones y la preservación de instrumentos destinados a resguardar la soberanía territorial y los recursos estratégicos de la Argentina.