El senador nacional Fernando Rejal recordó el conflicto que dio origen a la Ley 26.737 mientras el Congreso se prepara para debatir su reforma. La venta de unas 200.000 hectáreas en la precordillera de La Rioja derivó en una de las investigaciones judiciales más resonantes de la provincia, con la destitución del fiscal Daniel Nader, la suspensión del juez Alfredo Ramos y un expediente que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia. Quince años después, el caso vuelve a ser citado como ejemplo en la discusión sobre la compra de tierras por extranjeros y la protección de áreas estratégicas.

La Rioja volvió a instalarse en el centro de uno de los debates legislativos más sensibles de los últimos años. A pocos días de que el Senado trate el proyecto impulsado por el Gobierno nacional para modificar la Ley 26.737 de Tierras Rurales, el senador nacional Fernando Rejal recordó el caso de Valle Hermoso, un conflicto que marcó un antes y un después en la legislación argentina sobre la propiedad de tierras por parte de extranjeros.

«Valle Hermoso fue el antecedente más importante para que se sancionara la Ley de Tierras. Lo que hoy se pretende modificar revive aquella discusión sobre la soberanía, las zonas de frontera y los recursos naturales», afirmó el legislador riojano durante una entrevista radial.

Sus declaraciones reabrieron una historia que trascendió ampliamente las fronteras provinciales y que terminó con sanciones disciplinarias contra integrantes del Poder Judicial, investigaciones penales y una fuerte repercusión política e institucional.

El pueblo que fue incluido en un remate

El origen del conflicto se remonta a 2008, cuando un remate judicial comprendió alrededor de 200.000 hectáreas ubicadas en la precordillera del departamento Vinchina.

Dentro de esa superficie se encontraba Valle Hermoso, una comunidad donde residían familias desde hacía generaciones.

Además de viviendas, el inmueble comprendía cursos de agua, reservas hídricas, tierras aptas para la producción agropecuaria y sectores con potencial minero, en una zona considerada estratégica por su cercanía con la Cordillera de los Andes y el área de seguridad de frontera.

Según recordó Rejal, los pobladores denunciaron que la operación se realizó con escasa publicidad y que posteriormente se intentó hacerles firmar un comodato presentándolo como si fuera un título de propiedad.

«En realidad, con ese documento les hacían reconocer que las tierras ya no les pertenecían», sostuvo.

La investigación judicial

La causa por presunto fraude y falsedad ideológica avanzó sobre distintas operaciones vinculadas con el contador Astur Javier García Quinzaños, quien había adquirido el predio en un remate por aproximadamente US$16.000 y pocos años después lo revendió por alrededor de US$650.000, una diferencia que despertó sospechas sobre la legalidad de toda la operatoria.

Quien reclamaba posteriormente la titularidad de esas tierras era el ciudadano estadounidense John Libersohn, radicado en Buenos Aires, quien incluso llevó parte del conflicto a instancias judiciales internacionales y denunció presuntos pedidos de sobornos por parte de funcionarios provinciales, acusaciones que siempre fueron rechazadas.

Mientras tanto, el Gobierno riojano nunca inscribió la transferencia de dominio en el Registro de la Propiedad, lo que impidió que la operación se consolidara jurídicamente.

Posteriormente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que el litigio debía continuar siendo resuelto por la Justicia ordinaria de La Rioja.

El jury que sacudió al Poder Judicial riojano

Las investigaciones derivaron también en un fuerte proceso institucional.

El 24 de febrero de 2011, el Jurado de Enjuiciamiento destituyó por unanimidad al entonces fiscal de Chilecito, Daniel Nader, al encontrarlo responsable de mal desempeño de sus funciones, incumplimiento de los deberes de funcionario público, negligencia grave y abandono del cargo.

Entre los principales cuestionamientos figuró haberse inhibido recién cinco meses después de iniciada la investigación pese a mantener una relación de amistad con García Quinzaños, uno de los principales imputados.

Pero el proceso disciplinario no terminó allí.

El Consejo de la Magistratura de La Rioja también promovió actuaciones contra el entonces juez de Instrucción de Chilecito, Alfredo Ramos, quien intervenía en las mismas causas relacionadas con Valle Hermoso.

Ramos y Nader habían sido procesados y suspendidos preventivamente en noviembre de 2010, mientras avanzaban las investigaciones. Paralelamente se inició un sumario administrativo contra dos secretarios del Poder Judicial que participaron en la tramitación de los expedientes.

Las denuncias fueron impulsadas por los abogados Marcos Rodríguez y Emilio Rodríguez, representantes de los pobladores de Valle Hermoso. Este último ocupa actualmente el cargo de fiscal de Estado de La Rioja.

El antecedente de la Ley de Tierras

Para Rejal, toda aquella experiencia terminó influyendo directamente en la sanción de la Ley 26.737, aprobada por el Congreso en diciembre de 2011.

La norma fijó límites a la adquisición de tierras rurales por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras y estableció restricciones especiales para inmuebles ubicados en zonas de frontera o que contienen recursos naturales estratégicos.

«Estamos hablando de una zona donde nacen las principales reservas de agua dulce de una de las provincias más áridas del país. Por eso aquella ley puso límites», afirmó el senador.

El nuevo debate

El proyecto impulsado por el Gobierno nacional propone modificar aspectos centrales de la legislación vigente.

Según explicó Rejal, la iniciativa elimina barreras que actualmente protegen grandes extensiones rurales y facilita la compra de tierras por parte de capitales extranjeros.

«Uno cambia una ley para solucionar un problema. Acá nunca explicaron cuál es el problema que quieren resolver», sostuvo el legislador, quien recordó además que durante el tratamiento parlamentario consultó al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sobre los fundamentos de la reforma.

Una discusión que trasciende a La Rioja

El debate excede ampliamente al caso riojano.

En las últimas semanas, se informó que el Gobierno sostiene que la reforma busca atraer inversiones y otorgar mayor seguridad jurídica para el desarrollo de proyectos productivos, manteniendo únicamente restricciones vinculadas con Estados extranjeros y determinadas áreas sensibles.

Por su parte, se reflejó las diferencias existentes entre gobernadores, especialistas y legisladores sobre el alcance de la modificación, especialmente en lo referido a la protección de zonas de frontera, recursos hídricos y reservas estratégicas.

En tanto, el oficialismo continúa negociando apoyos para conseguir la mayoría necesaria en el Senado y que la discusión permanece abierta debido a las objeciones planteadas por distintos bloques opositores.

La Rioja como eje de una discusión nacional

Quince años después de que Valle Hermoso se convirtiera en un símbolo del debate sobre la extranjerización de la tierra, el expediente vuelve a ocupar un lugar central en la agenda legislativa.

Para Fernando Rejal, aquel conflicto demostró la necesidad de establecer límites para preservar territorios considerados estratégicos para el país.

«Esta discusión no beneficia a ningún ciudadano argentino. Lo que está en juego es la protección de nuestra soberanía, de nuestras zonas de frontera y de recursos naturales fundamentales para las próximas generaciones», concluyó.

Con el tratamiento previsto en el Senado para el 6 de agosto, el caso que comenzó con un remate judicial en un pequeño pueblo de la precordillera riojana vuelve a proyectarse sobre un debate nacional que enfrenta dos modelos contrapuestos: uno que propone flexibilizar el mercado de tierras para atraer inversiones y otro que defiende la vigencia de los controles establecidos tras uno de los episodios judiciales más controvertidos de la historia reciente de La Rioja.